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Dra. Sofía Villalta Delgado
La Declaración Universal sobre Laicidad, de diciembre de 2005, parte de la obligación de los Estados de velar por el equilibrio entre los principios esenciales de libertad y derechos fundamentales, que conduzcan al respeto de la diversidad para lograr la integración de toda la ciudadanía en la esfera pública y que, aun con diversas creencias y convicciones, puedan convivir pacíficamente.
Esta declaración está fundamentada en el derecho de todos los seres humanos a que se les respete su libertad de conciencia y su práctica individual y colectiva, y eso significa libertad personal, autonomía individual y libre elección en materia de religión y convicción.
Es así como la laicidad pretende la armonización en diversas coyunturas socio-históricas y geopolíticas frente a normas religiosas y filosóficas particulares, es decir, no permitir la discriminación directa o indirecta de los seres humanos sustentada en la diversidad de religiones. Significa también que el Estado ya no está legitimado por una religión o por una corriente de pensamiento y que la ciudadanía, en igualdad de derechos y de dignidad, pueden ejercer su soberanía en el ejercicio del poder político.
La laicidad no es el patrimonio exclusivo de una cultura sino un elemento clave de la vida democrática. Y por supuesto que esto ha generado debates en el equilibrio entre la herencia histórica y el pluralismo actual en aspectos de religión y convicción.
La libertad de conciencia y la no discriminación frente a las normas particulares relacionadas con el libre ejercicio del culto, la libertad de expresión y los límites por el respeto a la otra persona, genera controversias, más que todo frente a normas particulares relacionadas con el cuerpo y la sexualidad, la enfermedad y la muerte, la emancipación de las mujeres, las minorías religiosas, las personas no creyentes, etc., y da como resultado posibles conflictos en cuanto a cómo educar a la niñez, políticas de salud pública y leyes que atentan con la libertad de decisión individual.
Sin embargo, es importante colocar todas estas consideraciones en el debate público y en las agendas políticas, como un desafío para este siglo que todavía está en sus inicios.
