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Por David Alfaro
16/04/2025
La historia de Kilmar Ábrego García no es un error administrativo, como intentan hacer creer algunos voceros oficiales, sino el producto directo de una política discriminatoria, racista y autoritaria promovida por Trump y complacida por el régimen de Bukele. Su deportación desde Estados Unidos hacia El Salvador, para ser encerrado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ha destapado un escándalo legal y político que ambos mandatarios preferirían enterrar.
Kilmar fue expulsado en el marco de un programa acelerado de deportaciones que, en nombre de la “seguridad nacional”, pisoteó principios jurídicos básicos. No se trató de un procedimiento ordinario: Kilmar fue deportado pese a estar protegido por medidas judiciales vigentes, bajo un proceso de apelación que debía frenar su salida del país. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que la deportación violó no sólo normas migratorias, sino también tratados internacionales de los que El Salvador y Estados Unidos son parte.
Pero el caso se complica aún más. La Corte Suprema de Justicia de EEUU habría declarado ilegal la deportación de Kilmar. Esto coloca a Trump en una posición incómoda: su administración, al no corregir la acción, incurre en desacato judicial. Un desacato que no sólo expone al aparato del Estado, sino que podría generar una cadena de litigios por detención y deportación arbitraria. Repatriar a Kilmar sería admitir que el sistema falló, y que sus políticas son discriminatorias e ilegales.
Por su parte, Bukele no quiere soltar a Kilmar. Lejos de buscar justicia, su régimen lo ha señalado como «terrorista», una acusación grave y convenientemente vaga, lanzada sin pruebas verificables. Desde marzo de 2022, bajo el Régimen de Excepción, El Salvador ha abolido el debido proceso y ha establecido una red de prisiones que actúan más como campos de castigo político que como centros de rehabilitación. En este contexto, la vida de Kilmar corre peligro.
¿Por qué tanto miedo alrededor de este joven salvadoreño?
Porque liberar a Kilmar significaría permitir que hable. Y lo que podría contar desde dentro del CECOT —un centro rodeado de secretismo— sería devastador para la narrativa oficial. Testimonios como el suyo pondrían en jaque la imagen exportada por Bukele como “el presidente más cool del mundo” y desmoronarían el relato de “mano dura sin corrupción” con el que Trump también justifica sus deportaciones masivas.
En el fondo, Kilmar es una amenaza jurídica y simbólica. Su eventual repatriación o liberación podría desencadenar demandas internacionales, presionar al Congreso estadounidense y abrir un debate público incómodo sobre los miles de latinoamericanos que fueron deportados. Ambos presidentes lo saben. Y por eso prefieren tenerlo encerrado, silenciado… o, en el peor de los casos, eliminarlo.
Kilmar Ábrego García es hoy una espina en los pies de Bukele y Trump. Una espina que sangra verdad, memoria y peligro para ambos. Por eso, es urgente que organizaciones internacionales de derechos humanos, medios independientes y la comunidad jurídica internacional mantengan su caso en la mira. Porque detrás de su nombre, hay una advertencia clara: cuando el poder abusa, la verdad se convierte en su enemigo más temido.
