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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Transparencia Internacional (TI) dio a conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2021, donde señaló que en 2022 El Salvador podría consolidarse como una dictadura si se sigue socavando la democracia, persiguiendo voces críticas y restringiendo los derechos civiles y políticos.
El país muestra un derecho al acceso a la información cada vez más restringido y altos niveles de opacidad en el uso de fondos públicos. Se presume que altos funcionarios del gobierno participaron en esquemas de corrupción multimillonarios en la respuesta a la crisis del COVID-19 y como parte de las elecciones locales.
Varios funcionarios del actual gobierno, así como de los anteriores, fueron incluidos en la Lista Engel, publicada por Estados Unidos, acusados de corrupción y atentar contra la democracia en el país.
Según el estudio de Transparencia Internacional, es preocupante las medidas tomadas por el gobierno para socavar la independencia de las instituciones de justicia y cerrar el espacio cívico, como fue la destitución sin un debido proceso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el fiscal general.
Así como ataques públicos y promoción de leyes que atentan contra organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas independientes.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2021 clasifica 180 países y territorios, según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público, en una escala de cero como muy corruptos, a cien como muy transparentes, El Salvador ocupa la posición 115, lo que significa que ha perdido 11 puntos respecto del año 2020 cuando se ubicó en la 104.
La calificación sigue mostrando un estancamiento en la lucha contra la corrupción en el país. En esta medición desde 2012 no se superan los 40 puntos, y a dos años y medio de la gestión del presidente de la República, Nayib Bukele, se han conocido varios casos de corrupción, principalmente en la gestión de recursos por la pandemia de COVID-19, y también han tenido lugar diversos hechos que atentan contra la institucionalidad democrática, y que podrían explicar el incremento en la percepción de la corrupción en el país.
El informe detalló que con la toma de posesión de la Asamblea Legislativa en mayo de 2021 inició la cooptación de las instituciones por parte del Ejecutivo, en la primera sesión se destituyó ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y al fiscal general, imponiendo en los cargos a funcionarios afines al gobierno.
Una resolución a favor del presidente Bukele emitida por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional afines a él, fue la aceptación de la “reelección presidencial inmediata”, prohibida en la Constitución.
De igual forma, a finales del mes de agosto los diputados del partido en el gobierno reformaron la Ley de la Carrera Judicial con la que se destituyó a jueces mayores de 60 años de edad, o con 30 años de servicio.
Con la medida se removieron más de 100 jueces, nombrando en cargos a funcionarios afines al gobierno y a la CSJ impuesta, afectando así la independencia y autonomía del Órgano Judicial, lo que representa un grave retroceso en
esta materia.
Otra de las instituciones cooptadas es el Instituto de Acceso a la Información Pública. El pleno de esta institución está dominado por comisionados afines al gobierno, con lo cual se afecta su independencia y autonomía, así como el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Asimismo, el informe de Transparencia Internacional indicó que desde la toma de posesión de la Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, en el país se emprendió una persecución de organizaciones no gubernamentales, para tal fin se creó una comisión investigadora con énfasis en aquellas ONG´s que recibieron fondos públicos y donde había representación de ex funcionarios de la oposición, pero dejó de lado aquellas en las cuales hay representación de funcionarios de la actual gestión o de partidos afines al gobierno.
En el mes de noviembre de 2021, la FGR allanó las instalaciones de al menos 8 organizaciones, secuestró documentación y equipos, con lo cual se afecta el ejercicio de los derechos fundamentales como es el de asociación y expresión, además, la amenaza sobre otras organizaciones se mantiene.
A lo largo de su gestión y en diferentes oportunidades el presidente Bukele se ha referido a las organizaciones sociales
como el “enemigo interno” y constantemente las acusó de ser financiadas por Estados Unidos para afectar su labor, como una medida para controlar a las entidades no gubernamentales desde la presidencia de la República, en noviembre de 2021 se presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, con la cual pretende silenciar y desaparecer a aquellas organizaciones críticas del gobierno.
La propuesta de Ley busca que las organizaciones se alineen con las políticas del gobierno y a las que no lo hagan se les pondrá un impuesto del 40% al financiamiento proveniente del extranjero y podrían cancelar su personería jurídica.
El análisis de Transparencia Internacional alertó sobre la forma en que la corrupción facilita la violación de derechos humanos en una espiral viciosa ascendente, la erosión de derechos y libertades debilita la democracia, abre paso al autoritarismo, y éste habilita niveles más altos de corrupción.
Los países que protegen adecuadamente las libertades civiles y políticas suelen controlar mejor la corrupción, las libertades fundamentales de asociación y expresión son esenciales en la lucha por un mundo libre de corrupción.
Transparencia Internacional hizo un llamado al gobierno salvadoreño a fortalecer las medidas para la lucha contra la corrupción, fortalecer la institucionalidad, y respetar la labor de las organizaciones sociales y sus representantes.
