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Simpatizantes del expresidente de Brail Luiz Inacio Lula da Silva, demuestran apoyo a la liberación de Lula en las afueras de la Policía Federal, donde Lula sigue detenido. en Curitiba, Estado de Paraná. [Foto Franklin Freitas / AFP]

Forcejeo judicial por liberación de Lula

Río de Janeiro / AFP/ PL

El juez de apelaciones brasileño que en su turno de guardia ordenó el domingo la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, una medida que fue cancelada posteriormente por otro juez, volvió a publicar un mandato para que el líder de la izquierda salga de prisión inmediatamente.

La primera decisión judicial estipula que la liberación debe tener lugar “según el régimen de urgencia, en el día de hoy, mediante la presentación de esta orden a cualquier autoridad presente en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, donde se encuentra el recluso”.

El embrollo judicial -que en escasas horas ha hecho pensar que Lula estaría libre, que seguiría preso y ahora nuevamente libre- está creando una verdadera confusión en Brasil, que en octubre celebrará las elecciones presidenciales más inciertas de su historia en las que el exmandatario es favorito.

“Reitero el contenido de las decisiones anteriores, determinando el inmediato cumplimiento de la medida de liberación en el plazo máximo de una hora”, escribió después de las 4:00 de la tarde, hora local, el juez Rogério Favreto miembro de la TRF4, la corte de apelaciones de Porto Alegre (sur) que aumentó de nueve años y medio a 12 años y un mes la pena de cárcel para el expresidente (2003-2010), actualmente favorito para las elecciones presidenciales de octubre.

La asesoría de prensa del tribunal confirmó que, aunque el juez relator del caso había cancelado la orden poco antes por considerar que no se puede desacatar una decisión colegiada anterior, la orden del juez de guardia es la que vale ahora.

Lula cumple una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur), acusado de haber recibido un apartamento de parte de una constructora a cambio de favores.

El expresidente, imputado en otros seis casos, niega que ese apartamento sea suyo y considera su condena “sin pruebas” como parte de un complot de las élites para que no pueda volver al poder. Aunque sea liberado, su candidatura podría ser invalidada por el tribunal electoral.

La contraorden

La nueva orden de liberación se dio después de que el juez Joao Pedro Gebran Neto, encargado de la operación anticorrupción Lava Jato en el TRF4, emitiera un despacho que anulaba la primera y emplazaba al juez de guardia y a la Policía Federal de “abstenerse de practicar cualquier acto que modifique la decisión colegiada” del tribunal tomada en enero.

Gebran Neto actuó después de ser interpelado oficialmente por el juez Sergio Moro, que está de vacaciones, pidiéndole que como “relator natural del caso” tomara cartas en el asunto para “revocar” la medida.

“El juez federal de guardia, con todo el respeto, es una autoridad absolutamente incompetente para sobreponerse a la decisión del colegiado” del TRF4 y también “del plenario del Supremo Tribunal Federal”, que ya negó la liberación de Lula recientemente, adujo Moro en su despacho.

La Fiscalía General también pidió a la corte de apelaciones suspender la concesión del Habeas Corpus por considerar que el juez Favreto no tiene competencia para liberar a Lula y que no hubo ningún acto “ilegal” en la orden de prisión decretada por Moro.

Secuestro político

Diputados del Partido de los Trabajadores (PT) denunciaron las maniobras promovidas por el juez federal Sergio Moro para impedir la liberación del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ordenada por el magistrado Rogerio Favreto.

Moro, quien está de vacaciones en Portugal, actuó junto a funcionarios de la Policía Federal (PF) y del juez Joao Gebran Neto para impedir -de manera completamente ilegal e inconstitucional- el cumplimiento de la autorización para liberar a Lula, declararon en conferencia de prensa los legisladores Paulo Pimenta y Wadih Damous.

Según Damous, citado por el portal del propio PT, lo ocurrido el domingo constituye una aberración.

‘Aquí se consumó un secuestro político’, subrayó.

