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Por Leonel Herrera*
El proceso judicial contra los ambientalistas de Santa Marta está llegando a su fin. La semana pasada, la Cámara Penal de San Vicente declaró parcialmente en firme el fallo absolutorio, dado por el Juzgado de Sentencia de San Vicente.
El fallo aún está pendiente para los procesados que presentaron recurso de casación contra la responsabilidad civil ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque consideran ilegal e injusta una condena civil porque fueron absueltos penalmente.
La Fiscalía General de la República (FGR) finalmente desistió de su propósito de revertir la absolución y no intentó casar la sentencia. Esto dice bien de la institución que se empeñó durante más de tres años en condenar a los líderes comunitarios o por lo menos alargar durante el mayor tiempo posible un proceso judicial ampliamente cuestionado dentro y fuera del país.
La Fiscalía pudo haber aceptado el sobreseimiento definitivo, dado por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, en octubre de 2024. Sin embargo, apeló; y la Cámara Penal de Cojutepeque le concedió el deseo de anular el juicio y hacer una nueva vista pública en otro tribunal. De esta manera dicho proceso se alargó inútilmente por casi un año más hasta septiembre de 2025, cuando el Juzgado de San Vicente absolvió nuevamente a los activistas ambientales.
No conforme con la segunda absolución, la FGR recurrió a la Cámara de San Vicente; pero ésta rechazó su petición de anular el fallo y realizar un tercer juicio. La Cámara ni siquiera admitió el escrito porque no cumplió los requerimientos mínimos.
Así, la representación fiscal malgastó tiempo y recursos públicos que pudo haber utilizado investigando verdaderos delitos de la guerra civil, empezando por las torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y masacres cometidas por el ejército gubernamental y sus grupos paramilitares contra la comunidad Santa Marta.
Pero, a pesar de todo, es positivo que la Fiscalía se dé por vencida y permita el cierre del proceso, aun cuando pudo haberlo hecho antes.
Ahora la FGR tiene la oportunidad de rectificar en otros casos de persecución política que, como el de los ambientalistas de Cabañas, están señalados de contener acusaciones inventadas, carecer de pruebas reales y no tener suficiente basamento jurídico. Uno de estos casos donde -por legalidad, justicia y humanidad- Fiscalía podría retirar la acusación y pedir el cierre del proceso es el de los veteranos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
Una reveladora investigación periodística ha mostrado la farsa montada por la Policía Nacional Civil (PNC) en este caso: un testigo falso que “estaba en dos lugares al mismo tiempo”, pruebas inventadas y varias mentiras de una cúpula policial que buscaba congraciarse con el presidente previo a la toma de posesión inconstitucional en 2024.
https://gatoencerrado.news/2025/10/15/unos-terroristas-de-carton-para-nayib-bukele/
Fiscalía podría retirar la acusación y permitir el fin de la pesadilla para una decena de veteranos militares y ex combatientes guerrilleros que podrían morir en prisión, debido a su avanzada edad y el grave estado de salud.
Otro caso donde la Fiscalía podría revertir la acusación es el de Ruth Eleonora López. La representación fiscal debería, al menos, solicitar las medidas sustitutivas a la prisión, planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las medidas cautelares otorgadas en septiembre del año pasado.
Publicaciones periodísticas también señalan vicios de legalidad en la acusación contra la abogada de derechos humanos. Uno de éstos tiene que ver con la falta del dictamen de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia requerido previamente para iniciar un proceso penal por enriquecimiento ilícito. López también fue intervenida quirúrgicamente sin informar a sus familiares y su estado de salud es desconocido.
https://www.diariocolatino.com/caso-contra-ruth-lopez-se-ha-debilitado-segun-fuentes/
La Fiscalía también debería revisar su actuación en los demás casos penales mencionados en el informe de CRISTOSAL, publicado en marzo de este año, el cual registra 86 casos de persecución política en los que hay personas encarceladas.
Varios de estos casos también están consignados en el informe sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del régimen de excepción, elaborado por un grupo de expertos de las Naciones Unidas
Así que, ojalá, los principios de legalidad, justicia y humanidad marcaran las actuaciones de la FGR. Por el bien del país, de la justicia y el desempeño de la propia Fiscalía, ojalá que así fuera.
*Periodista y activista ambiental.
