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Los sobrevivientes de la masacre conocida como “La Quesera” se reúnen para contar su historia y pedir justicia para más de 500 personas asesinadas por el Ejército de ese entonces. Foto Diario Co Latino/Gloria Silvia Orellana.

El turno para la justicia a víctimas de la Masacre La Quesera

Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino

“Prefiero quedarme así, (silencio) que dar mi testimonio, me agarra igual a la otra señora, no puedo hablar de eso, tenía 32 años, y perdí dos hermanos”, afirmó Ana*, que aún le asalta el dolor de ese episodio violento de su vida, registrado como Masacre de La Quesera.

“Cuando hablo de eso escucho de nuevo los gritos, las bombas y cómo veían los soldados a matar a la gente sin misericordia”, agregó.

La Masacre de La Quesera ocurrió del 21 al 31 de octubre de 1981, en un área compartida por los municipios de San Agustín, Jiquilisco y Berlín, departamento de Usulután, donde fallecieron más de quinientas personas, luego de un operativo lanzado por el Alto Mando de las Fuerzas Armadas.

El combinado de efectivos militares pertenecía a los batallones Atlacatl y Atonal, así como la Guardia Nacional, las Brigadas 5ta y 6ta de Infantería, la Fuerza Área y Defensa Civil, que atacó a la población civil de los cantones Linares, Valle Nuevo, Caulotal, Linares Montañita y La Quesera, solo del municipio de San Agustín. Mientras, el operativo militar se amplió a los cantones Las Delicias y Las Piletas, de Berlín. Y por Jiquilisco incursionaron en San Juan de Letrán, San Marcos Lempa, San Pedro y Bolívar.

Ahora, reunidos en el pequeño solar de la capilla “María Julia Hernández” y bajo la sombra de árboles de mango, este grupo de víctimas que residen en la comunidad La Limonera, cantón Sisiguayo, jurisdicción de Jiquilisco, departamento de Usulután, esperan que la reapertura de la Masacre La Quesera les garantice su turno para honrar ese derecho a la justicia.

Salvador García perdió a toda su familia el 24 de octubre, luego de la incursión de los contingentes militares que reagruparon fuerzas cuatro días antes de iniciar la masacre, operativo denominado “Tierra Arrasada”.

“Los soldados llegaron a los 40 días, después que dinamitaron el Puente de Oro. Vivíamos en La Quesera y me destruyeron mi casa de adobe y acabaron con mi familia. Una niña mía, de trece años, la desnudaron y violaron todos hasta matarla y a la otra, de seis años, la lanzaron desde el helicóptero, la encontré entre los árboles”, recordó.

Ovidio Mauricio González, de Tutela Legal “María Julia Hernández”, representa a las víctimas en el caso de la Masacre de La Quesera, que documentaron desde 1989. La llamaron “Masacre de San Juan de Letrán” y fue hasta después de la firma de los Acuerdos de Paz que pudieron dimensionar este hecho, al ser repatriadas las víctimas sobrevivientes, quienes crearon esta comunidad en el Bajo Lempa.

“Nosotros iniciamos las investigaciones y nos damos cuenta que ya habían testimonios y le llamaban La Quesera, y nosotros San Juan Letrán, pero prácticamente varios testimonios eran en común. Entonces, como Masacre de La Quesera, pedimos diligencias de exhumación de algunos restos para probar la existencia de la misma y pusimos la denuncia en el juzgado de Paz de Jiquilisco, Usulután, donde inician las diligencias en el año 2004, luego pedimos exhumación en San Agustín, por la razón que la Masacre de La Quesera se realizó en los municipios de Berlín, San Agustín y Jiquilisco”, explicó.

Sobre las expectativas, como representantes de las víctimas, González expresó que esperan que la Fiscalía General de la República solicite el expediente al Juzgado de Paz de Jiquilisco, que contiene informes sobre las exhumaciones de San Agustín y ser un enlace entre las víctimas y los fiscales asignados al caso, en la Masacre de La Quesera.

“Este grupo de víctimas podrá determinar qué harán primero, si están de acuerdo que se ubiquen nuevos lugares de exhumación y poder sacar pruebas más contundentes como las pruebas de ADN, que en aquel momento no se podía realizar, hay expectativas positivas por este grupo de fiscales y solo esperamos les permitan trabajar”, indicó.

Julio Larrama, fiscal asignado al caso, señaló el compromiso de su equipo de trabajo en la búsqueda de justicia para las víctimas, citando el desempeño que han obtenido en el caso de la Masacre de El Mozote, jurisdicción de Meanguera, Morazán y la masacre de El Sumpul, Chalatenango. “Este diálogo que estamos sosteniendo ahora es el primer paso de esta investigación y sabemos que se dieron grandes violaciones a derechos humanos. Y nosotros, poco a poco, nos hemos ido fortaleciendo y estamos en la mejor de nuestra disposición para trabajar, y solo les pedimos paciencia, pero estamos comprometidos que haya justicia y acompañados con los abogados de Tutela María Julia Hernández, como lo han hecho en El Mozote, trabajaremos con ustedes”, puntualizó.

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