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“La jueza rechazó medidas alternas a la prisión sin justificación, interpretó como delito el uso de megáfonos, la presencia en vía pública y el liderazgo comunitario”
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
El Foro del Agua y la defensa técnica de José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez presentaron un recurso de apelación contra la resolución de la jueza Primero de Paz de Santa Tecla, quien criminalizó el derecho a la protesta.
Los principales argumentos de la jueza para decretar la prisión provisional de Alejandro y Ángel son injustos y arbitrarios, no existe prueba suficiente para justificar la detención, la resolución judicial se basa en suposiciones sin sustento probatorio.
La jueza interpretó como delito el uso de megáfonos, la presencia en vía pública y el liderazgo comunitario. Todos estos son derechos constitucionales no crímenes. a Alejandro se le acusa de haber propuesto una “concentración pacífica” para pedir ayuda al presidente, lo cual no es un delito, ni puede considerarse resistencia agresiva o desórdenes públicos.
El pasado 12 de mayo, la defensa entregó un video donde se demuestra que la protesta fue pacífica y fue la policía quien provocó el desorden al agredir primero a Alejandro, lo cual contradice la versión fiscal y deslegitima los cargos.
Carlos Flores, coordinador del Foro del Agua, expresó que la jueza hizo una incorrecta y arbitraria aplicación de las reglas de la sana crítica a la valoración, derivación e interpretación de los hechos, con el objetivo de enviar a la cárcel a Alejandro y Ángel, a pesar de que los argumentos y pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), no tenían ni un solo elemento que demostrara la participación de ellos en los supuestos delitos imputados, que son desorden público y resistencia agresiva.
“La jueza lo que está haciendo es inventando una nueva categoría penal, es decir, poniendo un nuevo contenido a los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva, porque ella rompe los criterios establecidos en el Código Penal y concluye que Alejandro y José Ángel lo que hicieron fue exceder los límites del ejercicio legítimo del derecho de reunión y manifestación”, indicó.
A criterio de Flores, lo que plantea la jueza de Paz es una aberración jurídica y legal, no está hablando que se dieron desórdenes públicos, sino se pudo desarrollar o “alterar el orden público”, y con esto afectar la tranquilidad ciudadana, cambia el sentido de la judicatura, la cual no se encarga de revisar lo que puede ser, sino juzgar lo que fue.
“Ella necesita que el artículo 248 del Código Penal sea más amplio, para que la expresión con megáfonos quepa dentro de este artículo como criterio de desorden público, pero si esa es la pretensión de la juzgadora tiene que ir a la Asamblea y presentar una propuesta de reforma al Código Penal”, sostuvo.
El Foro del Agua denunció las intenciones del gobierno de trasladar a Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, pese a que los supuestos delitos de los cuales les imputan pueden ser incluso excarcelables.
“Hacemos responsable a Nayib Bukele y al Estado Salvadoreño de cualquier daño a su salud, integridad física o incluso su vida, que pueda derivarse de este encarcelamiento ilegal y la reclusión en dicho penal”, reiteró la organización.
Ambos presentaron pruebas de arraigo familiar, laboral y comunitario, a pesar de esto, la jueza ignoró arbitrariamente esta evidencia y argumentó falsamente que no tenían condiciones para asegurar su permanencia en el país.
Se ofreció una caución económica y solicitó considerar medidas sustitutivas, pero la jueza no respondió ni evaluó la petición, violando el derecho a una resolución motivada y proporcional; la acusación se construye con errores y deducciones ilegales.
El derecho penal solo debe usarse como última opción, sin embargo, en este caso se aplica de forma desproporcionada, con prisión provisional de 6 meses por delitos que ni siquiera están suficientemente configurados.
El pasado 12 de mayo la UMO y la Policía Militar sin ninguna justificación, reprimió a más de 150 personas, principalmente niños y personas de la tercera edad, quienes pacíficamente solo pedían ayuda al presidente de la República, Nayib Bukele, para no ser desalojadas de sus viviendas.
