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La lideresa de Santa Marta-ADES, Vidalina Morales, denunció la criminalización de personas defensoras y de la organización social, a través del uso del delito de “asociaciones ilícitas”. En donde la organización comunitaria y de la sociedad civil se ven perseguidas y estigmatizadas por la Fiscalía General de la República.
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Estamos presentando un posicionamiento ante la grave violación de los derechos, al incremento de la persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos. Nos preocupa la forma alarmante en que ha aumentado el mecanismo de control del régimen de excepción”, dijo Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.
Las organizaciones de defensa de derechos humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, MOVIR, Mesa por el Derecho a Defender Derechos, la Asociación Febe Elizabeth, CDHES, Pro Memoria Histórica de El Salvador, IDHUCA, Servicio Social Pasionista (SSPAS), FESPAD y CRISTOSAL, se pronunciaron en contra de las capturas arbitrarias de personas defensoras y la denuncia de criminalización al movimiento social en el país.
“Las organizaciones están recibiendo persecución estatal, así también, la manipulación de la información que usan en contra de las organizaciones, lo que evidencia un uso abusivo del poder del Estado. Y es por esto que hacemos esta denuncia ante este alarmante tipo de acciones”, señaló Alejandro Díaz.
Retroceso en la construcción democrática de El Salvador
Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal “MJH”, indicó que en los niveles de un “régimen autoritario” los democráticos retroceden, como lo ha afirmado un estudio de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, que registró la caída de El Salvador al puesto 132 (2023), del 87 que ocupaba, lo que señala 45 puestos más abajo en materia de democracia.
“Desde el inicio de la administración del gobierno de Nayib Bukele, en 2019 hasta la fecha, se ha observado un incremento en la intolerancia hacia las voces diversas que se posicionan en forma crítica a su mandato”, dijo.
“Lo anterior se ha materializado con acciones como el acoso sistemático de funcionarios en redes sociales, conferencias de prensa, las cadenas nacionales presidenciales, espionaje a través del sistema Pegasus, acoso tributario y administrativo, allanamientos y la última instancia detenciones arbitrarias sin ninguna garantía judicial”, expresó Mauricio.
La lideresa de Santa Marta-ADES, Vidalina Morles, denunció la criminalización de personas defensoras y de la organización social, a través del uso del delito de “asociaciones ilícitas”. En donde la organización comunitaria y de la sociedad civil se ven perseguidas y estigmatizadas por la Fiscalía General de la República.
“Utilizan de forma excesiva los delitos vinculados con el Crimen Organizado y las pandillas. El Estado debe abstenerse de utilizar su institucionalidad para amedrentar, intimidar y perseguir a personas defensoras que disienten del discurso oficial”, señaló.
“Exigimos el respeto a todas las personas defensoras de derechos humanos en el país y respetar la vida, la integridad y el debido proceso a las personas que han sido detenidas de forma arbitraria usando el régimen de excepción”, reiteró Morales.
Autoridades cambian delitos a personas defensoras
Samuel Ramírez, coordinador del MOVIR, denunció que las víctimas del régimen de excepción han observado un cambio en la tipificación de los delitos en los casos que impulsan las autoridades en contra personas defensoras.
“A Fidel Zavala le imputan asociaciones ilícitas, sólo porque la organización no está inscrita en el Ministerio de Gobernación, ¿Desde cuándo defender derechos debe estar legalizado por el gobierno?, cualquier ciudadano tiene ese derecho, denunciamos este delito inventado por el régimen inconstitucional para callar las voces de quienes denunciamos abusos a derechos humanos”, expresó.
“Y el régimen en lugar de escuchar a las víctimas o en lugar de corregir esos errores colaterales que el mismo presidente Bukele ha reconocido, mejor decidió incrementar la represión y perseguir a los defensores. Ahora, como movimiento social estamos juntos todos y todas para seguir luchando”, acotó Ramírez.
Asimismo, exigieron la libertad de Fidel Zavala, al que califican de “víctima de persecución política”, debido a sus constantes declaraciones públicas sobre las “torturas y maltratos en las cárceles” que él mismo experimentó en su internamiento.
“Ahora, la Fiscalía ya se olvidó del delito de estafa contra nuestro compañero Fidel, ahora es asociaciones ilícitas, y todo por defender a una comunidad que fue arremetida por un empresario en donde no hubo diálogo o acuerdo para solventar este problema de vivienda que tiene este país. Y nos preguntamos ¿A dónde está la ministra de Vivienda para resolver este tipo de problemas a la población vulnerable?”, alegó Ramírez.
