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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) puso a disposición de la población un formulario electrónico para recibir denuncias de abusos cometidos por agentes de autoridad durante el Régimen de Excepción, hasta el 27 de abril fue llenado por 206 personas, de las cuales 46 no constituían ninguna denuncia y 161 casos significó la detención de las personas.
Según el informe “Régimen de excepción, derechos ciudadanos y seguridad pública”, los hechos más denunciados son las detenciones arbitrarias, que constituyen 124 casos; seguido de allanamiento de vivienda sin orden judicial, con 56 casos, la falta de información sobre las personas detenidas que corresponden a 42 casos y 33 personas denunciaron un uso desmedido de fuerza al momento de la detención.
El 60% señaló a la Policía Nacional Civil (PNC) como la principal institución de cometer esos hechos, seguida del 33% que indicó a la PNC y Fuerza Armada actuando en conjunto, y el 7% señaló directamente a la Fuerza Armada. El principal grupo poblacional afectado por los abusos de autoridad son los jóvenes entre 19 a 30 años, seguidos por adultos de entre 31 a 59 años, respecto al sexo, el 89% son hombres y 11.18% mujeres.
En cuanto a la ubicación geográfica del lugar donde ocurrió el abuso, el departamento con más hechos reportados es San Salvador con 67 casos, seguido por la Libertad y Usulután, con 16 cada uno, y Sonsonate con 14.
El 81 % de los casos fue denunciado a FESPAD por parte de algún familiar de la víctima, el 8% por un amigo y el 6 % directamente por la víctima; el 83% de los denunciantes, es decir, 133 personas han autorizado a la institución para dar a conocer su caso conservando anónimos sus datos personales.
Muchas personas han denunciado que sus familiares fueron detenidos sin explicación, incluso con engaños, y que, aun habiendo demostrado con documentos como solvencia de la policía, constancia de trabajo, teniendo su DUI en regla, y sin tener tatuajes alusivos a pandillas, han sido detenidos bajo la acusación de asociaciones ilícitas, sin más prueba que el “criterio de sospechoso” de la autoridad responsable de la detención.
Las familias que han tenido la posibilidad de contar con un defensor privado, manifestaron que a éste les han negado el ingreso a las audiencias, las cuales se han desarrollado de manera colectiva, por lo que, no están individualizando los casos y no es posible para los acusados aportar elementos en torno a su inocencia.
De acuerdo con FESPAD, la aplicación de un Régimen de Excepción es una medida con la finalidad que la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía en circunstancias excepcionales que no pueden ser resueltas de otra manera por el Estado, se trata de una medida que suspende derechos, pero lo hace a favor de los derechos mismos. Bajo ninguna perspectiva, la aplicación de esa medida debe entenderse como una habilitación al poder público para transgredir los derechos de la ciudadanía.
Las detenciones arbitrarias se agravan considerando las reformas legales aprobadas por la Asamblea Legislativa, según las cuales, si una persona es acusada de pertenecer a las pandillas o se le acusa de ser colaboradora de las mismas, no podrá gozar de medidas sustitutivas a la detención, lo cual significa que, las personas permanecerán detenidas y continuar en la cárcel durante todo el proceso penal, aún y cuando, no hayan cometido ningún delito.
“A casi tres años del actual gobierno, el Plan Control Territorial (PCT) no pudo evitar un repunte de la violencia homicida, por lo que se acudió a una decisión extrema que implica la suspensión de derechos fundamentales para toda la ciudadanía, sin distinción alguna. Desde la perspectiva de políticas públicas, la decisión de establecer un régimen de excepción puede entenderse como, que el Ejecutivo no ha logrado responder adecuadamente a la violencia del país”, indica el estudio.
El fenómeno de las pandillas tiene una alta extensión entre el sector de la población más pobre, la juventud y las zonas de residencia más populares, por lo cual el criterio de lo que la autoridad considere “sospechoso” profundiza la estigmatización sobre estas capas sociales, erosionando aún más el frágil tejido social de las comunidades.
FESPAD consideró que el gobierno debe atender las causas estructurales de la violencia, la represión como única medida no es sostenible a mediano y largo plazo, la desarticulación de las pandillas es fundamental para reducir la violencia, pero sin cambiar las condiciones que permiten la incorporación de más jóvenes a las estructuras delictivas no hay solución posible. Para ello, son fundamentales la educación, el acceso a oportunidades laborales, distribuir la riqueza de manera justa, que permita la reconstrucción del tejido comunitario y social.
