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La OEA comete «aberración jurídica» al aceptar a un representante de un gobierno que no existe

Venezuela ratifica «indeclinable decisión» de abandonar la OEA

RT / TelecurTv / Tuiter

El Gobierno de Nicolás Maduro calificó como una «descarada y criminal violación» del Derecho Internacional, la aceptación por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) de Gustavo Tarre como representante permanente de la Asamblea Nacional venezolana, actualmente en desacato.

Con 18 votos a favor, 10 en contra y 6 abstenciones, el Consejo Permanente de la OEA aceptó a Tarre, designado por el diputado opositor Juan Guaidó, como representante del país sudamericano hasta que se celebren nuevas elecciones y se nombre a un Gobierno «democráticamente electo».

La Cancillería de Venezuela informó en un comunicado de prensa que, ante la resolución de la OEA, ratifican su «indeclinable decisión» de abandonar la organización el próximo 27 de abril.

– Rechazo a resolución –

Las delegaciones de Venezuela, México, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Guyana, Antigua y Barbuda, Granada, Surinam y El Salvador ante la Organización de Estados Americanos rechazaron la resolución de este martes sobre Venezuela y alegaron que la Carta de la OEA no faculta al Consejo Permanente a acreditar representantes de un Estado.

El representante permanente de México ante OEA, Jorge Lomónaco, afirmó que la resolución aprobada por el organismo sobre Venezuela carece de legitimidad.

«Es una victoria pírrica para un grupo de países, sin efectos reales y con potencial de consecuencias negativas para la OEA y su institucionalidad», dijo.

La OEA, «reconoce» al venezolano Gustavo Tarre como representante permanente «designado» por la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, la cual se encuentra en desacato desde 2016 y cuyos actos son nulos.

Además, el diplomático mexicano aseguró que «la llamada doctrina de los 18 votos ha quedado instituida (…) se ha generado el precedente de que un órgano subsidiario pueda cuestionar, con solo 18 votos, decisiones soberanas».

En este sentido, explicó que este precedente sin fundamentación jurídica «podría afectar en un futuro la organización» y «podría ser usado en otro contexto otros actores y otra organización con fines desconocidos».

“Nos preocupa que se geste de forma irresponsable donde se geste un escenario de inconsistencia entre todos los órganos internacionales (…) ¿Cómo se explicaría que ante la OEA el representante de un país responda a una autoridad y el representante de la ONU responda a otra?”, agregó.

Por su parte, el embajador de Uruguay expresó que su país se apega «a la necesidad de respetar las normas jurídicas a las que están sujetas todos los estados (…) Uruguay no va a acompañar la resolución y adelantamos que en caso de adoptarse la resolución Uruguay va a solicitar incluir en la misma una nota al píe de página aclarando estar en contra».

Asimismo, alertó de la «polarización y división que esta resolución causa para la solución pacífica de Venezuela» y agresó que su país «no puede sino estar en contra de una acción de esta naturaleza».

También el delegado boliviano indicó que el «proyecto de resolución no cuenta con el respaldo jurídico necesario para reconocer o desconocer a un gobierno o representantes asignados por él; no tiene valor legal».

Mientras que la representante de Dominica señaló que su Gobierno «no apoya esta resolución ya que pretende deslegitimar un gobierno debidamente elegido».

– OEA, sin autoridad –

La representante de Venezuela ante la OEA, Asbina Ixchel, explicó que la Organización «no tiene autoridad para reconocer o desconocer a los gobiernos de sus Estados Miembros, esa autoridad no existe y no está prevista en ningún instrumento jurídico».

Ixchel detalló que «un Estado tiene poder para reconocer o desconocer a otro gobierno pero un Estado nunca puede designar a la autoridad de otro país. Es decir, reconocer no puede determinar quién se sienta en la silla como representante de un gobierno».

Agregó que lo ocurrido este martes «es el final de una cadena de violaciones y trampas que, para convertir a la OEA en un arma contra Venezuela, terminó destruyendo toda la estructura del derecho internacional que la sostiene».

Sevilla, rechazó la medida al decir que «viola la carta fundacional» y convierte  la OEA es un «cascarón vacío».

Sevilla recordó que Venezuela ya había tramitado su salida del organismo,una decisión que fue programada por la nación caribeña para que se cumpliera el venidero 27 de abril.

La funcionaria enfatizó a los presentes de la sesión que el único modo que ella se retire «es que tenga una resolución donde 24 estados voten por suspender a mi país», agregó.

Samuel Moncada, el representante de Venezuela ante la ONU escribió en su cuenta de tuiter: «La aberración jurídica de tener un representante de un gobierno, que no existe oficialmente en la OEA, sólo es posible por la voluntad fraudulenta del Embajador de Estados Unidos quien es cómplice del delito».

Moncada, publicó en su  cuenta en Twitter que con esta decisión el gobierno de Estados Unidos quiere expulsar  «de facto» a los representantes de Venezuela en los organismos internacionales e imponer a personas «que no se sabe a quien representa».

Moncada considera que Luis Almagro, secretario general del organismo, en alianza con la Administración de Donald Trump, demuestra con esta resolución que  «no pudieron convencer a la región para oponerla a Venezuela».

El diplomático venezolano agregó: «Al final terminaron vaciando a la OEA de todos sus principios y prácticas históricas».

– Respuesta oficial de Venezuela –

Caracas calificó la designación Tarre como «una ilegítima aceptación de un fantoche político».

En un comunicado publicado en la cuenta de Twitter del canciller, Jorge Arreaza, Venezuela advirtió que la resolución convalida el plan de «golpe de Estado» iniciado el 23 de enero pasado, cuando Guaidó se autoproclamó como «presidente encargado» en una plaza pública  con el inmediato reconocimiento de Estados Unidos.

El Gobierno venezolano ratificó que no reconocerá a «ningún emisario político» que no haya sido designado según lo establece la Constitución venezolana: «Es decir, por el máximo representante del Poder Ejecutivo Nacional y Jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, el Presidente Nicolás Maduro Moros», añade la nota diplomática.

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