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Por David Alfaro
22/04/2026
Una cleptocracia es un sistema de gobierno en el que quienes están en el poder utilizan el Estado para enriquecerse y favorecer a su círculo cercano. No se trata de corrupción aislada, sino de un patrón estructural caracterizado por la opacidad, la falta de controles, la concentración del poder y el uso de recursos públicos con fines privados.
Diversas investigaciones periodísticas que han expuesto a la dictadura de Bukele y a su entorno como nuevos oligarcas apuntan a una preocupación más profunda que la simple concentración de poder: muestran que el aparato estatal no solo se utiliza para gobernar, sino también para apropiarse de recursos públicos en beneficio de una élite política y sus redes cercanas. En este sentido, la discusión no es solo ética y económica, sino también jurídica, ya que involucra el respeto al Estado de derecho, la legalidad en el manejo de los recursos públicos y la vigencia de los mecanismos de control institucional.
Una cleptocracia no se define solo por la existencia de corrupción, sino por la sistematicidad del saqueo. Es un modelo en el que la opacidad se vuelve norma, los mecanismos de control se debilitan o desaparecen y la rendición de cuentas es sustituida por narrativas oficiales que apelan al respaldo popular. En el caso salvadoreño, diversos analistas han señalado señales preocupantes, como la reserva de información pública, la concentración de decisiones financieras en círculos reducidos y la falta de fiscalización independiente sobre el uso de fondos estatales.
Al mismo tiempo, el discurso gubernamental se apoya en logros visibles, especialmente en materia de seguridad, para sostener su legitimidad. Esto genera una tensión clave: amplios sectores de la población pueden percibir una mejora en la seguridad, pero sin cambios significativos en su vida cotidiana, marcada por el desempleo, la carestía y la precariedad de los servicios públicos. Mientras tanto, se erosionan principios básicos de transparencia y control democrático. Esta dualidad complica el análisis, porque el apoyo social no invalida necesariamente las prácticas cuestionables, pero sí las vuelve más difíciles de confrontar políticamente.
Hablar de cleptocracia en El Salvador, por tanto, implica observar no solo actos de corrupción, sino la estructura misma del poder. Lejos de ser una posibilidad abstracta, la evidencia acumulada apunta a una transformación del Estado salvadoreño en una estructura cada vez más opaca, donde los controles institucionales han sido debilitados de forma sistemática. En este contexto, el uso discrecional de los recursos públicos, la concentración del poder y la ausencia de fiscalización independiente configuran rasgos propios de una lógica cleptocrática. Más que una anomalía puntual, se trataría de un patrón de funcionamiento que redefine la naturaleza misma del poder en el país.
A partir de investigaciones periodísticas de El Faro y Redacción Regional, se pueden identificar patrones concretos de incremento patrimonial en el entorno familiar de Nayib Bukele:
•Adquisición masiva de propiedades (2019–2024).
Al menos 34 propiedades fueron adquiridas por Bukele, sus hermanos, su madre y su esposa, con un valor estimado superior a los 9 millones de dólares.
•Expansión acelerada de tierras.
Se registra la compra de más de 360 hectáreas, principalmente en 2023, lo que representa la mayor parte de las tierras actualmente vinculadas al grupo familiar.
•Crecimiento del patrimonio inmobiliario.
El patrimonio del grupo familiar se habría multiplicado significativamente durante el ejercicio del poder, según distintas investigaciones.
•Diversificación de activos.
Las adquisiciones incluyen fincas cafetaleras y cañeras, terrenos rurales, apartamentos de lujo y propiedades en zonas exclusivas del país.
•Compra de inmuebles en el Centro Histórico.
Se han documentado adquisiciones de propiedades urbanas en zonas estratégicas, particularmente a través de sociedades vinculadas a miembros de la familia.
•Uso de sociedades familiares.
Muchas de las compras no se realizan a título personal, sino mediante empresas relacionadas con Bukele, sus hermanos, su madre o su esposa.
•Adquisición de propiedades estratégicas o sensibles.
Se ha señalado la compra de terrenos de alto valor, incluyendo áreas con relevancia ambiental, a través de estructuras societarias vinculadas al entorno presidencial.
