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La sarta de defectos en la investigación sobre la muerte, help la semana pasada, de una destacada líder indígena pone de manifiesto la absoluta falta de voluntad del gobierno hondureño de proteger a quienes defienden los derechos humanos en Honduras. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional tras una visita al país centroamericano.
“Las autoridades hondureñas dicen una cosa y hacen otra. Nos han dicho que están decididas a encontrar a los responsables de la muerte de Berta Cáceres, pero no han seguido las líneas de investigación más básicas, incluido el hecho de que Berta llevaba mucho tiempo recibiendo graves amenazas de muerte en relación con su labor de defensa de los derechos humanos”, ha declarado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
“Esta terrible inacción está transmitiendo el peligroso mensaje de que cualquiera puede matar impunemente a quienes se atreven a enfrentarse a los más poderosos de la sociedad. Que las autoridades parecen dispuestas a intercambiar vidas por dinero.”
“El hecho de que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández Alvarado, siga negándose a reunirse con los familiares de Berta Cáceres, con otros defensores y defensoras de los derechos humanos y con Amnistía Internacional es sencillamente inexcusable. Enterrando la cabeza en la arena, sólo conseguirá poner la vida y la seguridad de más activistas en grave peligro.”
Berta Cáceres, líder y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), murió por disparos el 3 de marzo en su casa de la localidad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el oeste de Honduras. Durante años, había hecho campaña activamente contra la construcción de la represa de Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco.
Hasta el momento sólo se ha citado a declarar a miembros de COPINH. Al activista de derechos humanos Gustavo Castro, que estaba con Berta cuando la mataron, le impidieron salir de Honduras rumbo a su país, México, incluso después de prestar declaración varias veces y pese a las graves amenazas contra su vida.
Ninguna de las personas a las que Berta denunció por sus constantes amenazas y acoso, entre ellas representantes de empresas que trabajan en la zona, ha sido citada a declarar.
Según Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para los activistas que trabajan en defensa del derecho de los pueblos indígenas a la tierra. Entre 2002 y 2014, 111 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron asesinados como castigo por su trabajo: 12 de ellos únicamente en 2014.
En mayo de 2015, Honduras aprobó una nueva ley para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos y a los periodistas. La ley en cuestión creó un sistema nacional de protección pero, hasta la fecha, su implementación ha sido absolutamente insuficiente. Según cifras oficiales, sólo se ha inscrito en dicho mecanismo a seis defensores de los derechos humanos y a cuatro periodistas.
“Las acciones dicen mucho más que las palabras. El contar con un programa que apenas beneficia a nadie no va a resolver la crisis de derechos humanos a la que se enfrenta Honduras. En lugar de eso, las autoridades deben garantizar que quienes mataron a Berta Cáceres comparecen ante la justicia, y que se toman todas las medidas necesarias para proteger a quienes defienden los derechos humanos en todo el país”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas.
Una delegación de Amnistía Internacional que ha visitado Honduras se ha reunido con el ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, así como con representantes de alto nivel de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público y la Procuraduría General. El equipo se ha reunido también con representantes de la sociedad civil.
