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Dos días le han bastado al nuevo Gobierno liderado por el presidente Nayib Bukele, para darse cuenta de que El Salvador es un país altamente vulnerable, así quedó demostrado con los dos días de intensas lluvias iniciadas la noche del domingo pasado.
Los resultados han sido lamentables, de acuerdo a los datos preliminares, comenzando por las seis víctimas mortales, una persona desaparecida y por más de medio millar de familias damnificadas. Entre estas, doscientas familias de la Residencial Santa Lucía, municipio de Ilopango, debido a una enorme cárcava que allí se ha formado, y se ha tragado varias viviendas y esta a punto de derribar a no menos de una centena, si llegara a producirse otro temporal.
La cárcava de Santa Lucía, como ya ha sido bautizada, ha sido lo más impactante del temporal recién finalizado, no solo por el peligro real que representa para los que allí moran o moraban; sino por la espectacularización de los derrumbes, que se ha podido ver en vivo y en tiempo real gracias a las redes sociales, y los buenos vecinos que comparten sus “producciones caseras”.
Tenemos la impresión, por algunas declaraciones de algunos de los funcionarios de gobierno, que el tema de la cárcava les servirá no solo para demostrar que hay un interés en resolver el problema de raíz en la zona, sino también para ocultar sus falencias, y así atacar por lo que otros no hicieron o no pudieron hacer.
Si ocurre lo último sería un error, porque el tema de la vulnerabilidad en El Salvador es muy seria, y mal haría el Gobierno en montarse en una matriz para seguir atacando “a los mismo de siempre”, en lugar de subirse al macho -como se dice popularmente- para seguir trabajando para disminuir la vulnerabilidad.
La población no debe olvidar, por cierto, que en los gobiernos anteriores se atendieron más de 800 cárcavas, con lo que no solo se evitaron víctimas fatales, sino millonarios daños materiales.
El gobierno del presidente Bukele debe reconocer, sin decirle a la opinión pública, si no quiere, que el sistema nacional de protección civil (en minúsculas por si decide cambiarle nombre) que se montó en los gobiernos anteriores es una estructura necesaria; sobre todo para afrontar las alertas como las del fin de semana.
Esto implica que el presidente debe nombrar cuanto antes a los gobernadores; pues estos son (porque lo fueron) el enlace entre el Gobierno Central y las alcaldías del departamento, como los alcaldes lo son de las estructuras municipales de Protección Civil conformadas por las comunidades.
Las comunidades son fundamentales, pues son ellas las que operativizan toda la labor preventiva; además conocen todos los protocolos.
Tenemos la impresión de que el sistema se ha desmontado, por eso es que hubo un fallo -que pudo haber dejado resultados graves- al suspender las clases cuando los alumnos ya iban hacia su centro escolar o estaban en ellos.
Esa falencia se hubiera evitado, con la simple existencia del sistema y seguir los protocolos existentes.
Pero como no se trata de echarle la culpa a nadie de lo que no ocurrió, por buenas o malas decisiones, sino de lo que se trata es que lo ocurrido haya dejado enseñanzas y, por supuesto, un aprendizaje para trabajar en el futuro.
En primer lugar, es necesario que, además de que las nuevas autoridades se empapen del Sistema Nacional de Protección Civil, que conozcan y se empapen del Informe Nacional del Estado de los Riesgos y Vulnerabilidades que esta en los archivos de la otrora Comisión Nacional de Protección Civil.
Allí encontrará el Gobierno todo lo que tiene que saber sobre el tema de los avances; pues en los últimos diez años hubo avances importantes que han sido reconocidos por instancias serias internacionales, por lo que si pensamos con lógica, solo es de seguir avanzando.
Es decir, este Gobierno cometería un craso error si quiere comenzar de cero.
Ya hay pasos por delante, solo es cuestión de continuarlos y profundizarlos, pues de lo que se trata es de garantizarle a la población mejores condiciones de coexistencia con su medio ambiente, con políticas y acciones resilientes.
