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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Han sido un vía crucis las solicitudes de información a la Fuerza Armada”, resume Pedro Cruz, abogado de la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (ASDEHU), quien junto a la Embajada del Reino de los Países Bajos para Centroamérica y la Fundación Comunicándonos, busca la justicia para los cuatro periodistas holandeses asesinados el 17 de marzo de 1982, por militares del Batallón Atonal.
“Hay dificultades y escollos que se han tenido en los últimos años, para ir conjuntando el elenco probatorio que permita esclarecer los hechos y determinar responsabilidades legales y permitir el esclarecimiento de la verdad. Es obvio que, dado el tiempo transcurrido, el caso siempre ha tenido un muro de impunidad ante sí y que no ha habido avances sustanciales en las investigaciones”, reseñó Cruz.
Fue el 13 de marzo de 2018, cuando la ASDEHU y la Fundación Comunicándonos, como representantes de las familias de las víctimas, presentaron, junto al acompañamiento del embajador del Reino de los Países Bajos para Centroamérica, la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, a fin que investigara el asesinato de: Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Johannes Willemsen, caso que se encuentra acreditado en el Informe de la Comisión de la Verdad.
Sobre las irregularidades del caso del asesinato de los cuatro periodistas extranjeros, el abogado de ASDEHU reseñó que desde un inició estuvo colmado de anomalías, que dejan al descubierto una clara intención de ocultar la verdad de los hechos.
“Se les intentó hacer un tipo de autopsia, podemos decir nosotros, pero en realidad llamaron a alguien del pueblo para que dijera, según su saber y entender, de qué habían muerto. Y casi dijo que las personas murieron de muerte natural, porque era natural que de veinte balazos, una persona muerta, desde allí comenzó el problema, los mueven del lugar al cuartel de la 4ta Brigada de Chalatenango, para que ahí de manera tranquila y en un ambiente neutral -imagínense- pudiera el juez de Paz, hiciera su trabajo, cuando era imposible hacer ese trabajo técnico y jurídico, por las limitantes de la época”, narró.
Asimismo, informó sobre las más de quince entregas de solicitudes de información que ASDEHU ha hecho a la Fuerza Armada (FAES) y que han tenido nulas respuestas o poca colaboración. Lo que les motivó a presentar un “recurso de apelación” ante el Instituto de Acceso de la Información Pública (IAPI), y en la audiencia celebrada con las partes involucradas; el representante legal del Ministerio de Defensa argumentó desconocer sobre la existencia del Batallón Atonal, respondiendo “yo no viví esa época; me encontraba pequeño y no puedo certificar de ese hecho”. “Se supone que ellos (FAES) son una organización formal, son una institución que trabaja con base en normativas y leyes y, como tal, tienen que llevar un control de sus actividades, de su personal y cualquier trámite administrativo y militar en que han participado, como lo hace cualquier ejército civilizado. Y parece que el ejército de aquí, pues no lo es. No sé ni cómo estuvieron en la guerra, porque les pedimos cualquier documento y no lo tienen, es como si no hacían papeleo, no daban órdenes de nada, como una chusma de vagos que podían hacer lo que quisieran a cualquier parte y no respondían a nadie y no tenían ningún tipo de control documental”, agregó Cruz. En cuanto a la información solicitada, Cruz enumeró un grupo de peticiones de las cuales respondieron que eran inexistentes y otras simplemente no les respondieron, argumentando en algunos casos que los cargos que investigaban no existía en la jerarquía militar. Como la respuesta que recibieron de una petición sobre quién se desempeñaba como Comandante en Jefe de la 4ta Brigada de Infantería, en el Paraíso, Chalatenango. Y solo respondieron que “no existe el nombre de Comandante en Jefe”.
“Desde el año 2018, se comenzaron a tramitar peticiones al Ministerio de la Defensa, con relación a nombramientos, personal, operativos, libros de novedades y diligencias efectuadas por el batallón Atonal y fechas que nos interesaban, explicando el rango de fechas. Las respuestas -algunas que respondieron- han sido muy vagas. Cuando se pidió información más detallada, que servirá para un proceso penal, es ahí que comienza a surgir todos los obstáculos, respondiéndonos que no existen los archivos y en un momento se atrevieron a declarar inadmisibles las peticiones de información en el Ministerio de la Defensa”, manifestó.
En cuanto a la Fiscalía General de la República, señalaron que existe un “estancamiento” en las investigaciones por parte de la Unidad de Delitos cometidos en el Conflicto Armado y, ante esta inactividad, los perpetradores de estos crímenes de guerra continúan impunes.
Esta denuncia cuenta con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El 17 de marzo de 1982 asesinaron a cuatro periodistas holandeses que estaban reportando sobre el conflicto armado en El Salvador. Al día de hoy sigue siendo una herida abierta para la sociedad holandesa. Perdimos a cuatro compatriotas que estaban en El Salvador haciendo su trabajo. La libertad de expresión y libertad de prensa sufrieron un tremendo golpe. Los silenciaron, 39 años después del asesinato todavía no hay justicia. Continúa la impunidad”, dijo Christine Pirenne, embajadora de los Países Bajos para Centroamérica.
