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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Después de vetar tres decretos legislativos que regulan un tratamiento integral a la pandemia en El Salvador, el presidente Bukele pide a la Asamblea Legislativa restringir los derechos de tránsito, reunión e inviolabilidad de la residencia para detener el contagio del COVID-19.
En algunas declaraciones, un colaborador jurídico de CAPRES llama a estos derechos constitucionales “pre garantías”, a pesar de la lección que sobre derechos y garantías les ha dado la Sala de lo constitucional sobre la diferencia entre derechos y garantías.
Pero uno se pregunta, ¿como se relaciona quitar derechos a la gente con el tratamiento al mayor riesgo de salud que hemos tenido en los últimos tiempos?
Muchos policías se quejan porque no les hacen la prueba, lo mismo que empleados que al sentir síntomas acuden al seguro social y que han participado en los repartos de paquetes y han estado expuestos; el personal de salud igual; entonces si a los trabajadores de primera línea ni siquiera les hacen los exámenes, cómo tendrán la medida de los contagios, ¿qué esperar si se trata de un ciudadano sin seguro social, ni ser de “primera línea” o empleado activo de Gobierno?
Además cuando tienen el resultado positivo del virus en un paciente, de verdad investigan los nexos epidemiológicos. Sin ser empleada de Gobierno se -como muchos- que no lo están haciendo; ya sea por incapacidad o porque no les importa. El hecho es que algo que los expertos señalan como muy necesario para disminuir el contagio, no lo están haciendo, y lo saben los familiares de muchos pacientes.
Otro elemento esencial como la información y la educación a la población es sustituido por una ya larga campaña de miedo, de amenazas, de confrontación. Cuando algunas personas acuden a la llamada consulta telefónica, tampoco encuentran esa orientación para actuar con confianza frente a su incertidumbre. Tres meses suficientes para que una campaña orientadora no de pánico, sería a estas alturas una palanca para afrontar las dificultades con mayor responsabilidad; eso no es lo que este Gobierno está haciendo.
Es evidente que el problema de salud por coronavirus es serio en todas partes, pero queda claro que algunos países han tenido buenos resultados con planificación y un seguimiento meticuloso de los casos. Cuba y Costa Rica están entre esos países en los que sus gobiernos se rigen más por la ciencia y están lejos de no haber sido afectados; solo Vietnam reporta cero muertes en los reportes a nivel mundial.
La famosa ampliación de la capacidad de atender con la construcción del que sería el mejor hospital del continente, el ahora llamado Hospital El Salvador, luce a mucho engaño, por el monto anunciado de su inversión, porque carece de los recursos humanos especializados y hasta se rumora que las camas son prestadas desde otros hospitales.
Estas cuestiones serían clave para confiar en que la prioridad es la salud y salvar vidas amenazadas por el coronavirus COVID-19. Muchas familias siguen el consejo de salir lo estrictamente necesario, muchos han comprendido la gravedad de los contagios, promovidos incluso por acciones poco pensadas del Gobierno como los centros de contención, las colas por los 300 dólares, las concentraciones para recibir paquetes agrícolas y de alimentos y la misma forma en que es trasladado parte del personal de salud y cuyas imágenes abundan en las redes sociales.
Pero, además, ha dejado muy claro la Sala de lo Constitucional que no se pueden aplicar cercos a todo el territorio, pero sí a partes del territorio sobre la base de estudios del Ministerio de Salud.
De modo que la petición del presidente a la Asamblea, más parece una pieza más de la cansada y desgastada campaña de querer inculpar a otros por las muertes que existan, presentarse como víctima y justificar ante sus seguidores incondicionales una campaña electoral adelantada en la que se presenta como urgido de una Asamblea y una Corte Suprema de Justicia que sea una réplica de su gabinete, al cual con mover un clic después de escribir una orden, le responden que se cumplirá.
Esta en manos de la Asamblea la respuesta al pedido presidencial, pero visto a la luz de lo que ocurre en el trato sanitario de la pandemia, nada tiene que ver suspender derechos constitucionales y darle el poder de disponer a su gusto a un gobierno que ha mostrado serias deficiencias, mala fe y sobrada demostración de culpar a otros de sus debilidades. Las garantías, se comprende están en las instancias judiciales a las que siempre tendremos derecho a recurrir cuando las autoridades violenten nuestros derechos.
