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Rodil Hernández y Nelson Rauda, extitulares de la Dirección General de Centros Penales. Foto Diario Co Latino/Cortesía

Ex directores de Centros Penales enfrentarán nuevo juicio 

Alexander Pineda
@DiarioCoLatino

La Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro anuló este viernes la sentencia que absolvió de acusaciones a Nelson Rauda y Rodil Hernández, ambos extitulares de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y ordenó que ambos sean enjuiciados nuevamente. 

La Fiscalía General de la República (FGR) había apelado la decisión del Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador de exonerar de imputaciones de presunta corrupción a los exfuncionarios, dictada el 24 de septiembre de 2019.

Hernández y Rauda fueron acusados por el Ministerio Público de los delitos de administración fraudulenta y actos arbitrarios. Según la tesis fiscal, ambos exdirectores utilizaron entre 2012 y 2014 $208,393.19 de forma arbitraria.

Nelson Rauda estuvo al frente de la DGCP entre febrero de 2012 y mayo de 2013, y Rodil Hernández de junio de 2013 a mayo de 2017.

La FGR pidió condena de nueve años de prisión para ambos, cuatro por actos arbitrarios y cinco por supuesta administración fraudulenta.

En la lectura del fallo en septiembre, la jueza argumentó que no se probó la existencia de una supuesta administración fraudulenta puesto que los exfuncionarios no dispusieron de recursos públicos, sino de fondos privados, producto de las ganancias de las tiendas penitenciarias.

Sobre los supuestos actos arbitrarios, la juzgadora determinó que ningún proceder de Rauda y Hernández “transgredió el interés público” y que estos actuaron con base a las atribuciones que les confiere la ley.

Los recursos provenientes de la administración de las tiendas penitenciarias fueron utilizados para pago de servicios de inteligencia penitenciaria, pago de salarios del personal que labora en tiendas, infraestructura y otros gastos de la operatividad de la institución, argumentó la defensa en su momento.

La representación de la FGR por su parte dijo que la defensa se basaba en que el uso de las ganancias de las tiendas que están al interior de las cárceles no estaba regulado en una ley, sino solo en un manual interno que otorga discrecionalidad a las autoridades para el uso.

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