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Saúl Méndez
Colaborador
Sara Alfaro, del Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT), cuestionó severamente el operativo ejecutado por agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) en el Centro Histórico de San Salvador, quienes utilizaron gas pimienta contra vendedores ambulantes, dejando como resultado cinco personas afectadas, entre ellas un menor de cuatro años.
Alfaro criticó, en el programa Café con PA’IS, las políticas de desalojo implementadas por la Alcaldía de San Salvador Centro, al considerar que estas medidas incrementan la desigualdad y la pobreza.
«Vimos el caso de un niño que resultó afectado por gas lacrimógeno cuando se intervenía a un vendedor del CAM. El menor estaba cerca y el gas le cayó directamente en el rostro; era un niño de aproximadamente cuatro años», explicó Alfaro. El vídeo del menor envuelto en llanto y salto por el dolor se hizo viral.
El incidente ocurrió mientras se realizaban acciones de control en la vía pública como parte del Plan de Reordenamiento del Centro Histórico. Testigos aseguraron que el gas alcanzó a varias personas, incluido el menor, lo que generó indignación en redes sociales.
Según Comandos de Salvamento, tres personas fueron atendidas en el lugar y dos más trasladadas a un centro asistencial.
En el video difundido en redes sociales se aprecian los efectos del gas pimienta en el menor, quien fue auxiliado por personas que transitaban por la zona.
La Alcaldía de San Salvador Centro informó que la intervención buscaba hacer cumplir la ordenanza que prohíbe las ventas en el área. Argumentó que el procedimiento derivó en disturbios luego de que, según la versión oficial, algunos vendedores reaccionaran lanzando objetos; sin embargo, testigos negaron esa versión.
El hecho generó debate en redes sociales, así como fuertes críticas hacia las acciones impulsadas por la alcaldía encabezada por Mario Durán.
«No podemos hablar de un país en paz cuando existen estas desigualdades, estos atropellos y esta injusticia social. Cuando la comida no llega a todos los hogares por problemas de inseguridad alimentaria. Cuando quienes pueden comprar la canasta básica lo hacen, y quienes no, simplemente no tienen acceso», explicó Alfaro.
La vocera del MDCT recordó que la forma de subsistencia del salvadoreño de escasos recursos, especialmente en los mercados, históricamente ha implicado mantener a sus hijos cerca. Señaló que muchos niños han crecido prácticamente bajo los canastos, acompañando a sus padres durante sus jornadas laborales.
«También se promueve la idea de emprender, de dejar de estudiar carreras universitarias porque ‘no valen la pena’. Sin embargo, no se permite vender en las calles y, en cambio, se persigue a quienes intentan hacerlo», expresó en referencia a las declaraciones de la diputada Suecy Callejas.
«¿Y qué dicen los defensores del nuevo orden que tenemos? Como se escucha por ahí: ‘¿Para qué llevan a los niños al mercado? Los usan como escudo’», cuestionó.
«¿Cómo es posible que ahora se olvide esa realidad del salvadoreño común, esa cotidianidad marcada por la pobreza? ¿Acaso estas familias tienen recursos para pagar una niñera? ¿Existen suficientes guarderías? Incluso los centros de desarrollo infantil han sido eliminados progresivamente», expresó Alfaro.
«Entonces, mientras más desigualdades e inequidades existan, menos podemos afirmar que este país vive en paz. No se puede sostener ese discurso solo porque hay 66,000 salvadoreños en prisión, mientras en las cárceles se reportan muertes constantemente», añadió.
La representante del MDCT también se refirió a la situación en los centros penales de El Salvador, así como a las implicaciones en materia de derechos humanos.
«Hay quienes dicen: ‘A la cárcel no van inocentes’. Pero claro que sí van, y eso ha sido demostrado», dijo.
«Porque sin derechos humanos, ¿qué somos? Nos convertimos en objetos, en seres a los que cualquiera puede pisotear».
«Resulta difícil creer en un discurso de paz cuando hay más de 516 salvadoreños inocentes fallecidos en prisión. Cada uno de esos casos ha sido documentado. Son cifras reportadas por organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario, que lleva este registro», aclaró.
«Además, están los testimonios de quienes han salido en libertad después de dos o tres años, tras demostrar su inocencia gracias a la lucha de sus familiares y organizaciones. Ellos relatan lo que vivieron dentro: hablan de fosas, de cifras de muertes más altas que las oficiales», añadió.
«Si queremos construir una paz real, una convivencia verdadera, primero hay que reducir las desigualdades sociales, o al menos intentarlo. También deben respetarse los derechos que nos permiten vivir en una sociedad más justa, con igualdad y convivencia sana».
«Entonces, ¿de qué paz social estamos hablando, si se vulnera incluso el derecho a la vida? Personas que murieron esperando su libertad, incluso teniendo ya cartas de liberación en mano», manifestó.
«Por eso, primero hay que mejorar las condiciones de la población más vulnerable. Solo entonces se podrá decir que vivimos en una verdadera paz y en una sociedad más igualitaria, como se pretende hacer creer», concluyó.
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