Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Por: Luis Rafael Moreira Flores
Tras permanecer encarcelado injustamente durante más de cuatro años bajo el régimen de excepción, Sabino Antonio Ramos Cruz, un reconocido gestor cultural de 73 años, líder comunitario y directivo sindical del Distrito de Panchimalco, enfrentó las rejas y logró demostrar su inocencia. Sin embargo, su salida de prisión no marcó el final de su padecimiento, sino el inicio de una compleja travesía caracterizada por secuelas médicas, pérdida total de sus medios de subsistencia y una contundente negativa institucional para restituirle sus derechos laborales.
La historia de Don Sabino refleja una realidad emergente en el país: el destino incierto de miles de ciudadanos que serán liberados (según las declaraciones de Nayib Bukele) sin cargos ni pruebas tras detenciones arbitrarias. Lejos de reencontrar la tranquilidad de sus hogares, estas personas retornarán a un entorno de estigmatización judicial, pérdidas económicas severas y un mercado laboral sumamente restrictivo que les cerrará las puertas, dejando en evidencia la falta de programas estatales de reintegración y reparación integral.
Un retorno marcado por la pérdida y el deterioro de la salud
Antes de su detención, Don Sabino Ramos se desempeñaba como servidor municipal en la Alcaldía de Panchimalco, labor que combinaba con su trabajo agrícola y su labor comunitaria en la preservación de las tradiciones locales. Al regresar a su hogar tras la absolución judicial, el panorama encontrado fue de devastación económica y personal. Sus cosechas se perdieron por el abandono prolongado, sus animales de granja desaparecieron y el deterioro físico derivado de las condiciones penitenciarias transformó su estado de salud de forma irreversible.
A pesar de sus 73 años y de las patologías crónicas desarrolladas durante su encarcelamiento, Don Sabino ha intentado reanudar su vida y mantener viva la tradición folclórica del municipio. Sin embargo, las secuelas de la prisión permanecen latentes tanto en el plano físico como en el psicológico.
“Es duro regresar a casa y no encontrar mis animales, mis cultivos y tener que ver cómo la justicia se aleja de mi realidad; mi trabajo también se ve perdido. Pero así sigo trabajando por mantener el patrimonio de los Historiantes y los Chapetones. De la experiencia de la cárcel, recuerdo cómo comíamos cáscaras de plátanos cocidas, experiencias que no se olvidan fácilmente”, expresó Don Sabino al rememorar su paso por el sistema penitenciario.
Conferencia de prensa en Santa Tecla y denuncia del MTD
La mañana de este jueves, en las afueras del Centro Judicial “Dr. Francisco José Guerrero” de Santa Tecla, el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) hizo público un pronunciamiento oficial para respaldar las demandas de reinstalo laboral de Ramos Cruz y denunciar las omisiones de las autoridades municipales y estatales.
Héctor Rodríguez, representante del MTD, dio lectura al comunicado oficial en el que se señaló directamente a la administración de la Alcaldía de San Salvador Sur por vulnerar los derechos laborales, humanos y de la tercera edad del gestor cultural.
“El Movimiento de Trabajadores Despedidos denuncia a Mario Roberto Vásquez Castro y al concejo municipal de Nuevas Ideas de San Salvador Sur por negar el derecho al trabajo del sindicalista y gestor cultural Sabino Ramos, y demandamos su reinstalo inmediato”, declaró Rodríguez ante los medios de comunicación.
Desde el MTD expresaron su satisfacción con el trabajo realizado por el abogado defensor, Lic. Guillermo García, quien logró la liberación definitiva de Don Sabino. No obstante, remarcaron que el Estado sigue en deuda con el afectado al no proveer las garantías mínimas para su subsistencia. Rodríguez enfatizó que se han gestionado atenciones médicas y psicológicas independientes ante el deterioro sufrido en prisión, pero que la respuesta de las autoridades municipales ha sido el silencio y la evasión.
“Desde el 27 de abril gestionamos ante el señor alcalde Mario Roberto Vásquez Castro y su concejo municipal la reincorporación de Don Sabino a su puesto de trabajo, sin que a la fecha hayan resuelto favorablemente. Responsabilizamos al alcalde, al concejo municipal y al síndico municipal, Josué Cristian Hernández Canales —en quien recae la representación legal de la comuna— por el continuado deterioro físico y mental al que exponen al compañero Ramos”, añadió el portavoz.
Demanda contencioso-administrativa y fundamentación jurídica
Frente a la negativa de reinstalo, la defensa técnica del afectado, liderada por el abogado Guillermo García, interpuso formalmente una Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad de Pleno Derecho acompañada de una Solicitud de Medida Cautelar de Reinstalo Provisional ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Salvador.
La acción legal fundamenta la nulidad de la destitución en tres ejes centrales:
- Violación al Fuero Sindical y Debido Proceso: Ramos Cruz se desempeñaba como servidor municipal permanente y miembro activo de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Panchimalco (SETRAMP), gozando de fuero sindical vigente al momento de su detención (Art. 47, inc. 6° de la Constitución). Su destitución se efectuó sin la tramitación del proceso judicial previo contemplado en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM).
- Protección Integral a la Tercera Edad: Por su edad avanzada, el caso está cobijado por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Ley Especial de la materia y las 100 Reglas de Brasilia, instrumentos que exigen la máxima celeridad procesal y tutela judicial efectiva para poblaciones vulnerables.
- Afectación al Mínimo Vital: La interrupción del salario y el retiro de la cobertura de la seguridad social (ISSS y sistema previsional) dejan al demandante sin ingresos económicamente estables ni acceso a medicamentos esenciales para las padecimientos adquiridos en prisión.
Peticiones a las instancias correspondientes
Al cierre de la conferencia de prensa, la representación legal e institucional entregó la documentación correspondiente ante la sede judicial para dar seguimiento a las diligencias procesales. El MTD y la defensa técnica formularon cuatro exigencias puntuales:
- Al Juzgado Contencioso Administrativo: Otorgar trámite preferente al caso dada la vulnerabilidad de la víctima y decretar inaudita parte la medida cautelar de reinstalo provisional, garantizando la restitución inmediata de los servicios de seguridad social.
- Al Ministerio de Trabajo: Asumir un rol activo de vigilancia para hacer cumplir la normativa de protección al adulto mayor en la municipalidad de San Salvador Sur.
- A la Fiscalía General de la República (FGR): Iniciar una investigación de oficio para determinar si la negativa de reinstalo y la omisión de las autoridades configuran delitos de incumplimiento de deberes, actos arbitrarios, coacción o discriminación laboral.
- A las Organizaciones de Derechos Humanos: Mantener el monitoreo sobre el proceso para asegurar que el Estado asuma la responsabilidad de reparar integralmente a las personas absueltas tras encarcelamientos arbitrarios.
