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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
Hace 41 años y durante una conferencia de prensa celebrada en las instalaciones del Externado San José, miembros de los cuerpos de seguridad, vestidos de civil, fuertemente armados y con un despliegue impresionante de seguridad, extrajeron ante un sinnúmero de testigos, sometiendo un teatro operativo que implicó todo el emplazamiento del colegio más el área residencial circundante, a los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario: Enrique Álvarez Córdova, Juan Chacón, Enrique Escobar Barrera, Manuel de Jesús Franco, Humberto Mendoza y Doroteo Hernández, quienes luego de ser reducidos y trasladados a las instalaciones de la Policía de Hacienda, fueran torturados salvajemente para luego ser asesinados, abandonándolos en diferentes rumbos de la ciudad capital.
Los testigos refirieron que los operadores que secuestraron a las referidas personas, desplegaron armamento militar, equipo de comunicaciones montado en los vehículos y personales, y principalmente, una inconfundible jerga militar para comunicarse, siguiéndolos valientemente a pesar del riesgo implicado, en sus propios medios y observando como los vehículos asaltantes enfilaron hacia los principales cuarteles de la seguridad nacional: policía nacional, guardia nacional y policía de hacienda, en una clara maniobra de distracción diseñada para confundir a cualquier perseguidor.
Las posteriores investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad, hechas públicas una ves finalizado el conflicto en 1993, determinó que el organismo de seguridad estatal responsable del magnicidio fue la extinta policía de hacienda, mediante los comúnmente llamados “S2”- agentes de inteligencia de la misma – los cuales habrían planeado y ejecutado la acción una vez que confirmaran que las personas referidas se encontraban en el lugar señalado.
Cabe subrayar el que también la Comisión de la Verdad determinó que el secuestro, tortura y asesinato de estas personas cerró todo espacio de dialogo entre los sectores civiles progresistas y el estado, dejando como único camino a la guerra civil provocada por la estreches y avaricia de los sectores mas recalcitrantes del conservadurismo salvadoreño y de los militares más retrógrados que lo secuestraron.
Hay que añadir que mientras el conflicto arreciaba, el régimen mantuvo una campaña sostenida de terror, a través de los escuadrones de la muerte, secuestrando, mutilando, torturando y asesinando a ciudadanos opositores, mientras elevó su discurso de la “agresión extranjera”, y de “ser el defensor del desvalido pueblo salvadoreño”, mediante una sostenida campaña mediática de desinformación que procuro encubrir los crímenes de lesa humanidad que cometiera en sus operativos de tierra arrasada en el interior del país, y por intermedio de los biris(masacre del Sumpul, El Calabozo, Las Hojas, Santa Elena, etcétera/CIDH, ONU, otros).
Una ves concluido el conflicto armado y celebradas las formalidades por ambas partes, la infame amnistía fue establecida por el régimen de Alfredo Cristiani para impedir cualquier juicio y castigo de estos y demás crímenes del conflicto, sacralizando la impunidad y asegurándola tanto para los responsables intelectuales como para los ejecutores materiales, convirtiendo en el inter al país en el reino de la inmunidad para el crimen, y derivando en la sociedad que hoy padecemos.
Cada pueblo, tiene lo que merece al así permitírselo.
