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Por Leonel Herrera*
La Fiscalía General de la República actúa con un nivel de temeridad e insensatez cada vez más sorprendente: en la acusación contra Fidel Zavala y los pobladores de la comunidad La Floresta define a la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) como una estructura ilegal, por no estar inscrita en el Ministerio de Gobernación como organización no gubernamental.
Esto es grave y tiene serias implicaciones para las organizaciones sociales. Significa que, si el caso avanza y termina en una condena, se sentaría un precedente nefasto porque cualquier organización, colectivo, comité, foro, mesa, red, movimiento u otro espacio de organización social que no esté formalmente registrado podría ser declarado como estructura ilegal o criminal, según los objetivos de persecución política del gobierno.
El asunto es muy delicado. La Fiscalía está yendo bastante lejos en la estrategia de persecución judicial abriendo camino para anular a cualquier expresión organizativa que no tenga personería jurídica o que -en la subjetividad, arbitrariedad o conveniencia gubernamental- no cumpla con alguna condición o requisito legal o formal.
Insisto, la situación es grave. Todas las organizaciones y la ciudadanía que no está dispuesta a renunciar a su derecho a organizarse deberían alzar la voz; y la comunidad internacional también debería pronunciarse, especialmente las instancias de Naciones Unidas.
En el caso de persecución contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, la Fiscalía declara ilícitas a las organizaciones insurgentes del conflicto armado. Es decir, viene a criminalizar el pasado guerrillero tres décadas después del fin de la guerra y pasando por encima de la Declaración Franco-Mexicana, los Acuerdos de Paz y la Ley de Reconciliación Nacional que reconocieron, validaron y legitimaron a dichas organizaciones.
En su acusación, la Fiscalía afirma que la Resistencia Nacional (organización a la que pertenecieron los activistas ambientales de Cabañas) y las demás organizaciones que integraban el FMLN “fueron creadas para delinquir”.
Esto significa que si los ambientalistas son condenados por “asociación ilícita” (por haber pertenecido a la RN) también podrían ser procesados por este mismo delito todos los que fueron de la RN, las FPL, el ERP, el PRTC y el PC. Esto incluiría a algunos miembros del actual gobierno y a cientos o miles de militantes y simpatizantes del partido Nuevas Ideas, todos ellos serían delincuentes perseguibles penalmente.
Ahora, con el proceso penal contra Fidel Zavala, la Fiscalía no sólo busca silenciar a una voz que denuncia abusos de poder y violaciones a derechos humanos (y eliminar a un eventual testigo de crímenes de lesa humanidad que podría ser judicializados en alguna corte internacional), sino que también intenta abrir una vía legal que le permita perseguir a cualquier organización social.
Con este precedente podría ser declarada ilegal (y criminalizados todos sus miembros) cualquier organización que denuncie alguna injusticia, defienda derechos o se oponga a algún proyecto gubernamental. Por ejemplo: podrían ser criminalizados los comités, colectivos, grupos y demás organizaciones que rechazan la minería, con el argumento de que no están inscritas en los registros de Gobernación.
Ojalá que la ciudadanía actúe y derrote esta arremetida, porque si no lo hace estaría permitiendo que este régimen antidemocrático le cancele legalmente su derecho a organizarse de manera espontánea. Ya no se trata sólo de liberar a Fidel Zavala, sino de evitar un precedente que hundiría aún más al país en el oscurantismo autoritario y dictatorial.
