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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Los abogados de la acusación particular en el caso de la masacre de El Mozote reaccionaron ante la publicación de la Revista Factum, que reporta el intento del ministro de la Defensa, René Merino Monroy, de detener las inspecciones de los archivos que inician el próximo lunes 21 de septiembre, en cumplimiento de la orden judicial del Juzgado Segundo de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán.
Wilfredo Medrano, de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, señaló que, si el ministro Merino presentó un escrito para suspender la diligencia judicial, “solo muestra su complicidad como los ministros anteriores y funcionarios de Gobierno”, que por más de cuatro décadas se han negado a colaborar con la justicia.
“Esto contradice lo expresado por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien ofreció su colaboración, diciendo que, si el juez le pedía archivos de la A a la F, él daría hasta la Z”, dijo al rechazar la acción del funcionario público.
Entre los argumentos del ministro René Merino Monroy hace referencia a la “seguridad nacional”, la que estaría en riesgo al consultar los archivos, adelantando que no iba a acatar la orden judicial. Mientras, la respuesta de la Corte Suprema de Justicia fue denegar su petición.
“Esta acción contradice a los apoderados que mandó a la audiencia de planificación y metodología de investigación de los archivos, al Juzgado de Instrucción de Gotera. Es solamente una resistencia, de nuevo, a abrir y entregar archivos militares; porque la investigación no pone en peligro la soberanía y seguridad nacional de El Salvador, solo se buscan los planes de contrainsurgencia utilizados en el operativo de El Mozote”, afirmó.
Mientras, David Morales -director de Litigio Estratégico de Cristosal- consideró que la solicitud del ministro de la Defensa era improcedente y señaló que la Corte Suprema de Justicia en pleno no tenía la potestad para revisar, suspender o reprogramar la orden judicial de inspección.
“Esto representa una acción política del ministro Merino Monroy, en ordenar y justificar un incumplimiento, una probable desobediencia al mandato judicial de inspección a partir del 21 de septiembre. Y de confirmarse esta acción, podemos presumir que esta cuenta con el respaldo, con la autorización de su comandante general, el presidente Nayib Bukele, quien es el primero al mando, quien estaría avalando este tipo de decisiones políticas del ministro”, acotó.
Morales agregó que, de negar el acceso a la diligencia judicial de inspección o se obstaculice el ingreso a los recintos militares, tanto el ministro Merino Monroy como el comandante Nayib Bukele y los involucrados en obstruir el proceso, “incurrirán en delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes y otras figuras; solo esperamos que la diligencia siga adelante. Se trata de la matanza de mil personas civiles, la mitad de ellos niñas, niños y adolescentes por tropas de la Fuerza Armada, por órdenes del Alto Mando de la época. Obstaculizar este tipo de diligencia es una actitud de encubrimiento e impunidad para proteger criminales de guerra y no tiene justificación alguna”, sentenció.
