Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas aseguró que en los primeros siete meses de la administración del nuevo Gobierno se ha reducido la cifra de homicidios en un 60 %, respecto a las estadísticas de la anterior administración.
Añadió que el último Gobierno cerró con 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, y la administración del presidente Nayib Bukele ha bajado ese promedio a 36 asesinatos por cada 100,000 habitantes.
Por otra parte, Rivas rechazó los señalamientos de organizaciones de derechos humanos que aseguran la existencia de abusos y violaciones constitucionales a los derechos de los reclusos en centros penales. Según el ministro, son “mitos que pudiesen estarse dando” y reconoció que con el nuevo Gobierno se implementaron controles más fuertes en los centros penales para controlar los delitos planificados desde esos lugares. El funcionario negó rotundamente que haya “tregua escondida” y que por eso se hayan reducido los homicidios.
“El león juzga por su condición”, contestó al respecto y dijo que los anteriores gobiernos no tenían la voluntad política de realmente arreglar el problema, que habían hecho un negocio del tema de la seguridad, y que los reclusos habían gozado de libertades que no tenían que temer.
No obstante, reconocidos abogados analistas han puesto en duda que la reducción de los homicidios obedezca exclusivamente al plan de seguridad.
En el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén ni siquiera tenían la capacidad de incentivar a trabajar a los policías. Cuando pedían aumento, afirmó, se les mandaba a que mejor buscaran otro empleo. Ahora -este mes- los miembros de la corporación policial recibirán un bono mensual de $100 dólares y pronto el presidente anunciará el aumento salarial, aseguró.
El ministro dijo que se están llevando jornadas de salud a las cárceles. Organismos no gubernamentales de derechos humanos advierten que el 60 % de la tuberculosis que hay en el país la padecen los privados de libertad, que están hacinados en las prisiones.
Aceptó el ministro que son severas las medidas adoptadas por el nuevo Gobierno, pero realmente se está garantizando el acceso a la salud, a los programas de inserción y el acceso a las visitas de familiares. Anunció que ya se ha levantado la emergencia en los centros penales y, además, se ha dado inicio a programas masivos de inserción que los dará a conocer el presidente.
“Estamos por inaugurar en el Centro Penal la Esperanza una ampliación que ronda los 12 millones, así como en la penitenciaría de Izalco, que nos permitirá dar solución al hacinamiento”, informó Rivas, tras aclarar que hay reos que probablemente se podrán recuperar con los programas de inserción que pongan en marcha, pero otros, ya no cambiarán.
Explicó también que ya han sido convocados por la Asamblea Legislativa para la aprobación de 109 millones para la fase tres del plan Control Territorial, que consistirá en movilidad estratégica, helicópteros, drones, patrullas, además de videovigilancia, ampliar el radio en aquellos puntos más peligrosos; también se fortalecerá la atención médica para los policías, dijo.
En el tema de los desaparecidos, afirmó que hay una reducción del 15.5 % y se le está dando el tratamiento necesario. El 60 % los han encontrado con vida y un 5 % se han hallado muertos; además, añadió, se da la variable que muchos se van para Estados Unidos y les dicen a sus familiares que denuncien su presunta desaparición para poder pedir asilo en esa nación.
“Este Gobierno no está pactando con las pandillas, no lo hemos hecho, no lo vamos a hacer y los combatiremos de forma frontal”, insistió el ministro, ante la pregunta recurrente de la audiencia en el programa Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), sobre si tienen algún tipo de tregua con los grupos pandilleriles.
También aseguró que seguirán utilizando a la Fuerza Armada en labores de seguridad pública, ya que sigue siendo un brazo importante para combatir la violencia, y la Sala de lo Constitucional permitió su participación.
