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Las comunidades indígenas de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO) y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), señalan que la situación actual del agua es deficiente en cobertura, continuidad, cantidad y calidad. Foto Diario Co Latino/cortesía.

La ANDA abastece de agua el 45% de viviendas del departamento de Sonsonate

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

Las comunidades indígenas de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO) y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), presentaron los principales hallazgos del “Diagnóstico comunitario de conflictividad socioambiental de las cuencas Sensunapán y Banderas”, el cual reveló que la situación actual del agua es deficiente en cobertura, continuidad, cantidad y calidad.

El estudio determinó que la ANDA abastece de agua solo a un 45% de viviendas en el departamento de Sonsonate, en varios caseríos la gente tiene que salir a buscar agua, exponiendo a mujeres y niñas a situaciones de acoso y violencia sexual.

Los ríos están cada vez más secos por la tala de árboles y porque acaparan el agua para las siembras y cría de ganado; además, las presas hidroeléctricas también han secado algunos tramos del río.

La represa hidroeléctrica Cucumacayan secó 1 kilómetro del río Sensunapán entre los cantones Pushtan y Sisimitepet, por lo cual las comunidades rechazan la represa “Nueva Nahuizalco II” que secaría 4 kilómetros más del afluente

Ciertas industrias especialmente la de caña de azúcar, aprovechan para sobreexplotar el bien hídrico de las cuencas, el agua escasea y se encuentra fuertemente contaminada, el agua limpia es apropiada por empresas que vierten sus residuos y utilizan agro tóxicos los cuales contaminan los ríos.

Según el estudio, la Ley de Recursos Hídricos aprobada por el gobierno de Bukele no prioriza el consumo humano y da lugar para que empresarios acaparen el agua, incluso, el Estado se convierte en contaminante con el Centro Penal de Izalco, porque vierte sus aguas residuales sin tratamiento al río Ceniza. Ninguna instancia gubernamental ha detenido esta situación hasta el momento.

Nohemí Dueñas, técnica territorial de la UNES, manifestó que la causa principal de la conflictividad socioambietal en la región hidrográfica Sensunapan Banderas, es la voracidad de la demanda de materias primas, tierras y mano de obra barata y ha desatado una ola extractivista junto con el acaparamiento de bienes naturales, generando en consecuencia injusticia para la población en el acceso a estos bienes comunes.

“La persona humana lejos de ser el fin último de la actividad del Estado, se convierte en blanco de ataques cuando alza la voz para reclamar tierra, autonomía y respeto del territorio, acceso a Derechos Humanos fundamentales como la alimentación, el acceso al agua potable, saneamiento y ecosistemas saludables para la vida digna”, sostuvo.

La represa hidroeléctrica Cucumacayan secó 1 kilómetro del río Sensunapán entre los cantones Pushtan y Sisimitepet, por lo cual las comunidades rechazan la represa “Nueva Nahuizalco II” que secaría 4 kilómetros más del afluente. Foto Diario Co Latino/cortesía.

Dueñas reiteró que en El Salvador pocos obtienen beneficios y muchos solo afectaciones sobre sus vidas, las organizaciones comunitarias que persiguen la justicia ambiental y creen que otra manera de vivir es posible, donde el paradigma de desarrollo sea de beneficio común a la biodiversidad.

La representante de la UNES explicó que el diagnóstico ahonda en la tensión entre los territorios al servicio del sistema de producción y la necesidad de garantizar los derechos de las poblaciones, que más allá de solo habitar los territorios, los constituyen y le dan sentido.

Además, profundiza en la afectación que ocasionan actividades productivas como la industria cañera o la hidroeléctrica, sobre la garantía de cuatro derechos fundamentales: al agua, la alimentación, salud y a la cultura; pone especial atención en cómo afectan de manera diferenciada a las mujeres y a la población indígena.

Los pequeños agricultores con prácticas agroecológicas son protagonistas y aliados para lograr un futuro sin hambre, garantizando el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, sin embargo, el acaparamiento de tierra y agua por parte de las empresas, en especial la industria cañera y la ganadería, limita el desarrollo de la producción doméstica de alimentos y contamina a la madre naturaleza con agro tóxicos.

El Estado no se hace responsable al respecto, no promueve un marco regulatorio eficiente sobre la agroecología y da el permiso de explotación a las empresas.

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