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EMBAJADOR DEL VATICANO EN DOMINICANA, JUZGADO POR PEDERASTÍA

Alberto Romero de Urbiztondo

Afinales de septiembre, buy cialis el Estado Vaticano ha presentado cargos criminales por abusar sexualmente de niños contra el Obispo católico Josef Wesolowski, tadalafil Nuncio (Embajador) del Vaticano en República Dominicana. Desde hacía un año la Justicia de este país caribeño había recibido denuncias de los abusos continuados que  realizaba, patient   junto con el párroco de Jucualito, Wojciech Gil, pagando o engañando a niños de escasos recursos para abusarlos sexualmente. En las investigaciones realizadas se han encontrado, en su ordenador portátil, propiedad del Vaticano, 100,000 imágenes pornográficas de varones entre 13 y 17 años, obligados a posar desnudos o a mantener relaciones sexuales entre ellos o con otros.

Cuando se descubrieron los hechos, Wesolowki fue llamado al Vaticano, donde ha vivido más de un año en libertad. Al tener inmunidad diplomática y no existir tratado de extradición entre el Vaticano y República Dominicana, la justicia de este país no ha podido juzgarlo.

Desde el 2000, el Vaticano está siendo señalado por no reconocer y encubrir los delitos de pederastia cometidos por sacerdotes y jerarcas de su iglesia, impidiendo  que sean juzgados por tribunales de los países donde cometieron los delitos. En febrero de este año, el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño, citó al Vaticano, preocupado por la falta de acciones concretas para actuar de forma decidida ante este problema que se da entre sus miembros.

Aunque es importante que, por primera vez, el Vaticano juzgue a un cargo de alto rango, sigue protegiéndolo de la justicia civil, pues le aplicará la legislación vaticana, aunque sus delitos fueron cometidos en territorio dominicano y contra ciudadanos dominicanos. Los niños y jóvenes abusados, y sus familias, no podrán ver como son juzgados y cumplen condena en República Dominicana. Su pertenencia a la jerarquía de una iglesia los hace impunes a la justicia civil. Por ello es necesario consolidar una clara separación de iglesias y Estado, sin dar ningún tipo de privilegios ni inmunidad a cualquier persona por su pertenencia a una iglesia determinada.

El carácter laico del Estado nos hace a todos iguales ante la ley. Las normas morales específicas de cada iglesia se aplican únicamente para sus miembros, pero no pueden dar inmunidad a nadie para estar por encima de las leyes de la República.

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