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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), afirmó que la gran deuda de este gobierno con la población es una política criminal, la cual implica prevención, combate y represión del delito y la reinserción de los privados y condenados; ya que al salir de las cárceles los más de 42,000 capturados bajo el Régimen de Excepción, las comunidades volverán a vivir el mismo ambiente de antes.
“No somos opositores del gobierno, estamos en contra que estas medidas se implementen con violación de derechos humanos, porque eso nos convierte en una sociedad de venganza, no estamos en contra del combate de la delincuencia, pero el Régimen de Excepción es la muestra del fracaso del Plan Control Territorial”, reiteró Fino.
FESPAD ha mostrado su preocupación por la cantidad de denuncias de violación de derechos humanos, así como las 42 muertes registradas en centros penales durante el Régimen de Excepción, y que el gobierno no explica, muchas de estas personas han fallecido porque no se les proporciona el medicamento necesario al cual están sujetos por su enfermedad.
Fino señaló que en este momento hay personas condenadas junto con procesadas en una misma celda, lo cual no es permitido por la ley; además, enfatizó que las organizaciones no defienden criminales, sino son defensoras de derechos humanos, según la normativa en el país, una persona ya sea porque robo, es miembro de pandillas, secuestrante o narcotraficante, lo único de lo que se le priva es de la libertad, pero los demás derechos los mantiene.
“Quién puede decir que el Régimen de Excepción no viola derechos humanos, si el presidente de la República dijo que a los pandilleros en los centros penales no les den de comer y les quiten las colchonetas para que duerman en el suelo, eso es trato cruel, y demuestra que los funcionarios desconocen totalmente los parámetros establecidos por la Constitución para el cumplimiento de penas”, externó.
El director ejecutivo de FESPAD sostuvo que la organización defensora de derechos humanos ha sido víctima de críticas del presidente Bukele, pues ataca a cuanto organismo nacional e internacional que no piensa como él, pero el mandatario lo que está produciendo es un cierre de El Salvador, debido a una opacidad absoluta y falta de transparencia.
