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Oscar A. Fernández O.
El logro y mantenimiento de la tranquilidad entre los habitantes de la ciudad es una de las principales obligaciones de los dirigentes políticos que las gobiernan, sovaldi sale aunque la necesidad y determinación de los ciudadanos de vivir en paz y resolver sus conflictos de manera pacífica está manos del sistema de justicia, ampoule debiendo entender el sistema de justicia como la institución que abarca lo judicial y lo policial. De acuerdo a los principios de las democracias funcionales, las relaciones entre la justicia, los gobiernos locales y la policía deben ser estrechas y equilibradas, y para que se alcancen los objetivos de seguridad se nos plantea la necesidad de que estas instancias funcionen coordinadas, respetando y promoviendo los derechos humanos y las libertades civiles.
La crisis económica de las mayorías se acompaña de una alta concentración urbana y ambas multiplican y hacen explotar los conflictos y la violencia, ligados a la sociedad de consumo y al alto nivel de desempleo, que no encuentra desahogo en la sola regulación del sistema judicial y policial, convirtiéndose así en una necesidad de la comunidad. Como hemos visto antes, el sistema judicial se encuentra casi colapsado, la atención a las víctimas es prácticamente inexistente, las actuaciones de la policía son solamente reactivas, y la tasa de esclarecimiento del delito es casi nula. Problemas de las grandes ciudades, como la falta de agua, el desempleo, la vivienda precaria, la sanidad de los entornos, entre otros no encuentran ninguna encarnación en el sistema judicial, lo mismo sucede con los delitos contra la propiedad, que muchas veces son resueltos de manera violenta con la participación de la seguridad privada. Se excluyen a las clases pobres lanzándolas a una búsqueda peligrosa de solución violenta de sus conflictos. Pareciera que se han creado sistemas de justicia especializados según categorías de población. No debe haber justicia barata o de segunda, justicia para pobres. La igualdad de los ciudadanos debe prevalecer.
La seguridad pública es un bien público. Esta afirmación nos recuerda que el titular es siempre una autoridad pública, que trabaja en función de los ciudadanos, por lo que es necesario que los legisladores aprueben cuanto antes una Ley de Seguridad Pública, que responda al principio establecido. Hay que dejar la antigua visión dictatorial de la seguridad nacional y pasar a la seguridad de las personas y las ciudades.
La seguridad es un bien público producido por una serie de instituciones y los ciudadanos, por lo que creer que la lucha contra la criminalidad es un simple problema de policía y de sanciones penales, es un error y una ilusión. Es necesario entonces, que todos los actores de la vida social que tengan un impacto potencial en la criminalidad de una ciudad, acepten compartir sus experiencias y sus acciones y coordinar éstas últimas. Esta cooperación reúne a privados y al sector público, y el Consejo Municipal (el Alcalde) tiene un papel de animación, planificación y de continuidad de esta asociación.
Los municipios deben trabajar conjuntamente con el sistema penal y el sistema de prevención y cada uno de estos actores, debe ser el complemento del otro. Es necesario trabajar en la ciudad, donde están los sitios más sensibles a la inseguridad y con poblaciones o grupos que sean víctimas frecuentes, o con autores de actos delictivos, en las zonas marginales, los barrios, medios de transporte, deportados, las mujeres y los niños. Esto obliga a modificar y adaptar planes de trabajos particulares y diferentes modos de abordar los problemas, para construir planes, visiones y métodos compartidos de trabajo.
Crear coaliciones locales comunitarias alrededor de los objetivos específicos del plan de seguridad y prevención. Deben ser motivadas y asesoradas de cerca por profesionales en la materia, que coordine el trabajo y las herramientas: diagnósticos y análisis permanentes de las situaciones en la comunidad.
Integrar la política de seguridad en el seno de las políticas de desarrollo social (educación y salud sobretodo) y económico de la ciudad, lo cual le permitirá mayor coherencia y pertinencia a las acciones para la seguridad.
Restricción en la portación de armas, que son los vectores principales en el aumento y calidad de la violencia, pero que también están ligadas al temor de muchas personas por su indefensión en ausencia de un Estado que les asegure su protección. Por lo que todo desarme debe acompañarse de un incremento en la acción de las Alcaldías y el Gobierno Central (ambos constituyentes del estado), no sólo por medio del aumento de la policía, sino también de mejores servicios públicos. Si las personas ven mayor eficacia en el estado y la justicia, seguramente guardarán sus armas.
Desarrollar una política eficaz de prevención de violencia en los niños, sobre todo aquellos en alto grado de vulnerabilidad y victimización, dando prioridad a los niños de la calle, incorporando brigadas de jóvenes educadores “en la calle” y priorizando una justicia especializada con sanciones adecuadas.
Adaptar a la policía y a la justicia a las realidades sociales de la ciudad, creando policías y jueces locales, que estén en mayor contacto con la población en los barrios y zonas marginales, con el fin de dirimir pequeños conflictos sociales y evitar que evolucionen hacia una violencia mayor. Establecer jueces y policías más comprensivos hacia los problemas cotidianos de las personas, para que éstas vuelvan a confiar en las instituciones.
Implementar una política de ayuda a las víctimas, tanto jurídica como psicológica, para contrarrestar los esfuerzos desplegados en la inserción de los delincuentes. Permite reducir el sentimiento de inseguridad y la impresión de que el Estado no hace nada en contra de la delincuencia.
En lugar de encarcelar a todos los que infringen, método preferido por los legisladores de la derecha, cuando es la cárcel el medio que reproduce e incrementa la delincuencia, convendría desarrollar políticas de sanción de medio abierto y de trabajos en pro de la comunidad. Sobre los lugares de cumplimiento de la sanción se puede planificar entre las distintas Alcaldías, los jueces locales, la FGR y la PNC.
