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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“No tienen ninguna capacidad legal de negarse a cumplir una orden judicial, no pueden deliberar eso, ya lo dijo el juez Jorge Guzmán, las órdenes judiciales se imponen y se acatan”, explicó David Morales, abogado de la Unidad de Litigio Estratégico de CRISTOSAL.
Morales (CRISTOSAL) junto al equipo de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, forma parte de la acusación particular contra un grupo de militares de alto rango que durante el conflicto armado llevaron a cabo la Masacre de El Mozote y sitios aledaños en diciembre de 1981.
En un conversatorio con la prensa, las organizaciones que integran la Mesa contra la Impunidad en El Salvador y la Comisión de Trabajo Pro-Memoria Histórica, expresaron su postura frente a la orden judicial, girada por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, la que se hará efectiva el próximo 21 de septiembre, en donde peritos en archivística, tendrán acceso a documentación militar de esa época.
Para las organizaciones en derechos humanos, este evento es un “suceso histórico” en resarcimiento a las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, en su más de tres décadas de búsqueda de la verdad, la aplicación de justicia, el resarcimiento moral y social, así como, la promesa de no repetición de este tipo de hechos que enlutan aún a miles de familias.
Morales señaló que la diligencia judicial los peritos buscarán documentos, informes, planes o cualquier otra evidencia administrativa que respalden las actividades que se llevaron a cabo en esa época para la movilización y articulación de las órdenes en la cadena del mando militar.
“Lo que vamos a encontrar son documentos como en otros países, informes oficiales que evidencian la actividad que llevó adelante el crimen, entonces los planes militares y toda la ejecución que son plantes elaborados, supervisados en tiempo real. En esa época no había todo este tipo de redes sociales, pero esa información importante era a través de llamadas radiales, cables y telegramas. Y el comandante en San Salvador podía estar viviendo día a día todo el teatro de la guerra, porque recibía informes de todas partes”, indicó.
Esta observación del abogado se enmarca en las respuestas que han recibido de los exministros de Defensa y presidentes de la república, que aducen razones de inexistencia de planes militares o son archivos que fueron eliminados. Lo anterior fue catalogado como improbable, ya que toda la logística o autorización de transporte pasaba por el aval del comandante en turno. Por tanto, este sabía dónde se encontraba todos los pelotones y los operativos que estaban realizando, a través de reportes de diario o informes de inteligencia.
“Las autoridades militares tampoco pueden decir -que no habían reglamentos, en ese momento de la historia-, eso era imposible y muchos menos decir, que estaba más organizada la guerrilla clandestina que ellos como ejército, esos documentos y planes debe estar, deben existir. Los jefes de archivo, en 2018, declararon bajo juramento que este tipo de documentos no se destruyen y si lo hacen sigue todo un proceso legal de expurgo (eliminación de documentos), que autoriza el Estado Mayor y se hace en presencia del Ministerio de Cultura y se levanta un acta que justifica la destrucción y lo que contenía el documento, este tipo de cosas son relevantes, si hay una evidencia será muy fuerte y sólida”, argumentó.
Sobre la certeza que da la “cadena de mando” para deducir responsabilidades en los hechos, Morales indicó que en la doctrina militar el puesto más elevado del “mando operativo” es el jefe del Estado Mayor, que en ese momento ostentaba Rafael Flores Lima. Y el ministro de la Defensa era un cargo más administrativo–político, y el jefe del Estado Mayor es su primer asesor, por tanto, el exministro Guillermo García, tenía mucho poder.
“La evidencia histórica ha demostrado que existía también sin entrar en contradicción a esta cadena formal; la cadena de mando de facto, que con habilidad extraordinaria y capacidades de alianzas Guillermo García había logrado articular el poder de una cúpula represiva, muy brutal, sanguinaria que pugnaban por el exterminio de la población civil, y de la oposición política, que inclusive con la asesoría militar estadounidense, les mintieron mucho a sus aliados que financiaba la guerra desde el gobierno del presidente Ronald Reagan”, argumentó.
Sobre ese “cadena de mando de facto”, Morales reflexionó que era una estructura que ostentaba un núcleo de poder, que es común en los ejércitos, no obstante, la relevancia y fuerza en la historia salvadoreña, este grupo fue inusual en pleno Siglo XX, utilizando el sistema de tandas, (promociones militares) que se vuelven por sí mismo, en núcleos involucrados en hechos de violencia extrema.
“El caso de la masacre de El Mozote, lo reflejan tres de las promociones más sanguinarias que vio el Siglo XX, el país, causaron la mayor tragedia al pueblo salvadoreño. Militares graduados a finales de los años cincuenta Flores Lima, Vides Casanova y otros conocidos represores, en la cúpula controlando el alto nivel de la cadena de mando. La tanda de 1963, muy sanguinaria, como Roberto d’Aubuisson, responsable, según la Comisión de la Verdad, del arzobispo Oscar Arnulfo Romero. Domingo Monterrosa, considerado el gran masacrador. Sigifredo Ochoa Pérez y otros miembros prominentes de la cúpula militar de aquellos tiempos. Y la famosa Tandona, enjuiciada y lamentablemente solo uno de ellos, Inocente Orlando Montano, enfrenta un juicio formal en España por el Crimen de los sacerdotes Jesuitas”, refirió.
No obstante la orden judicial, las organizaciones aún sopesan la incertidumbre del comportamiento de las nuevas autoridades militares, en la cooperación de este proceso penal, y dar un cierre a la impunidad que han vivido las víctimas por más de tres décadas.
“No sabemos que vamos a encontrar, si será colaboración, entorpecimiento o evidencias de destruidas de un determinado delito. Y si se encuentran rastros que se está ocultando documentos, ya no estaremos en presencia de una falta administrativa o colaboración, sino ante una figura delictiva en las que incurrirían los funcionarios, el ministro René Merino, incluso el presidente Nayib Bukele, todos deben cumplir con la ley, y de encontrar algún delito será la Fiscalía General de la República, quien deberá iniciar una investigación penal”, puntualizó.
