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Oscar López
@Oscar_DCL
Organizaciones miembro del Foro del Agua presentaron el informe: “Injusticia hídrica y responsabilidad del Estado ante violaciones al derecho humano al agua, el derecho a defenderlo y otros”, el cual será entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su visita in loco al país.
Óscar Ruiz, miembro del Foro del Agua, explicó que el informe recoge información sobre diferentes casos de injusticia hídrica; entre ellos, la criminalización en contra de directivos de la Junta de Agua que abastece a siete comunidades del municipio de Tacuba, la persecución de miembros de juntas de agua del municipio de La Libertad y la participación e información al medio ambiente sano y las irregularidades en los procesos previos a la consulta de impacto ambiental del proyecto Ciudad Valle El Ángel.
“Presentaremos el informe sobre el caso de las siete comunidades de Tacuba, es un caso en el que el exalcalde ha querido expropiar a los líderes y lideresas el sistema comunitario (de agua) no solo con eso, también les ha criminalizado e individualizado cargos que pueden pesar con más de ocho años de cárcel”, explicó Karen Ramírez, miembro del Foro del Agua.
En el caso de las defensoras del agua del municipio de La Libertad, el Foro del Agua aseguró que el alcalde Miguel Jiménez criminalizó a los miembros de las juntas de agua, con el objetivo de tomar la administración de los sistemas comunitarios de los que se abastece la población.
Por lo que el foro consideró que, en este caso, se violentó el derecho humano al agua, ya que las comunidades decidieron la forma de gestionar el recurso, sin embargo, el alcalde Jiménez “con actos arbitrarios” trató de afectar el modelo de gestión comunitario.
Ante estas situaciones, el Foro del Agua pide a la CIDH que, en primer lugar, admita el informe para conocer de los hechos y situaciones entorno al actuar del Estado salvadoreño sobre el derecho humano al agua.
De igual forma, el foro pide que en su comunicado preliminar y en su informe de país la CIDH incorpore recomendaciones al Estado salvadoreño sobre el tema, por considerar que el mismo es determinante para la salud y vida de las comunidades vulnerables y empobrecidas del país.
En cuanto a la criminalización de los defensores del derecho humano al agua, se pide a la CIDH que admita la petición en situaciones de gravedad y urgencia; además, que se emitan medidas cautelares.
