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Ovidio González -director ejecutivo de Tutela Legal- hizo mención de la importancia de seguir con el caso del Mozote y encontrar justicia para las familias que perdieron seres queridos en 1981. Foto Diario Co Latino/Fernando Velásquez

Ingreso a archivos militares tendrá restricciones por espacio y pandemia

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

Wilfredo Medrano, abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, como parte acusadora particular contra los militares de alto rango, señalados en la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, en diciembre de 1981, expresó que la investigación en los archivos oficiales “es un acto inédito en la historia de justicia del país”.

“De acuerdo a lo que manifestó el representante del ministro de Defensa, el lugar donde están los archivos es pequeño y que, también por la pandemia, no será posible el ingreso de muchas personas. Por lo tanto, la metodología sería los tres peritos en archivos, la Policía Nacional Civil, fijando los lugares de donde se extraen documentos y fotos, el juez con su equipo y fiscales. Y esperamos como acusación particular lograr tener presencia”, explicó Medrano, al referirse a las diligencias del lunes 21 de septiembre próximo.

Medrano agregó que el trabajo de inspección puede variar, a partir de las dimensiones en donde se encuentran depositados los archivos y documentos oficiales, y reiteró el compromiso de los representantes de los ministerios de la Defensa, de Cultura, el Archivo General de la Nación y la Secretaría de la Presidencia, de abrir los archivos a la diligencia judicial emitida por el juez del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán.

Sobre el acto procesal que calificó de “complejo” por el comportamiento histórico del Ejecutivo y Ministerio de la Defensa, de negarse la revisión de los archivos oficiales, Medrano consideró que hay altas expectativas sobre la información que podrían fortalecer el caso de la Masacre de El Mozote, incluso de otros delitos similares en ese período del conflicto armado.

“Es curioso que en las hojas de vida de los oficiales que ya fallecieron les aparece información que participaron en la Operación Rescate, vinculada a la Masacre El Mozote. Mientras, a los oficiales que están vivos no les aparece esta asignación, como que se ha borrado, tenemos que confrontar si se encuentran esas hojas de vida que han enviado al tribunal; creo que, allí, sería un delito al no coincidir; es posible que mucha información como planes militares ya no existan, pero en el Archivo General de la Nación hay actas de expurgos (eliminar documentos), en cuyas actas levantadas del contenido hablan de planes de contrainsurgencia de 1989”, explicó.

Asimismo, Medrano recalcó que un ejército no puede actuar de manera “irresponsable” con su ley orgánica y su cadena de mando, que delimita las responsabilidades de los altos mandos militares para disponer del contenido de los archivos.

“El juez decidió emitir una resolución que debe cumplirse, a partir del 21 de septiembre, que es una inspección a archivos militares que conlleva la incautación y secuestro de esos planes militares que tengan relación con la Masacre de El Mozote, había una oposición del representante del ministro de Defensa (René Merino Monroy), que no podían tener acceso a planes militares secretos; -aclaramos- que solo se busca lo que tenga que ver con esa masacre y otros hechos relacionados. No buscamos nada que atente a la soberanía o seguridad nacional”, aclaró.

Entre las trece instituciones que serán intervenidas por la diligencia judicial se encuentran: el Estado Mayor, que cuenta con el archivo del Batallón de Reacción Inmediata “Ramón Belloso” y el Atlacatl; la Primera Brigada de Artillería Teniente Coronel Óscar Osorio en San Juan Opico, La Libertad, y la Fuerza Aérea.

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