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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Ante la decisión de la nueva Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados propietarios y sus respectivos suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el fiscal general de la República, Raúl Melara; el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Saúl Baños afirmó que en El Salvador se ha roto la seguridad jurídica, porque al vivir en un país con irrespeto al Órgano Judicial se ahuyenta la inversión extranjera, los empresarios cierran y prefieren irse del país.
Indicó que cuando entró en vigencia esta administración de gobierno el 1 de junio de 2019, una de las primeras decisiones del presidente fue la supresión de las cinco secretarías del anterior Gobierno, hubo un despido masivo de trabajadores, buena parte presentó demandas de amparo ante la Sala de lo Constitucional, la que obligó al Órgano Ejecutivo a restituir en sus cargos a buena parte de los trabajadores, pagando incluso los salarios caídos, es decir, el tiempo mientras duró la suspensión del despido.
Posiblemente ese mismo caso se vuelva a repetir estos días, pues el sábado 1 de mayo entraron a trabajar las nuevas administraciones de las 262 municipalidades, y es costumbre histórica que empleados de las alcaldías son despedidos, aún cuando los ampara la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Estas personas tendrían que ampararse ante esa composición de Sala que está funcionando.
“Los diputados han querido argumentar sus acciones, pero son acciones retorcidas del derecho, estos cambios políticos afectan a los trabajadores, pensamos que los magistrados de la Sala de lo Constitucional no van a atender las necesidades de la población, sino otro tipo de lineamientos. Habrá una violación a los derechos fundamentales de las personas o lo peor, como hay cierto control de la información pública, no habrá acceso de lo que debe darse a conocer en la institucionalidad pública, los periodistas no tendrán acceso a la información”, enfatizó Baños.
Agregó que posiblemente las violaciones a los derechos humanos pasen inadvertidas, habrá una apariencia que no existen cuando si lo puede haber, sin embargo, hay muchos que celebran esos cambios institucionales porque todavía no tienen una dimensión justa y precisa, pero con esa concentración de poder se puede llegar a violentar el Estado de derecho, el cual sirve para que la arbitrariedad del funcionario no pase por encima de la población, es decir, tener una opinión diferente, expresarla, incluso disentir y contrariar una postura oficial o de un servidor público.
Para el director ejecutivo de FESPAD, uno de los riesgos al tener el control del poder, es que la comisión instalada por el gobierno para analizar la Constitución, la cual es liderada por el vicepresidente de República, Félix Ulloa, pueda presentar propuestas para cambiar la Carta Magna por otra; aunque han dicho que lo relativo al sistema democrático republicano no se van a modificar.
Pero existe la posibilidad de reformar la alternancia en el poder y que el presidente pueda mantenerse en una reelección, o también quienes están impedidos a ser jefe de Estado, es decir, sus familiares cercanos en los grados de consanguinidad establecidos en la misma Constitución.
“Ya no hay una forma de control constitucional, las propuestas que pueden surgir de esa comisión es cambiar la Constitución por una nueva, con esta concentración de poder cualquiera cercano al gobierno puede presentar una iniciativa y ser validada por la Sala de lo Constitucional, que fue ilegalmente establecida el sábado 1 de mayo en la primera sesión Legislativa, y no habrá nadie que pueda revertirlo, aunque tenga todos los visos posibles de ilegal e inconstitucionalidad”, reiteró.
Asimismo, dijo que a partir del sábado se dio un golpe de timón y pareciera que hay un acercamiento al control completo de un grupo de personas, lo cual podría derivar en el cometimiento de acciones que lindan con la ilegalidad. A criterio de FESPAD detrás de las renuncias de los magistrados de la Sala de lo Constitucional hay grandes presiones, la deposición del cargo de Aldo Cáder Camilot, y de otros, tiene un punto tácito interesante, legitima la resolución de la Sala en cuanto a que la destitución de los magistrados fue declarada inconstitucional.
