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Redacción Nacionales
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“Las acusaciones que quieren hacer con Rudy Joya, Ivania (Cruz) y mi persona, definitivamente es una acusación y una persecución política”, fueron las palabras de Fidel Zavala al momento de ser trasladado al Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador.
Este jueves, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador realiza la audiencia inicial en contra del vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) Fidel Zavala y habitantes de La Floresta, acusados de comercializar de forma ilegal terrenos y parcelas y agrupaciones ilícitas.
Zavala es un joven defensor de derechos humanos que estuvo detenido hace unos meses y denunció las torturas dentro de los centros penales. Joya y Cruz son miembros del equipo de UNIDHEC. La intención de este proceso, es “querer apagar la voz de los que hemos denunciado las injusticias, tanto como en este caso como en muchos casos más”.
Fidel informó que no ha sufrido ningún maltrato ni golpes, “ninguna denuncia de tortura, ninguna denuncia de maltrato, nadie venimos golpeado”. Sin embargo, ante la pregunta: ¿Teme por su vida? Zavala informó que sí. “La realidad es que sí, la realidad es que sí, porque como les digo, hay ciertos indicios que yo he logrado ver que la intención es tenerme aquí preso”, respondió.
El caso, a juicio de Zavala, “no simplemente tiene que ver con una persecución política hacia mí y hacia los licenciados, sino una injusticia que se está haciendo con más de 70 familias que viven y vivían en la colonia La Floresta”.
La FGR señala que un grupo de personas comercializaban, “irregularmente”, parcelas o lotificaciones en la hacienda La Floresta de San Juan Opico, La Libertad, y que promovía la usurpación de la propiedad.
En el proceso, 25 imputados están capturados y 4 más están ausentes. A los imputados se les acusa de haber cometido los delitos de agrupaciones ilícitas, amenazas con agravación especial, usurpación de inmueble, ejercicio Ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, limitación ilegal a la circulación.
Óscar Góchez, quien llegó a la audiencia, dijo a medios de comunicación ser el dueño de los terrenos supuestamente usurpados, que hace un año “ganamos a los otros usurpadores, y recibieron condena de 88 años.
Góchez sostuvo que cuenta con la documentación necesaria para comprobar que son sus terrenos, adquiridos en 1992, por él y su esposa.
