Especialista denuncia que deuda para Salud no se traduce en mejoras para la población

Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

Carolina Vásquez, economista y especialista en políticas públicas, afirmó que el Sistema Nacional de Salud enfrenta una contradicción, ya que durante los últimos años el Gobierno ha adquirido créditos y deuda de forma constante, especialmente para el área de Salud, pero ese gasto no se refleja en mejoras para los hospitales públicos, unidades de salud ni en el abastecimiento de medicamentos.

“Desde el año pasado hasta la fecha han despedido a más de 7,000 personas entre médicos, enfermeras y personal que sostiene toda la red de salud pública. Entonces, si hay desabastecimiento y reducción de personal, la pregunta es: ¿hacia dónde va ese dinero?”, cuestionó Vásquez durante un conversatorio organizado por el Frente Intercontinental.

La economista sostuvo que el presupuesto destinado a salud en el país continúa siendo reducido, contrario al discurso oficial. Indicó que actualmente representa apenas el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), cuando lo recomendado para garantizar un funcionamiento adecuado del sistema y el acceso de la población debería rondar el 6 %.

“Poniéndolo en cifras más claras, el Gobierno de El Salvador destina alrededor de 212 dólares al año por cada persona para salud. Eso es todo lo que se invierte por cada salvadoreño y salvadoreña. Es muy poco. Quienes han tenido que acudir al sistema privado saben que 212 dólares anuales no alcanzan prácticamente para nada”, explicó.

Para Vásquez, la inversión en salud por persona sigue siendo baja, a pesar de que esta administración ha manejado una de las mayores cantidades de recursos para el sector.

“Al inicio de la gestión, debido a la pandemia, hubo un gasto exagerado en salud en comparación con otros países. Fuimos de las naciones que más se endeudaron para atender la emergencia sanitaria, pero no vimos un fortalecimiento real del sistema. Lo único visible es el cascarón del Hospital El Salvador, pero no beneficios concretos para el resto de la red pública”, denunció.

La especialista también señaló que, aunque en los últimos años el Gobierno impulsó proyectos como “Creciendo Juntos Saludables”, financiado con 250 millones de dólares otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), esos recursos debían fortalecer desde 2021 la atención para mujeres y primera infancia.

“Sin embargo, quienes utilizamos el sistema público hemos visto un deterioro en la atención hacia mujeres, niños y niñas”, afirmó.

“Si no, no tendríamos brotes como el de sarampión que enfrentamos actualmente. Eso refleja que la vacunación en primera infancia presenta deficiencias”, agregó.

Vásquez también reveló que se aprobaron créditos para implementar un sistema de telemedicina en El Salvador. El primero fue autorizado en diciembre de 2023 por un monto de 77 millones de dólares, otorgados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para la primera fase del programa Doctor SV.

“El contrato establecía inversiones en plataforma tecnológica, infraestructura física y contratación de personal. Sin embargo, Doctor SV funciona desde el Hospital El Salvador; no se ha construido infraestructura nueva y se contrató a una empresa privada para emplear personal por horas y bajo servicios profesionales, precarizando las condiciones laborales de médicos y demás trabajadores”, aseguró.

“Además, los contratos y licitaciones realizados con empresas como Google para el funcionamiento de la plataforma permanecen bajo reserva, por lo que no existe acceso público a esa información”, alertó.

La economista explicó que posteriormente se aprobó otro crédito de 235 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para un programa de salud inteligente integral, el cual incluía otros 50 millones para la creación del Centro Virtual de Atención Médica.

“Es decir, sumando los 77 millones iniciales y los 235 millones posteriores, en apenas un año ya se habían aprobado más de 400 millones de dólares destinados al programa Doctor SV y a la telemedicina”, advirtió Vásquez.

A ello se suma otro préstamo de 120 millones de dólares otorgado por el BIRF para mejorar la atención en salud en El Salvador. Sin embargo, según detalló la economista, esos fondos tampoco estaban destinados a fortalecer directamente el sistema público, construir infraestructura o comprar equipos médicos, sino al expediente digital, telemedicina y fortalecimiento de la cadena de suministro.

“En mayo de 2025 ya se acumulaban más de 500 millones de dólares orientados únicamente al tema de telemedicina. Y el pasado 21 de abril se aprobaron otros 75 millones para la segunda fase de Doctor SV. En total, estamos hablando de casi 600 millones de dólares destinados a digitalización y telemedicina”, sostuvo.

“Pero en todos estos años no hemos visto la construcción de nuevas unidades de salud, compra significativa de equipos o abastecimiento de medicamentos. Y eso se refleja en la realidad que vive la población. No hay medicamentos para hipertensión ni para diabetes”, agregó.

Vásquez también se refirió al caso del doctor Rafael Aguirre, secretario general de SIMETRISSS, quien enfrenta un proceso de despido tras denunciar públicamente la escasez de medicamentos en el sistema de salud.

“Los pacientes lo viven a diario: llegan con sus recetas para enfermedades crónicas y les responden que no hay medicinas. Las personas asisten a consulta y, sin importar la enfermedad, reciben la misma respuesta: no hay”, denunció.

“¿Cómo se explica que no haya personal, equipos ni medicamentos, cuando el Gobierno ha manejado cerca de 600 millones de dólares en los últimos años? Ese dinero no se ha reflejado en el fortalecimiento del sistema público de salud”, cuestionó.

La especialista añadió que, aunque el Gobierno presenta a Doctor SV como una innovación, muchas personas que han pasado consulta señalan que únicamente reciben medicamentos básicos, como acetaminofén o clorfeniramina, y apenas para unos pocos días.

“La pregunta es: ¿quiénes se están beneficiando realmente de esta nueva modalidad de funcionamiento del sistema de salud? Porque esto representa otra forma de privatización. No significa entregar completamente el Ministerio de Salud a una empresa privada, sino ceder partes de la atención pública a compañías externas”, concluyó.