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El Salvador no apoyó Convenio para regular violencia de género en la OIT

Yaneth Estrada
@caricheop

A pesar de tener una alerta internacional por el aumento de feminicidios, El Salvador se abstuvo de votar a favor del Convenio 190, para regular violencia de género y acoso laboral en cumbre de la OIT, realizada en Ginebra.

El Salvador tuvo la mayor tasa de feminicidios en América Latina en el 2017, según el Observatorio de Igualdad de Género de Latinoamérica y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los registros oficiales detallaron que El Salvador registra 10 homicidios de mujeres, por cada 100,000 habitantes.

Sin embargo, con 439 votos a favor, siete en contra y 30 abstenciones la OIT aprobó el Convenio 190, sobre violencia y acoso en el trabajo, y una recomendación suplementaria. En cuanto a la recomendación –que no es jurídicamente vinculante–, proporciona directrices sobre el modo de aplicar el convenio. La violencia y el acoso se definen como comportamientos, acciones o amenazas “que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico”. En el convenio aprobado se reconoce que “pueden constituir un incumplimiento o una inobservancia de los derechos humanos y poner en riesgo la igualdad de oportunidades”, a su vez, son “inaceptables para lograr un trabajo decente e incompatibles con este”.

La OIT establece que el propósito de una normativa de este tipo es proteger a trabajadores y empleados, con independencia de su situación contractual, incluidas las personas que realicen actividades capacitación, pasantías y formación profesional, los trabajadores cuyo contrato se haya rescindido, las personas que realicen labores de voluntariado o busquen trabajo y los solicitantes de empleo.

El último convenio aprobado por la OIT fue el 189, en 2011, sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. Este sobre violencia y acoso en el marco del trabajo, entrará en vigor doce meses después, de que dos estados miembros lo hayan ratificado. Se establece que los estados miembros del organismo internacional tienen la responsabilidad de promover un “entorno general de tolerancia cero” ante la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La norma reconoce, asimismo, que en los casos de violencia y acoso pueden participar terceros.

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