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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El 5 de enero de 2018 se aprobó la Ley del Presupuesto General de la Nación, los presupuestos especiales y la Ley de Salarios para el año en curso. Ese acontecimiento positivo para el país, para el desempeño de la economía, para la inversión pública, para el funcionamiento regular de las instituciones, fue precedido de intenso diálogo entre funcionarios de gobierno, el FMLN y Arena, con acompañamiento informado de las representaciones legislativas de los diputados del PDC, PCN y GANA.
Por primera vez en 8 años, el presupuesto requirió de financiamiento previo, por lo que era imposible aprobarlo sin contar al menos con una parte de los diputados de Arena. En tal sentido, siempre estuvo clara la voluntad de apoyar su aprobación por el resto de diputados de los demás institutos políticos, como quedó demostrado la tarde del pasado 5 de enero.
La resolución de la Sala de lo Constitucional, declarando inconstitucional el Presupuesto aprobado el 17 de enero de 2017, a pedido de la derecha pro arenera, y de al menos un diputado de ese partido, estableció obligaciones que, prácticamente llevaron a crear desequilibrio en el presupuesto, y establecieron reglas antes inexistentes, para su aprobación. Era una situación que provocaba el no contar el país con un presupuesto. La Sala, en su sentencia, mandató a asumir el pago de las pensiones de la Fuerza Armada, a pesar de saber que para ello existe una institución encargada de ello; obligó a asumir el pago del subsidio a la energía eléctrica, con recursos del fondo general de la nación que antes era pagado por CEL; obligó a asumir el pago de pensiones que por 11 años fueron pagadas con deuda contraída por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, FOP; estas, para citar algunos de los cambios que incrementaban los requerimientos de fondos para equilibrar el presupuesto.
Todo ello condujo a la necesidad de solicitar al mismo tiempo, autorización de endeudamiento, que el Consejo de Ministros estimó en 554 millones de dólares. El Presidente Salvador Sánchez Cerén, al pedir a la Asamblea Legislativa el aprobar el presupuesto; instruyó además al secretario técnico, a llevar adelante pláticas con todos los partidos políticos, y en particular, con el partido Arena y su Grupo Parlamentario, a sabiendas de la postura que a lo largo de los últimos tres años han mantenido dicho partido, es decir, el de negar todo financiamiento al gobierno, y a la vez de demandar nuevos gastos en diferentes campos.
Ha sido extraordinario el esfuerzo realizado por la representación del Presidente en este campo, a Roberto Lorenzana se unieron el ministro de Hacienda y otros cuadros del gobierno para demostrar al partido Arena que sus señalamientos carecían de fundamento. Arena pidió que se incorporaran delegados del BID, que hicieran un análisis técnico del proyecto presentado, con lo que quedó demostrado que el Consejo de Ministros había observado en su elaboración, el decreto de austeridad del Presidente, que en el 2017 significó reducir gastos que superan los 120 millones de dólares y que se cumplía, además, con la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Quedó al desnudo que tener o no presupuesto para el año 2018, dependía únicamente de la voluntad política de Arena, y en ese terreno, las tácticas dilatorias de dicho partido fueron vencidas porque al poner en evidencia el Gobierno del Presidente Sánchez Cerén los beneficios de contar con un presupuesto aprobado, estos fueron compartidos con sectores extra parlamentarios que se benefician con la inversión pública contenida en él.
Esas coincidencias se convirtieron en presión, tanto para la fracción legislativa de Arena, como para quienes siguen pensando que el boicot económico y financiero al gobierno es política y electoralmente rentable para la derecha, y en ese juego de presiones quedó demostrado el 5 de enero que ambas posturas tienen partidarios. 18 diputados de Arena votaron por autorizar la emisión de deuda hasta por 350 millones de dólares, otros votaron en contra y un tercer grupo se abstuvo de emitir su voto. Quienes se oponían, intentaron, a última hora, anular la decisión de sus propios compañeros, con un planteamiento engañoso, presentándose dispuestos a que el financiamiento fuera mayor, algo que por meses negaron.
25 diputados de Arena votaron por la aprobación del presupuesto, otros mantuvieron su rechazo de manera activa, votando en contra o ausentándose. Lo importante es que privó la racionalidad en una parte suficiente para alcanzar el respaldo que la Constitución exige para un endeudamiento. Las lecturas de lo ocurrido quedan para todos y es una sola: el país gana más sin bloqueos al presupuesto o a los financiamientos que el desarrollo exige; cualquier otro pretexto revela únicamente mezquindad.
Esta reflexión debe ser hecha fundamentalmente por la ciudadanía y por quienes imponen a algunos diputados una estrategia de estrangulamiento al desarrollo, con un discurso engañoso de querer lo contrario. La coherencia política se refleja en los hechos, en lo consecuente que se debe ser con las necesidades del pueblo.
