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Yaneth Estrada
@caricheop
Tras su nombramiento como directora general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala Guerrero aclaró que “no posee ningún establecimiento que se dedique a ninguna actividad del sector farmacéutico. Mi familia tampoco tiene establecimientos que se dediquen a la fabricación de medicamentos”.
Guerrero, especialista en medicina interna, anteriormente desempeñó dos cargos en la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) (2019-2020) y según su currículum también trabajó como “Asesora Médica” en el ISSS entre 2011 y 2013, durante la administración de Leonel Flores, en el primer Gobierno del FMLN.
Sin embargo, una publicación periodística reveló que el padre de la funcionaria, Luis Armando Ayala Gómez, es socio fundador de Inversiones en Salud Ayala, S.A. de C.V. (INSAYA S.A. de C.V.). Así consta en documentos del Registro de Comercio, además es dueño de una farmacia, no fabrica insumos médicos, pero si distribuye al por mayor y menor.
Un vacío legal
“El art. 5 de la Ley de Medicamentos dice que ningún integrante de la Dirección deberá tener relación directa o indirecta con la industria farmacéutica, es decir, con el sector que fabrica medicamentos, jamás expresa que la prohibición sea para otras áreas del sector farmacéutico”, argumentó.
Al respecto, el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Néstor Castaneda afirmó que “estas son las situaciones de conflicto de interés y es un tema donde muchos proveedores tienen relación con los titulares y se crea el conflicto de interés, y eso es sancionado por la Ley de Ética Gubernamental. No se puede tener negociaciones con empresas de las cuales hay una relación privada o negocio”.
Herber Rivera, primer director general del ISSS durante esta administración, renunció el 10 de enero de 2020, posteriormente, se nombró a Delmy Cañas de Zacarías, quien renunció en las últimas semanas.
Durante la gestión de Zacarías se aprobó un préstamo de 25 millones de dólares, a solicitud del presidente Nayib Bukele, para equipar el Hospital El Salvador, prohibido por las leyes internas de la institución.
Aunque, las auditorías de la Corte de Cuentas de la República (CCR) confirmaron que lo dispuesto por el ISSS para el equipamiento, de dicho nosocomio, suma cerca de 30 millones de dólares, de acuerdo a boletas de compras y otros rubros.
