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Saúl Méndez
Colaborador
Las lluvias registradas la noche del sábado 10 de enero provocaron severas inundaciones en la residencial Ciudad Marsella 2, ubicada sobre la carretera a San Juan Opico, en La Libertad Centro, lo que dejó al menos 20 viviendas afectadas. La emergencia evidenció obras inconclusas y deficiencias en el sistema de drenaje, lo que llevó al Gobierno a suspender permisos y pagos a la empresa constructora responsable: Salazar Romero, además de anunciar censos técnicos y la reparación total de los daños.
La inundación se produjo de forma repentina durante la noche del sábado, cuando el agua comenzó a acumularse en las calles internas de la residencial y a ingresar a las viviendas en cuestión de minutos. Vecinos relataron que el nivel del agua alcanzó hasta un metro de altura en algunos inmuebles. Esto provocó pérdidas materiales significativas y obligó a varias familias a evacuar de manera improvisada.
La emergencia afectó principalmente al quartier 11, donde el colapso del sistema de drenaje generó el levantamiento del asfalto y el arrastre de sedimentos dentro del complejo habitacional. Pese a la intensidad moderada de la lluvia, el sector mostró una alta vulnerabilidad ante las precipitaciones.
Los habitantes aseguraron que no es la primera vez que los residentes alertan sobre problemas de inundación en la zona. Denunciaron que la empresa constructora ya había sido advertida con anterioridad sobre fallas en el sistema de drenaje, sin que se tomaran medidas preventivas.
Las evaluaciones de daños y análisis de necesidades (EDAN), realizadas por personal de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, iniciaron tras las lluvias del sábado por la noche y concluyeron la mañana del domingo y permitieron identificar el alcance de las afectaciones en las viviendas.
Las primeras evaluaciones técnicas determinaron que las inundaciones estuvieron vinculadas a obras inconclusas y a deficiencias en el sistema de drenaje del complejo habitacional. Según el diagnóstico preliminar, la falta de finalización de calles y la acumulación de tierra y sedimentos provocaron el asolvamiento de las tuberías de aguas lluvias, especialmente en la zona baja del quartier 11.
Tras constatar las afectaciones, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó la suspensión a nivel nacional de los permisos de construcción y parcelación otorgados a la empresa Salazar Romero y a sus empresas asociadas, mientras se desarrollan las investigaciones técnicas y legales.
También se ordenó la suspensión de los pagos que los residentes realizan a la constructora, así como la paralización de cobros en proyectos que no cuenten con una recepción de obras debidamente certificada. Las autoridades anunciaron la realización de un censo detallado, casa por casa, con el fin de cuantificar los daños materiales y personales, y exigir a la empresa la reparación total de las afectaciones o, en su defecto, la devolución íntegra de lo pagado.
El Ministerio de Obras Públicas confirmó que ejecutará obras de mitigación y supervisará la corrección de las fallas identificadas en el sistema de drenaje, mientras se mantiene la suspensión de nuevos permisos hasta que se garantice el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
El Fondo Social para la Vivienda confirmó que no otorgará financiamiento a proyectos que no cuenten con una recepción de obra formal y condiciones habitables certificadas, como parte de las medidas para evitar que se repitan situaciones similares.
La empresa desarrolladora Global Developers afirmó, mediante un comunicado, que las inundaciones se debieron al asolvamiento de un tramo del sistema de tuberías de aguas lluvias. Asimismo, aseguró que las familias afectadas del Quartier 11 serán compensadas por los daños y anunció la convocatoria a una reunión con los residentes para abordar la situación y definir las acciones correspondientes.
Negligencias en Ciudad Marsella se suman al historial de otros conflictos
En 2018, habitantes de la Hacienda La Labor, en Ahuachapán, denunciaron presuntas irregularidades en la apropiación de más de 800 manzanas de tierra pertenecientes a una cooperativa agrícola por parte de la constructora, conflicto que derivó en procesos judiciales y disputas comunitarias.
Posteriormente, en 2020, la constructora fue objeto de críticas por la entrega de viviendas en condiciones cuestionadas.
En 2022, la Defensoría del Consumidor inició un procedimiento administrativo contra Global Developers por denuncias de incumplimiento contractual y la aplicación de cláusulas que afectaron a residentes del complejo Ciudad Marsella.
Las comunidades de la Hacienda La Labor también denunciaron la captura de líderes comunitarios, entre ellos una mujer, quienes encabezaban la defensa del acceso al agua y se oponían a la perforación de pozos por parte de una empresa vinculada al grupo constructor.
Las detenciones, solicitadas tras denuncias interpuestas por la empresa, fueron señaladas por organizaciones sociales como parte de un conflicto territorial no resuelto.
La empresa también ha sido cuestionada por construcciones en zonas de valor arqueológico, particularmente en el sitio de Tacuscalco, donde organizaciones culturales y especialistas denunciaron daños al patrimonio histórico durante el desarrollo de proyectos urbanísticos.
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