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Samuel Amaya
@DiarioCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó a la Asamblea Legislativa una serie de propuestas de reformas para establecer el derecho a la participación ciudadana en el proceso de juezas, jueces, magistradas y magistrados de la República, para que cualquier ciudadano pueda presentar su objeción si así lo considera pertinente de un candidato a funcionario de segundo grado que no cumpla con los requisitos.
En concreto, se trata de una reforma a la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura y al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para que se pueda incorporar dentro de los procesos de elección de magistrados/as, jueces y juezas una etapa de contraloría social donde cualquier ciudadano pueda presentar una objeción en contra de un candidato/a que aspire a ser juez o magistrado.
Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD, sostuvo que esta propuesta implicaría que por causas específicas, el ciudadano pueda presentar al CNJ o a la Asamblea Legislativa, por escrito, su oposición, objeción o las tachas que tenga a una persona determinada por no cumplir los requisitos, es decir, a un funcionario de segundo grado.
En las propuestas se especifica una causal de manera general como el no cumplir con los requisitos constitucionales o legales y otras causas específicas como lo son, haberse desempeñado como funcionario durante el período del conflicto armado y dentro de una de las instituciones que fue señalada por la Comisión de la Verdad. Así también, por haber sido señalado o condenado por graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado.
“Con esto, lo que pretendemos es darle la oportunidad al ciudadano de que cuestione el cumplimiento de los requisitos”, planteó Carrillo.
A manera de ejemplo, Héctor Carrillo comentó que con la elección de magistrados suplentes que se llevó a cabo este martes en el Órgano Legislativo, “si una persona hubiese tenido conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumplía con los requisitos que señala la Constitución o nuestra legislación secundaria, hubiese podido acudir ante la Comisión Política o Junta Directiva de la Asamblea para que se investigara la existencia de este impedimento o no. Es darle una voz al ciudadano en la elección de funcionarios tan importantes como lo son los jueces, juezas, magistrados y magistradas”, comentó.
FESPAD afirmó que hizo la solicitud a todos los grupos parlamentarios para que dieran iniciativa de ley; sin embargo, solo Claudia Ortiz y Johnny Wright Sol, de VAMOS, y Nuestro Tiempo, respectivamente, dieron ingreso a la pieza.
Al respecto, la diputada Claudia Ortiz sostuvo que cuando se eligen magistrados para la Corte Suprema de Justicia, Cámaras de Segunda Instancia o jueces de Primera Instancia estos funcionarios impartirán justicia “y debe ser un requisito no solo puesto en papel, sino que también puedan comprobarse, el hecho de ser una persona con una honorabilidad notoria”.
Ortiz destacó la propuesta de FESPAD, ya que, con ello, “pretenden mejorar el proceso que ya existe para nombramiento de jueces y magistrados”. La legisladora consideró que deben haber mayores mecanismos para que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones.
De hecho, uno de los magistrados que se nombró y que fue asignado a la Sala de lo Constitucional, “como VAMOS se logró encontrar que habían señalamientos que esta persona había mantenido conversaciones con el exfiscal, Luis Martínez, pidiéndole favores para no procesar a ciertas personas, también había hecho resoluciones judiciales en las cuales avalaba o exoneraba de responsabilidad penal a violadores si se casaban con la niña que había violado y tenían hijos con ellas, estamos hablando de Ramón Iván García”, informó la diputada Ortiz.
Mientras que el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, añadió que la propuesta de FESPAD es similar a otras que su partido ha propuesto, refiriéndose a que su principal objetivo es la participación de la ciudadanía en determinar cuáles serían las personas más idóneas para la elección de funcionarios de segundo grado.
El legislador trajo a colación la elección que este martes los diputados efectuaron, en la cual, como partido afirmó que no pueden ser parte de un proceso “que está viciado” ya que argumentó que su raíz, es el primero de mayo cuando se destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ. Agregó que si votaban por la elección de estos funcionarios sería decir que avalaban lo suscitado el primero de mayo.
Concluyó que cada legislatura únicamente puede elegir un tercio de la Corte Suprema de Justicia, “cosa que ya se excedió en esta legislatura”.
La iniciativa de FESPAD será quizá archivada, ya que Nuevas Ideas no discute las propuestas de otros grupos parlamentarios, solamente lo que ellos proponen y lo que manden de CAPRES.
