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Caracas / AVN
El Ministerio Público de Venezuela inició la investigación penal para esclarecer el entramado de corrupción relacionado con el manejo de recursos destinados a la supuesta «ayuda humanitaria», que vincula a dos emisarios del diputado a la Asamblea Nacional (AN) en desacato Juan Guaidó en la ciudad de Cúcuta, Colombia.
«Los fondos administrados por (Rossana) Barrera y (Kevin) Rojas, designados por (Juan) Guaidó como sus representantes ante Colombia, son asignados desde Venezuela, por lo que corresponde a nuestra jurisdicción investigar tanto la procedencia del dinero como su utilización», apuntó el martes el fiscal general de la República, Tarek William Saab.
La investigación estará a cargo de dos fiscales nacionales, que tendrán la responsabilidad de desarrollar las averiguaciones respectivas a fin de recabar evidencias de delitos de corrupción, cuya alerta había sido emitida por el Gobierno Nacional el 23 de marzo pasado.
Barrera y Rojas, militantes del partido de ultraderecha Voluntad Popular (VP), serán imputados por la comisión de delitos de legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir, precisó Saab.
«Estas personas falsificaron facturas para hacer ver que pagaban hoteles donde se alojaban venezolanos, cuando en realidad eran cancelados por Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). Además, inflaron el número de supuestos militares desertores para el despilfarro del dinero», detalló.
Saab, quien refirió la publicación de Panam Post que detalla la malversación de fondos cometida bajo el amparo de Guaidó, agregó que los recursos habrían sido desviados para financiar gastos personales y operaciones para generar desestabilización en la nación.
«Los promotores de la desestabilización han ofrecido villas y castillos a los militares para que deserten de su compromiso con la patria, y luego los han dejado en la calle, mientras se apropian del dinero asignado para fines inconfesables», dijo.
El fiscal también señaló que «los fondos robados han sido utilizados para gastos personales individuales, consumo de alcohol, contratación de prostitutas y se presume que para financiar actos desestabilizadores contra el país».
«Con este dinero se ha realizado una guerra mediática y un lavado de cerebro con el uso del dolor y la miseria ajena», acotó el portavoz del Ministerio Público venezolano.
Indicó que situaciones criminales como estas evidencian cómo Guaidó, señalado como autor intelectual del desfalco, dispone de los fondos del Estado, así como la opacidad de sus delegados para emplear el dinero.
El fiscal general de la República enfatizó que solicitarán al Gobierno de Colombia, nación que sirvió de escenario para el ejercicio corrupto, las evidencias respectivas al caso a fin de complementar la investigación penal en curso.
Saab cuestionó que «si Guaidó y su equipo no han llegado al poder y ya están haciendo estos actos de corrupción. ¿Qué estarán haciendo con los fondos de la Corporación Petrolera venezolana Citgo? ¿Quién controla entonces los fondos que pertenecen a los venezolanos?
800 millones de dólares
En 800 millones de dólares se calcula el robo de fondos pertenecientes a la empresa estatal Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), operación planificada y ejecutada por miembros del partido de ultraderecha Voluntad Popular (VP) y el entramado de corrupción que creó su más visible dirigente, Juan Guaidó, luego de su autoproclamación el pasado 23 de enero.
La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, durante una alocución desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores (sede del Gobierno) y en la que reveló detalles de los delitos que cometieron los dirigentes de VP al recibir y apropiarse de grandes cantidades de dinero que estaban destinadas originalmente para facilitar en febrero pasado una intervención militar desde Cúcuta, Colombia, con la excusa de ingresar supuesta «ayuda humanitaria» a Venezuela.
«El modus operandi de Guaidó es robar los recursos de cualquier empresa venezolana en el extranjero, en complicidad con los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Argentina», explicó Rodríguez.
Agregó que una vez obtenidos los recursos, Guaidó y sus más cercanos colaboradores, todos pertenecientes al partido Voluntad Popular, crearon ONG ficticias para recibir el dinero y luego transferirlos a cuentas personales.
En ese sentido, explicó que una de las principales empresas objeto de dicha metodología criminal es Citgo, filial de Pdvsa, la cual ha sido ilegalmente apropiada por autoridades estadounidenses en complicidad con dirigentes opositores prófugos de la justicia como Carlos Vecchio, nombrado ilegalmente miembro de su junta directiva y «embajador» de Venezuela ante Estados Unidos, ambas decisiones ilegítimas tomadas por Guaidó y que hoy se explican como una condición previa para la apropiación y robo de fondos estatales venezolanos.
Rodríguez afirmó que ese es uno de los principales motivos de la evidente fractura de la derecha opositora venezolana: la trama de corrupción creada por Juan Guaidó y los dirigentes de su partido.
«Voluntad Popular quiere robar solo, esa es la razón por la que la oposición está dividida, los militantes de ese grupo terrorista se están quedando con toda la plata de la supuesta ayuda humanitaria», dijo el titular del MinCI.
