Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“A la fecha de hoy, ninguno de los sucesivos gobiernos desde que se firmaron los Acuerdos de Paz (1992) ha tenido la valentía y el honor de saldar esta deuda de justicia para las víctimas”, dijo Juan Carlos Sánchez, abogado de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Las diversas organizaciones de derechos humanos que integran la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), presentaron varios casos emblemáticos del pasado conflicto armado que tienen como denominador común la “impunidad institucionalizada”, que deja a las víctimas desprovistas de una pronta y cumplida justicia.
Para Juan Carlos, la Justicia Transicional en casos del conflicto armado descansa sobre cinco aspectos básicos que deben tenerse en cuenta para dar atención integral a estas “deudas del conflicto”, en donde todos los poderes del Estado e instituciones deben garantizar los derechos de víctimas y sobrevivientes.
“Primero, la exigencia de la verdad y conocer qué es lo que pasó; segundo, se debe identificar quienes fueron autores y responsables de esas atrocidades cometidas durante el conflicto armado. En tercer lugar, se deben establecer las reparaciones correspondientes a esos daños de forma proporcional”, alegó.
“Para el cuarto lugar, que se restablezca la memoria y que se dignifique a las víctimas del conflicto armado, y en el quinto aspecto, que el Estado se comprometa que no volverán a cometerse o repetir estos hechos de violencia. De esto se trata la Justicia Transicional de reparar las deudas de los crímenes cometidos durante el conflicto armado”, reiteró Sánchez.
Asimismo, expresó que esta petición no sólo refleja la demanda de las víctimas y organizaciones que luchan por los derechos humanos para que estas deudas de justicia no queden “insolventes”, sino también en sintonía de las sentencias, informes y resoluciones emitidas por diferentes organismos internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH/ Corte IDH), como Naciones Unidas (ONU).
Sobre el contexto de la impunidad institucional, David Morales, abogado de Justicia Transicional de la Fundación CRISTOSAL, dijo que los casos que presentaron “evalúa el nivel de impunidad que prevalece en la mayoría de ellos”, señalando su ejemplaridad por los miles de casos ocurridos y que fue toda una estrategia militar y política implementada durante el conflicto armado.
“¿Por qué ocurrió esto?, porque funcionó desde una estructura institucionalizada, que en este caso fue la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), que, desde su Alto Mando, desarrolló estrategias y políticas militares que pusieron por objetivo a la población civil y también la perpetración sistemática de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, explicó.
“Se trató, lo que en la doctrina Penal y la Sala de lo Constitucional, definieron como un aparato organizado de poder, es decir, una estructura como la Fuerza Armada, que también puede ser una estructura ilegal como un cártel o mafia; pero aquí hablamos de estructuras de Estado e instituciones formales que desde su alta jerarquía impulsaron este tipo de estrategias ilegales”, afirmó Morales.
En 1981, según el organigrama de la Fuerza Armada, el “centro del poder” estaba en manos del Ministro de Defensa, que en esa época fue Guillermo García y su Alto Mando, más viceministros y el Estado Mayor Conjunto.
“Las grandes operaciones militares o las operaciones especiales de exterminio se definían en ese máximo nivel. Desde el ministro de defensa que ejercía el mayor poder militar en esa época y su grupo de poder, quienes ejercían la violencia ilegal contra civiles, y se hacía sistemáticamente para ejecutar masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones, torturas y desapariciones de personas”, detalló Morales.
Caso San Oscar Arnulfo Romero
Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, en el Caso de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, compartió los obstáculos en el proceso judicial de uno de los casos más emblemáticos del país.
“El asesinato de san Oscar Romero es un proceso histórico que existe desde 1980, que por la Amnistía fue cerrado, pero en 2017 fue reaperturado en el Juzgado 4to de Instrucción de San Salvador, por ser un Crimen de Lesa Humanidad que lleva 45 años de estar en la impunidad”, comentó.
“Y lo digo por todos los obstáculos y hechos dilatorios en el proceso que ha implicado actos delictivos dentro del mismo proceso. Caso que está denunciado desde 1993 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, agregó Díaz.
Del mismo modo, mencionó que los autores del asesinato de Monseñor Romero fue un grupo de los “Escuadrones de la Muerte”, que es conocido públicamente. Una camarilla organizada con “poder del Estado”, que estaba integrado por militares, agentes de los extintos cuerpos de seguridad (GN/PH), y civiles que financiaba la oligarquía del país.
“Desde los años ochenta todo evidencia la intención de atropellar el caso, de no hacer justicia y proteger a los implicados en el proceso. El caso tuvo 38 investigaciones y 21 declaraciones que fueron realizadas en esa época por esos cuerpos de seguridad, que resultaron inefectivas e ineficientes en el proceso”, expresó.
“Se hizo también uso político de este hecho, para señalar a supuestas personas responsables, y también se quiso implicar a la guerrilla, por uno de los principales autores intelectuales de este magnicidio, Roberto d´Abuisson. También la Corte Suprema de Justicia obstaculiza el proceso de extradición de Álvaro Saravia, uno de los testigos clave y con la Amnistía (1993) el caso es archivado”, refirió Díaz.
