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Carlos Girón S.
De modo que ahora, nosotros, los ciudadanos salvadoreños y los extranjeros residentes y nacionalizados, nos movemos bajo un régimen de Golpe de Estado, perpetrado a mansalva y de hecho por la tristemente famosa “Sala” (que ya todos saben perfectamente cuál es, por sus generales tan conocidas hasta de sobra), que, para agregar, como en las más feroces dictaduras, ha arrasado con los tres Poderes u Órganos del Estado (pues incluso ha pasado por sobre el Pleno de la Corte Suprema de Justicia,), aboliendo también la Constitución de la República, puesto que la bendita Sala la pisotea a diestra y siniestra.
Esos Cuatro Atilas de la Sala han arrasado, como monstruosa aplanadora con: los derechos de los diputados suplentes de todos los partidos políticos representados en el que otrora fuera la Asamblea Legislativa (incluyendo los del Parlacen –hasta donde alcanzan sus tentáculos; los magistrados de la Corte de Cuentas de la República; la Ley de Amnistía; el pírrico aumento al consumo de energía eléctrica; los bonos por 900 millones de dólares del Ejecutivo para apuntalar refuerzos destinados a reforzar la seguridad de nosotros los ciudadanos y del país (a pesar de ello, miren los certeros golpes que la FGR y la PNC están dando al crimen organizado); y en fin, toda una sarta de resoluciones para las que esta página no alcanzaría enumerándolas, todas arbitrarias y abusivas.
Y miren, Rypley se levantaría de su sarcófago para volver a morirse estupefacto del grotesco espectáculo de que quienes (dos de los 4, espurios, por cierto) recibieron el mandato del pueblo a través de su representante, la Asamblea Legislativa, de velar y defender la Constitución de la República, mandaron al diablo el mandato y se convirtieron en traidores y sus grandes violadores… Es preciso, para el registro histórico, que sus nombres se graben con letras negras: Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Rodolfo González y Sidney Blanco. Ellos son la gran vergüenza del gremio de abogados en el país.
En este gremio hay varios, no muchos, que son constitucionalistas, pero extrañamente han guardado ominoso silencio ante los arteros ataques de los 4 a la Carta Magna. Algunos de ellos sí han acudido a la Corte Suprema de Justicia para demandar la destitución de esos cuatro jinetes apocalípticos. Pero eso quizá será como pedirle peras al olmo, pues de suyo, de oficio, hubiera procedido a esa acción hace ratos.
El otro punto sin comprensión y sin su debida explicación es saber por qué la misma Asamblea Legislativa, que es la que designa a los integrantes de la Sala de lo Constitucional sigue impávida, quizá paralizada, permitiendo y volviéndose cómplice de las atrocidades de los apocalípticos, que incluso han cometido matricidio al atentar contra su progenitora desautorizando y anulando acuerdos y leyes legislativos.
La pregunta de todos es: ¿qué pasa con la Asamblea Legislativa? ¿Sus diputados están vivos? Pareciera que si, pues guardaron sepulcral silencio ante la confesión paladina de que se ha dado un golpe de Estado, cuando Florentin Meléndez ha dicho sin tapujos –al salir de una reunión con ciertos personajes– que “quienes dirigimos los destinos del país, debemos dialogar”.
Se diría entonces que aquí estamos en presencia de otro caso consumado de esos llamados “golpes suaves” que le asestaron a la presidente Dilma Rousseu, en Brasil, y como se pretende hacerlo con Nicolás Maduro, de Venezuela, y luego quizá con Evo Morales, en Bolivia. Estos, por cierto, son gobernantes que han trabajado por el bienestar de sus pueblos y no se han dedicado a robar o a gobernar para grupos económicos.
Por su lado, o mejor dicho, por nuestro lado, nosotros, el pueblo soberano, estamos en guardia desde hace buen tiempo, sintiendo que la paciencia se agota, para salir en defensa de la República, nuestra querida Patria, vejada hasta el hartazgo por esos 4 sujetos mal nacidos de la Sala.
No debe olvidarse nunca que la Constitución garantiza nuestro derecho, el derecho del soberano, de la sedición, levantarse –en armas, si fuera preciso— para el solo fin y propósito de restablecer el orden, la legalidad y los derechos conculcados y atropellados, y salvar así la Patria y sus instituciones, separando a todos sus enemigos o quienes no han querido hacerlo teniendo la obligación, y, de ribete sentarlos a ellos en el banquillo. . Son palabras fuertes. Cierto. Pero a ello obligan las situaciones y condiciones derivadas del abuso del poder político y económico.
