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Redacción Nacionales
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El proceso penal contra Ruth Eleonora López es “jurídicamente débil” y la acusación se ha debilitado tanto que prácticamente “ya no hay caso”, dijeron a Diario Co Latino fuentes conocedoras del proceso judicial contra la abogada de derechos humanos que lleva un año encarcelada.
“No tiene (la Fiscalía) pruebas de cometimiento de delitos y no encuentra cómo fundamentar la acusación, ni de peculado, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado de dinero, ni nada”, expresó, de manera contundente, una de las fuentes que pidieron no revelar su identidad debido a la reserva de información sobre el caso y por temor alguna represalia.
Otra fuente dijo tener conocimiento de que, incluso, “los fiscales asignados inicialmente al caso han renunciado porque no pudieron construir un caso coherente”. “(La Fiscalía) no tiene nada y ella (Ruth López) debería salir en la audiencia de instrucción, por eso (la Fiscalía) se va a quedar a postergarla durante el mayor tiempo que pueda”, manifestó.
“De entrada, la acusación (de enriquecimiento ilícito) es ilegal porque no hubo dictamen previo de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que es requisito fundamental en estos casos, según la Ley (de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos) vigente”, plantea una de las fuentes que hablaron con este medio.
La semana pasada, Diario Co Latino informó que la abogada Ruth López fue intervenida quirúrgicamente la noche del sábado 16 de mayo y dada de alta sin el debido reposo posterior a la operación de unos nódulos que se desconoce si son malignos o no. Dicha información también fue publicada por La Prensa Gráfica, en su edición impresa.
Ese mismo día, organizaciones sociales se hiciron presentes frente a la Granja Penitenciaria de Izalco, para manifestar su solidaridad con Ruth, al cumplirse un año de presión ilegal, sin saber que la defensora de los Derechos Humanos no se encontraba ahí.
En un comunicado publicado por CRISTOSAL, familiares y abogados defensores denunciaron que no fueron informados sobre las diligencias médicas realizadas a López, lo cual violenta las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, conocidas como “Reglas Nelson Mandela”, que obligan a los Estados a informar sobre la situación de salud a familiares y abogados de las personas detenidas.
Ruth Eleonora López fue capturada el 18 de mayo de 2025. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales señalan que el proceso penal en su contra constituye una criminalización y persecución judicial por su labor de denunciar injusticias y abusos de poder, defender derechos humanos y acompañar a víctimas.
El 1º de julio de 2025, la organización Amnistía Internacional declaró a López “presa de conciencia” y exigió su libertad. Y el 23 de septiembre del mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para proteger su integridad y su vida.
Entre estas medidas está la de buscar alternativas a la prisión preventiva, pero hasta esta fecha (ocho meses después) el tribunal competente se ha negado a realizar una audiencia especial para evaluar esa posibilidad. “Su situación de salud debería presionar por el otorgamiento de medidas, ella no puede seguir en prisión”, dijo una fuente.
CRISTOSAL, la organización donde Ruth López trabajaba antes de su captura, ha registrado 245 casos de criminalización y persecución política, de los cuales -al menos- 86 están encarcelados. Además, de Ruth López, destacan, entre otros casos, el también abogado Enrique Anaya, el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral Eugenio Chicas, los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz, el defensor de derechos humanos Fidel Zavala y el sindicalista Giovanni Aguirre. Este último está literalmente desaparecido en el sistema penitenciario.