No obstante, con la sentencia de derogatoria de la Amnistía General, por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (2016), Tutela Legal “MJH”, junto a otras organizaciones, pueden reactivar el caso de Monseñor Romero.
“El caso sigue estancado, y aunque se ordenó la captura de Álvaro Saravia en 2018 lamentablemente este caso fue dividido por el juez de la causa que sigue en el Juzgado 4to de Instrucción, pero se pide a la Fiscalía ampliar esta investigación”, señaló Díaz.
Caso periodistas holandeses
Pedro Cruz, abogado de Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), señaló en el caso de asesinato de: Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Joop Willemsen, que ya han transcurrido 43 años de sucedido el hecho, consideró que la “justicia va extremandamente lenta”, que siguen vigentes por la “voluntad férrea” de los familiares.
“Estas familias no se han resignado con la Amnistía, no se resignaron con las trampas de prescripción del caso, y han mantenido la llama encendida por la justicia, además del gremio periodístico que sabe que no solo se trata de una masacre en una guerra, sino de un atentado contra la Libertad de Expresión y al ejercicio del periodismo”, indicó.
“En este caso han ocurrido situaciones similares a los casos que han planteados compañeros de otras organizaciones, como las amenazas a una jueza que salió hacia el exilio”, relató Cruz.
Cruz también dijo que había una “estructura de poder”, que operaba dentro de la Fuerza Armada, al mando del general Guillermo García, asociado con el coronel Francisco Antonio Morán, director de la ex Policía de Hacienda, y el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, comandante de la 4a Brigada de Infantería, y los soldados que dispararon a los periodistas.
“En 2018 hubo un intento de la Fiscalía de ventilar el caso ordenando diligencias como entrevistas a algunas personas, luego, col el cambio del titular fiscal, desestimó ese mecanismo de investigación. Lo que nos parece un intento de demorar la investigación el caso, en el marco del Código de 1978, que tiene menos garantías para víctimas e imputados y no hay medidas cautelares y otra serie de contenidos”, manifestó.
“Aunque, me acaban de avisar que la Corte Suprema de Justicia ha girado una solicitud de extradición para el coronel Reyes Mena, excomandante de la 4a Brigada de Infantería, implicado en el caso de los 4 periodistas holandeses, que vive en Virginia, Estados Unidos”, señaló Cruz.
Masacre de El Mozote y sitios aledaños
Sobre el caso de masacre de El Mozote, David Morales, abogado de CRISTOSAL, consideró injusta la situación de este caso que cuenta con mucha información pública que implica un homicidio de más de mil personas de varios caseríos del Norte de Morazán, cuyas pruebas son irrefutables.
“Estamos hablando que tiene la mayor cantidad de pruebas, su expediente judicial alcanza cerca de los 40 mil folios de información, con una prueba testimonial directa de 96 personas que son testigos que vieron cuando estaban matando a los pobladores e identifican al Batallón Atlacatl. Son 7 procesos amplios de exhumaciones que arrojaron restos de casi 300 personas donde el 75% corresponden a niños y niñas menores de 12 años, y que categóricamente se ha probado que eran población civil”, acotó.
“Son 14 entregas de documentos militares, inspecciones de escenas, cadenas de mando de expedientes militares individuales; son 6 peritajes especializados documentales, antropólogas sociales, experto militar, pero el caso se encuentra estancado”, añadió Morales.
La nueva jueza del caso, Mirtala Portillo, al retomar el caso 4 años atrás, indicó Morales, ha sido para aplicar “criterios dilatorios” realizado acciones de investigación sin ordenarlas en una resolución judicial, sin notificar a las partes, y sin la presencia de las partes, que no podrán considerar pruebas del caso.
“Ha entrevistado testigos con prácticas re victimizantes, ha anulado la transparencia del proceso, porque ni siquiera los abogados del caso podemos llegar a consultar físicamente el expediente en el tribunal. No nos permite el acceso y si pedimos copias se tardan meses en entregarlas”, reseñó Morales.
Para la MECIES, el contexto de impunidad institucionalizado es grave, lo que profundiza la injusticia para las víctimas, quienes están demandando un debido proceso y el resarcimiento por los daños.
Los integrantes de MEIES exigieron a los jueces y fiscales a cargo de estos casos de Crímenes de Guerra, cesar en su “despropósito de retardar y omitir sus obligaciones” e investigar como la Constitución y otras leyes les demanda.
“Al gobierno, que cese la protección a los responsables de tantos crímenes, permitiendo el acceso a los archivos militares, cesando su injerencia en el poder judicial y absteniéndose de instrumentalizar los casos con su propaganda”, exigieron.
Mientras, a la Asamblea Legislativa solicitan que supere sus 9 años de “incumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad contra la amnistía”. Y que, dé trámite y posterior aprobación al proyecto de la Ley de Justicia Transicional que presentaron las víctimas y organizaciones de derechos humanos.
Debe estar conectado para enviar un comentario.