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Redacción Nacionales
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La organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), instó a los gobiernos extranjeros para que presionen a la administración de Nayib Bukele para que retire las acusaciones infundadas contra los defensores de Derechos Humanos José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez detenidos en mayo luego de protestar pacíficamente. Asimismo, pide a la comunidad internacional que que intensifiquen sus condenas por los abusos en El Salvador.
HRW expresó que la Policía Nacional Civil detuvo arbitrariamente a dos defensores de derechos humanos que protestaban pacíficamente contra el desalojo de una comunidad y los ha sometido a detención provisional desde finales de mayo.
Los detenidos fueron José Ángel Pérez, un pastor y líder comunitario de 55 años, y Alejandro Antonio Henríquez, un abogado y defensor ambiental de 29 años, quienes se manifestaban pacíficamente contra el desalojo de decenas de familias de la comunidad El Bosque en Santa Tecla.
Las autoridades los acusaron de “resistencia agresiva” y “desórdenes públicos” y los enviaron a detención provisional la semana anterior. El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla decretó tres meses más de prisión para los acusados para el periodo de instrucción.
Human Rights Watch revisó vídeos y documentos judiciales que demuestran que las detenciones fueron arbitrarias y los cargos infundados.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, señaló que “las pruebas que hemos revisado revelan que estos líderes comunitarios fueron detenidos simplemente por ejercer su derecho de reunión pacífica”.
En ese contexto, agregó que “cuando las autoridades criminalizan la protesta pacífica, el mensaje para la sociedad es inequívoco: guardar silencio o enfrentar la cárcel.”
“Los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales deben intensificar sus condenas a los abusos en El Salvador y exigir al gobierno de Bukele que retire los cargos infundados contra defensores de derechos humanos”, pidió Goebertus.
Human Rights Watch señaló que la fiscalía acusó a Pérez y Henríquez de “resistencia agresiva”, que la legislación salvadoreña define como la interferencia en acciones policiales o judiciales “por medio de violencia, intimidación o amenaza”, y de “desórdenes públicos”, un delito que requiere obstruir las vías públicas o el acceso a ellas, impedir la libre circulación o tránsito o invadir instalaciones o edificios. Las penas por estos delitos van de dos a seis años de prisión.
Es de recordar que el 12 de mayo, decenas de miembros de la comunidad El Bosque se reunieron cerca de residencia presidencial para protestar contra una orden de desalojo que amenazaba con desplazar a unas 300 familias de sus hogares en el cercano distrito de Santa Tecla. Tres días después de la protesta, el tribunal que había emitido la orden decidió revocarla.
La organización humanitaria revisó 16 videos grabados antes, durante y después de la protesta y del arresto de Pérez, así como fotografías, publicaciones en redes sociales y documentos judiciales. “Las imágenes muestran a miembros de la comunidad reunidos pacíficamente en un amplio boulevard, similar a un parque. Los videos también evidencian que Pérez no incurrió en conductas violentas, intimidatorias o amenazantes al momento de su detención, a diferencia de lo que sostuvieron los fiscales”.
“En un video se observa a Pérez y Henríquez hablando tranquilamente con agentes de policía, cuando uno de ellos toma a Henríquez por la mochila y lo aparta, mientras la unidad antidisturbios se aproxima a los manifestantes. Luego, los agentes detienen a Pérez y lo conducen hasta una patrulla policial. Aunque las imágenes muestran que Henríquez, Pérez y otros manifestantes actuaban de forma pacífica, los fiscales sostuvieron que la detención de Pérez era necesaria para evitar el “inevitable” “inicio de acciones agresivas” por parte de los manifestantes, según consta en los documentos judiciales”, señaló HRW.
La PNC detuvo a Henríquez al día siguiente de la protesta en San Salvador, cerca de su lugar de trabajo. Los fiscales alegaron que Henríquez desobedeció comandos policiales. Sin embargo, los documentos judiciales no aportan pruebas de que Henríquez hubiera incurrido en amenazas, intimidación o actos de violencia, que son requisitos necesarios para configurar el delito de “resistencia agresiva” según la legislación salvadoreña.
Los fiscales también acusaron a Pérez y Henríquez de “desórdenes públicos”, alegando que “se obstaculizó el acceso a la vía pública”. Sin embargo, los documentos judiciales muestran que no presentaron pruebas que respaldaran esta afirmación. En su lugar, citaron la declaración de un guardia de seguridad privado, quien afirmó que comenzó a cerrar las entradas y salidas de la residencia presidencial donde trabaja después de que las protestas se tornaran desordenadas hacia las 10 de la noche, una hora después de la detención de Pérez.
La ausencia de pruebas que respalden los delitos imputados “demuestra que, en realidad, las autoridades buscan castigar a Pérez y Henríquez por su papel en la organización y liderazgo de una protesta pacífica”, señaló Human Rights Watch
El 30 de mayo fueron enviados a detención provisional en una delegación policial de Colón, La Libertad. Más de una semana después, fueron trasladados a la prisión La Esperanza, conocida comúnmente como Mariona, donde permanecen incomunicados, sin acceso a sus familiares ni a sus abogados.
“Human Rights Watch ha documentado condiciones inhumanas en Mariona y otras prisiones de El Salvador, incluyendo la falta de acceso a alimentación, agua y atención médica adecuadas, incomunicación durante meses y años, así como torturas y otros malos tratos”, enlistó la organización.
El 13 de mayo, Bukele acusó sin pruebas a los manifestantes de haber sido manipulados por “grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas”, y anunció una iniciativa legislativa para gravar con un 30 % los fondos internacionales destinados a organizaciones de la sociedad civil.
La Asamblea Legislativa aprobó el 20 de mayo la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a inscribirse en un registro oficial a toda persona u organización que reciba apoyo extranjero. Con ello, se faculta al Gobierno aplicar sanciones y exenciones bajo criterios ambiguos, incluyendo actividades que considere contrarias al “orden público” o que “amenacen la estabilidad social y política del país”.
“Las recientes detenciones de defensores de derechos humanos y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros forman parte de una campaña más amplia de represión contra las voces críticas en El Salvador”, puntualizó HRW en un artículo de prensa.
De hecho, también han sido detenidos los abogados y defensores de derechos humanos Ruth Eleonora López y Enrique Anaya por ser férreos críticos del Gobierno de Bukele.
