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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El documento “Defensores/as de Derechos Humanos en El Salvador. Informe Situacional 2018-Junio 2019”, presentado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), se transforma en un llamado de atención a la institucionalidad del Estado en su conjunto, para saldar la deuda sobre el reconocimiento de la persona defensora de derechos humanos en el país.
“La aprobación de una ley y una política pública especializada que desarrolle una serie de ejes vinculados con la prevención, el respeto y la protección fortalecería el ideario necesario para que las autoridades en todos los niveles reconozcan públicamente que defender los derechos humanos no significa estar en contra o querer sabotear el trabajo de las instituciones del Estado; sino, que personas defensoras ejercen una tarea necesaria de control vertical de las instituciones del Estado, generando con ello todo un proceso de fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia”, dijeron.
La investigación de FESPAD presentó este documento, cuyo contenido es el resultado de una exploración documental y testimonial realizada a nivel nacional sobre la situación que viven las personas defensoras de derechos humanos, que sondeó los escenarios en que se desenvuelven, las situaciones críticas que enfrentar por ejercer su labor y los obstáculos que encuentran ante las diversas figuras de autoridad institucional.
Los cinco capítulos de la edición se distribuyen en el desarrollo de conceptos sobre personas defensoras de derechos humanos, el marco normativo e institucional para la protección de estas personas, la realidad de la defensa de los derechos humanos y la población LGBTI, considerado uno de los grupos más vulnerable, y el planteamiento de casos en el cual presentan cinco incidentes.
Como ha reiterado Saúl Baños, presidente Ejecutivo de FESPAD, esperan contribuir a la democracia del país con este tipo de documentos que tiene entre sus enfoque el abordaje e identificación de marcos legales, ya sean nacionales o internacionales, a fin de comprender la labor de la persona defensora en El Salvador.
Así también, para plantear la carencia de una ley para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, que se ven vulnerdos en el ejercicio de su labor, acompañada además de una política pública, para que el órgano Ejecutivo genere los lineamientos de un entorno sin violencia a este grupo de salvadoreñas o salvadoreños que protegen a sus comunidades por situaciones de vulnerabilidad en ámbitos sociales, salud, ambientales, violencia, migrantes, desplazamientos forzados, LGBTI y otros espacios.
Entre sus conclusiones señalaron la inexistencia en el país de una política pública y, mucho menos, contar con mecanismos nacionales de seguridad y protección a la integridad de su grupo familiar, cuando enfrentan la criminalización estatal y una sociedad que no tiene del todo claro la importancia de la labor de la persona defensora de derechos humanos, por lo que recomiendan legitimar su ejercicio y proteger ese derecho a defenfender derechos. “El trabajo que desarrollan las personas defensoras de derechos humanos en la defensa, protección y promoción de los derechos debe ser respaldado por el Estado, debido a que coadyuva a los intereses de este e inclusive en determinados momentos sustituye su rol. La inexistencia de un registro oficial sobre violaciones a derechos humanos de personas defensoras, y el hecho de que las instancias gubernamentales garantes de este derecho no den una respuesta efectiva a sus necesidades, genera impunidad ante eventuales violaciones a sus derechos en las que se ven expuestas por la labor que desempeñan”, manfestó.
Y aunque reconocen que todas las personas que se constituyen en defensoras de derechos humanos se encuentran expuestas a sufrir violaciones a sus derechos, las personas defensoras de población LGBTI se encuentran en una doble condición de vulnerabilidad por la discriminación y su calidad de personas defensoras, que señalaron como las más violentadas a sufrir afectaciones a sus vidas e integridad física, al citar los recientes casos de crímenes de odio que han sucedido en el país.
Asimismo, entre las recomendaciones de FESPAD al Estado salvadoreño, en cuanto a protección a las situaciones de riesgo que experimentan las personas defensoras de derechos humanos, sugieren la creación de un registro de datos que respalden su labor y crear un mecanismo de protección a fin de poder “restituir ese derecho bajo principios de respeto y confidencialidad” de estas personas.
“Fortalecer la capacitación y formación de funcionarios públicos, a la población en general y la prensa, con el fin de sensibilizar y afirmar desde un grado cognitivo la importancia y el valor del trabajo que llevan adelante tanto quienes defienden los derechos humanos, como sus organizaciones, permitirá, por una parte, la adopción de medidas que sean necesarias a fin de propiciar que las instituciones que se ven involucradas en la investigación de delitos y la garantía de derechos registren bajo la categoría de violaciones a derechos de personas defensoras aquellos casos que sean puestos a su conocimiento, incluyendo acá los de la población LGBTI; y, por otra, que toda autoridad, funcionario o servidor público se abstenga de iniciar acciones legales encaminadas a criminalizar o judicializar de manera infundada a las personas defensoras de derechos humanos, ya que el uso indebido de las instancias para fines particulares es ilegal”, puntualizaron.
