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Organizaciones sociales, vecinos y familiares de víctima de abuso sexual en la comunidad Santa Marta, departamento de Cabañas denuncian que juez amaño proceso judicial para dejar en libertad al presunto culpable de nombre Oscar Hernández. Foto Diario Co Latino/Camilo Freedman.

Familiares de menor víctima de abuso sexual exigen justicia y debido proceso

Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino

Organizaciones sociales, vecinos y familiares de menor que fue víctima de abuso sexual exigen justicia y garantías del debido proceso en juicio contra Óscar Hernández, acusado del delito de violación en menor incapaz, bajo la modalidad de delito continuado.

Los familiares del menor denunciaron que durante el proceso, se dio tratamiento especial al imputado, al grado de desestimar peritajes forenses y psicológicos, que reflejaban daños a la integridad física y psíquica de la víctima.

Eladio Canales, médico mexicano y padre del menor consideró que el juicio fue “amañado” debido a varias irregularidades, ya que en el desarrollo del proceso se hizo ver como si se tratara de personas que buscaban perjudicar al imputado. “Nosotros como familia Canales Véliz no tenemos por qué perjudicar a Óscar Hernández; pero él cometió un delito, ya que abusó de mi hijo cuando tenía nueve años, quien se tuvo que ir a México a estudiar y estaba en situación de estrés postraumático e intentó suicidarse cuatro veces”, dijo Canales.

El padre de la víctima relató que en la primera audiencia, el juez desestimó las pruebas, aduciendo posible consentimiento de parte del menor de nueve años para tener relaciones sexuales con Óscar Hernández. Hernández es abogado de profesión y ha laborado en varias instituciones públicas como el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) y últimamente, en el  Centro Nacional de Registros (CNR). Según las organizaciones sociales, vecinos de Santa Marta (Cabañas) y familiares de la víctima, recibió un trato preferencial de parte de las autoridades por su historial laboral.

Este manejo irregular efectuado por el juez auxiliar, Carlos Mejía encargado del caso, hizo posible que bajo el argumento de no tener suficientes pruebas, entre ellas la falta de fechas y horas exactas de las violaciones, Hernández, para quien la Fiscalía General de la República (FGR) pedía prisión preventiva mientras continuaba el caso, gozara de libertad bajo fianza.

Canales además, externó que al acudir a la sede de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de Sensuntepeque, departamento de Cabañas a denunciar al juez por el fallo a favor del imputado, el encargado de atenderle le preguntó si su hijo tenía tendencias homosexuales.

“Con qué criterio, a qué edad se define la sexualidad de los niños; estamos indignados luchando contra este sistema judicial, pero con dignidad para seguir luchando y denunciando el caso. Estamos inconformes y no aceptamos la resolución del juez”, afirmó el padre de la víctima.

Las organizaciones sociales, vecinos de Santa Marta y la familia Canales Véliz informaron que además del menor, existen otras tres víctimas a las que Hernández habría violado, una de las cuales se suicidó y las otras dos tienen miedo a denunciar.

Ante esto los denunciantes se mostraron indignados y demandaron de las autoridades un proceso eficiente, que deduzca responsabilidades penales contra el imputado, contribuyendo así en la reparación y protección de las víctimas y la garantías de no repetición.

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