Régimen de Excepción mecanismo de control social
“El régimen de excepción no es una política de seguridad, sino, más bien, una estrategia política que el gobierno de El Salvador utiliza para criminalizar a miles de personas, para detener de manera indiscriminada la población y para llenar las cárceles como única estrategia de atención de violencia y criminalidad”, expresó la directora del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
Verónica Reyna expresó la “preocupación del movimiento social”, respecto al aumento de criminalización de las personas defensoras en El Salvador, y en la organización social y comunitaria. Como el caso de Fidel Zavala, de UNIDECH, y los cinco ambientalistas de Cabañas que enfrentan una nueva vista pública, luego que habían sido sobreseídos en su totalidad.
“Como articulación de organizaciones que defendemos derechos, expresamos que no podemos confiar -en este momento-, en ningún proceso legal o judicial que se esté desarrollando por parte de la Fiscalía General de la República y el órgano judicial”, manifestó.
“La extensión del régimen de excepción por casi ya tres años, de tener suspendidos nuestros derechos fundamentales, y en ese marco la Fiscalía y el órgano Judicial se han convertido en instrumentos del ejercicio del poder político del Ejecutivo, por tanto, no confiamos en los procesos que llevan en contra de ninguna persona”, argumentó Reyna.
En su llamado a la comunidad internacional, Verónica Reyna, acotó que el cuerpo diplomático, acreditado en el país, debe ser “coherente en su actuación y su posicionamiento” en materia de cooperación y exigir el cumplimiento estricto de los derechos humanos de la población.
El Salvador estigmatiza a las personas defensoras
Gabriela Santos, directora del IDHUCA, lamentó que actualmente en el país se “persiga a las personas por decir la verdad”, en alusión a las capturas de defensores de derechos sociales, económicos y ambientales, que afrontan procesos penales.
“En El Salvador se persigue por denunciar o se toman represalias por protestar, es decir, en El Salvador hay miedo y desconfianza, y eso lo han evidenciado distintas personas defensoras, vendedoras informales, sindicalistas, ambientalistas, líderes comunitarios, periodistas, madres buscadoras, veteranos de guerra y operadores de justicia”, aseguró.
“No puede ser que esta sea la realidad de El Salvador de nuevo, luego que pasamos un proceso para buscar superar el miedo, ahora regresemos a esa situación donde lo que impera es la desconfianza en las instituciones del Estado. Y que sea desde el Estado que se promueva esa estigmatización y persecución por algo tan básico como exigir nuestros derechos”, reiteró Santos.
Santos exigió al Estado dejar de seguir prorrogando el régimen de excepción (2022), así como un cambio a las últimas reformas -todas ellas- en contra de los derechos humanos. El respeto a la Constitución, los estándares internacionales de derechos humanos y honrar las obligaciones de los distintos Tratados o Convenciones”, apuntó Santos.
Violencia estatal grava los Estados democráticos
Alejandra Burgos, de la Red de Defensoras de Derechos Humanos y de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, compartió que la “escalada del patrón de violencia” no sólo retrocede en materia de derechos humanos, sino también, mina cualquier avance de un Estado de Derecho y democrático.
“Estas campañas de desprestigio y deslegitimación de organizaciones que defienden derechos humanos ha ido escalando en el marco de régimen de excepción, y por casi tres años ha sido utilizado para acallar y amenazar las voces y liderazgos comunitarios”, reafirmó.
“Y ahora es esta escalada de violencia estatal que ya no solamente utiliza al régimen como amenaza está llegando a las detenciones arbitrarias, al uso de esta fuerza y quiero señalar el patrón misoginia patriarcal que hay en medio de todo esto, como allanar en la madrugada la casa de una abogada de UNIDECH, en donde solamente estaba su madre”, apuntó Burgos.
Sobre esta situación de amenazas al movimiento social, Burgos agregó que hay toda una “repetición de patrones de regímenes autoritarios”, acciones que son utilizadas como medidas represivas y crean “terror” a la ciudadanía, para que no exijan sus derechos.
“La ciudadanía salvadoreña, las organizaciones de defensa de derechos humanos no han callado sus voces, tampoco han dejado de acompañar o denunciar las violaciones de derechos humanos. Ahora, ya no pueden negar lo que está ocurriendo en El Salvador, con su patrón de Estado que viola de manera reiterada los derechos de su población”, puntualizó Burgos.
