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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“De las cuatro candidaturas (presidenciales) solo hay una que tiene un plan definido, pero el tema de la gestión integral de riesgo se toca someramente”, manifestó Rubén Quintanilla, miembro de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo (MPGR), al referir la falta de una visión integral en el desarrollo del país.
En el marco del décimo octavo aniversario de los terremotos ocurridos el 13 de enero y febrero de 2001, que provocaron la muerte de un mil 259 personas, la destrucción de alrededor de 108 mil 261 viviendas y los cuales generaron un millón 364 mil 160 personas damnificadas, la MPGR se pronunció por la aprobación de la política integral de gestión de riesgo y alentó a los candidatos presidenciales a asumir un verdadero compromiso con el tema.
Quintanilla consideró que el momento de la campaña electoral era propicio para que los candidatos pusieran más empeño y seriedad al abordar un tema estratégico para la nación.
“Los candidatos deben tomar con la seriedad que corresponde este tema, somos un país altamente vulnerable. Y solo un candidato ha tocado el tema, cuando sabemos que es una problemática delicada para el futuro inmediato y no inmediato”, expresó.
La ciudad de San Salvador sigue considerándose un punto de mayor concentración poblacional, y ante la falta de planificación y ordenamiento territorial, la convierte en un lugar de “alto riesgo”, por tanto, la MPGR demandó planes de contingencia que minimicen el riesgo y la vulnerabilidad del área, señaló Gil Pintin.
“La CEPAL estimó las pérdidas económicas de ambos terremotos del 2001 en 12 % del Producto Interno Bruto (PIB), que dejaron en evidencia la vulnerabilidad de nuestro territorio y de las familias más pobres que sufrieron un revés más cuando buena parte de la ayuda para atender la emergencia fue a parar a las cuentas bancarias del partido ARENA. Como sociedad civil organizada, pedimos a los responsables responder por este delito”, sostuvo.
Asimismo, la MPGR pidió del Ejecutivo oficializar, publicar y socializar la Política Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres, con un enfoque de Gestión Integral de Riesgos, que fue aprobado por la Comisión Nacional de Protección Civil el pasado 19 de diciembre de 2017.
En cuanto a la Ley de Gestión Riesgo, ese proceso pasa por la Asamblea Legislativa quien deberá discutirla. Y según Magdalena Cortez, de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgo (CRGR), la MPGR ha hecho varias propuestas de modificación para generarle integridad.
“La propuesta fue aprobada en 2005, pero esta carece de muchos elementos que desde la sociedad civil no se habían trabajado. Desde esa fecha la MPGR ha trabajado en temas de género, inclusión, ordenamiento territorial y organización comunitaria. Lamentablemente, las fracciones de derecha en la Asamblea Legislativa no han tomado en serio las propuestas y no han hecho ninguna discusión seria, en función de beneficiar a la población y al país”, puntualizó.