Pimenta, por su parte, dijo que desde que llegaron a la Superintendencia de la PF en la ciudad paranaense de Curitiba, donde Lula cumple condena como preso políticos desde el pasado 7 de abril, percibieron un proceso dilatorio por parte agentes de ese cuerpo armado, que claramente no querían cumplir la orden judicial.

En un determinado momento fuimos informados, sin ninguna vergüenza por parte de ellos, que estaban siguiendo una orientación de Moro, relató el diputado petista, quien señaló que además de estar de vacaciones fuera del país, Moro no tiene ninguna jurisdicción para cuestionar la decisión de un juez de una instancia superior.

Quedó claro que Moro, el delegado de la PF y el Ministerio Público Federal ( MPF) actuaron de forma organizada para que la decisión proferida por el juez Rogerio Favreto, quien ordenó esta mañana la liberación de Lula, ‘no fuese cumplida’.

Favreto, magistrado de guardia en el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), acató un habeas corpus presentado el viernes último por Damous, Pimenta y Paulo Teixeira, también diputado del PT, quienes al reclamar la excarcelación de Lula remarcaron que no habría fundamentado jurídico para mantenerlo encarcelado.

Horas después, el juez federal Joao Pedro Gebran Neto, de la propia corte de apelaciones de Porto Alegre, revocó la decisión de su colega.

Relator de los procesos de la operación anticorrupción Lava Jato en el TRF-4, Gebran Neto determinó que la PF debería ‘abstenerse de practicar cualquier acto que modifique la decisión colegiada’ de la octava sala de esa corte, que condenó a Lula a 12 años y un mes de cárcel.

De acuerdo con el portal de noticias Paraná, Gebran Neto alegó que la decisión proferida por Favreto ‘podría ser revista por mí, juez natural para este proceso, en cualquier momento’.

Dijo además que el habeas corpus fue presentado por los tres diputados federales petistas, quienes no tienen representación válida sobre el exdignatario, preso político desde hace más de tres meses en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba.

Lula es víctima del “lawfare”

La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva acusó hoy al juez federal Sergio Moro de intervenir estratégicamente para impedir la liberación del expresidente brasileño, ordenada esta mañana por el juez Rogerio Favreto.

Moro y el Ministerio Público Federal (MPF) ‘actuaron una vez más como un bloque monolítico contra la libertad de Lula, mostrando que no hay separación entre la actuación del magistrado y el órgano de acusación’, indicó en una nota el abogado defensor Cristiano Zanin Martins.

Semejante actuación, subrayó, confirma que Lula es víctima de la práctica del ‘ lawfare’, que consiste en el abuso y en la mala utilización de las leyes y de los procedimientos jurídicos para fines de persecución política.

La defensa anunció además que usará todos los medios legalmente previstos, tanto en los procedimientos judiciales en curso en Brasil, como en el que tramita ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, para reforzar que el exdignatario sufre una violación permanentemente de su derecho a un juzgamiento justo, imparcial e independiente.

Además, que la ejecución anticipada de la condena, lo cual afronta la Constitución de la República, es incompatible con el Estado de Derecho, remarca el texto.

“¡Lula libre ahora!” se podía leer en la cuenta de Twitter del exmandatario, con un link hacia un artículo de su sitio con el título “El TRF4 determina el fin de la prisión ilegal de Lula”.

¿Otro revés de Moro?

Figura icónica de la lucha anticorrupción en Brasil, Sergio Moro ha tenido varios reveses en las últimas semanas con la liberación el pasado 26 de junio de José Dirceu, el que fue el hombre fuerte del gobierno de Lula, por orden del Supremo Tribunal Federal (STF) y la absolución reciente por la misma corte de Gleisi Hoffmann, también acusada de corrupción.

Los abogados del expresidente, de 72 años, consideran que Lula debe seguir en libertad hasta que se agoten todos los recursos, pero el STF decidió en abril aplicar una jurisprudencia que estipula que todo condenado en segunda instancia debe ser encarcelado.

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