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Redacción Nacionales
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Los familiares y el defensor legal de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES siguen sin poder visitar a los detenidos.
Esta vez fue el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa el que rechazó la petición presentada por el abogado Denis Muñoz, quien pretendía visitar a cuatro de los detenidos que están en el Centro de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad, conocido como “La Occidental”, en Santa Ana.
El referido tribunal alegó que no está entre sus competencias autorizar el ingreso a los centros penales de médicos o defensores particulares y que esto es facultad administrativa de la Dirección de Centros Penales, citando los artículos 8 y 16 del Reglamento de la Ley Penitenciaria.
El defensor legal de los activistas ambientales argumentó la petición en la necesidad de constatar su estado de salud y en la urgencia de entrevistarlos para preparar la defensa técnica de cara a la audiencia preliminar a realizarse a finales de julio próximo.
Sin embargo, la solicitud fue denegada, lo cual -según el abogado defensor y organizaciones de derechos humanos- violenta gravemente el derecho a la defensa técnica, además de los derechos a la salud, seguridad e integridad.
Lo que sí avaló el juzgado es la verificación del estado de salud de los detenidos, para lo cual solicitó un informe al equipo técnico del centro penal y ordenó al Instituto de Medicina Legal “realizar la experticia de salud de los internos”, según consta en la resolución a la que Diario Co Latino tuvo acceso.
Solicitud denegada cuatro veces
Fuentes cercanas al caso, confirmaron a Diario Co Colatino que ésta es la cuarta ocasión que un juzgado de vigilancia penitenciaria niega el permiso de visitar a los líderes comunitarios, pues lo mismo hicieron juzgados vigilancia de San Salvador, Santa Tecla y Sonsonate.
Este último impidió que el abogado Muñoz visitara a Saúl Agustín Rivas, recluido el Penal de Izalco, donde -según CRISTOSAL- ha muerto la mayoría de reos asesinados en las cárceles salvadoreñas durante el régimen de excepción.
Los defensores ambientales de Cabañas no han sido vistos por sus familiares desde el 19 de enero y el abogado defensor no tiene acceso a ellos desde el 7 de marzo.
Fallas en el debido proceso
Lo actuado por los tribunales confirma las fallas en el debido proceso señaladas por organizaciones jurídicas y de derechos humanos. Recientemente la Asociación Americana de Juristas (AAJ) calificó el caso como una criminalización del activismo ambiental y una manipulación de la justicia para perseguir a líderes comunitarios que se oponen a la minería metálica.
La AAJ pidió la inmediata libertad de los ambientalistas, que no se vulnere el debido proceso legal y que el caso sea procesado fuera de las disposiciones del régimen de excepción.
También la ONU, a través de la Relatoría Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, expresó su preocupación y pidió la libertad de los activistas ambientales el pasado 16 de mayo.
