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Saúl Méndez
@DiarioCoLatino / Colaborador
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denunció al alcalde de San Salvador Sur, Mario Roberto Vásquez Castro, y al concejo municipal por la negativa de reincorporar a su puesto de trabajo a Sabino Antonio Ramos Cruz, sindicalista y gestor cultural de 73 años. La organización exigió su reinstalo inmediato y señaló presuntas vulneraciones a sus derechos laborales y sindicales.
Sabino Ramos Cruz permaneció más de cuatro años encarcelado bajo el régimen de excepción por presuntas agrupaciones ilícitas, pero recuperó su libertad después de demostrar su inocencia en un juicio que presentó múltiples anomalías. Organizaciones defensoras de derechos humanos han calificado el caso como una detención arbitraria. El MDT también denunció que durante su encarcelamiento sufrió torturas y un deterioro de su salud física y mental.
A Sabino, si bien quedó en libertad, se le impusieron varias medidas, como, por ejemplo, no salir del país, prohibición de cambiar de domicilio y si lo hace tiene que avisar al Tribunal, debe firmar cada 15 días y se le ha prohibido reunirse con personas que tenga alguna relación con pandillas.
La organización recordó que desde el 27 de abril ha gestionado ante el alcalde y el concejo municipal su reincorporación laboral, sin obtener una resolución favorable. Asimismo, responsabilizó a las autoridades municipales y al síndico Josué Cristian Hernández Canales, representante legal de la comuna, por las consecuencias que la falta de respuesta podría tener en la salud y las condiciones de vida del trabajador.
El MTD sostuvo que Ramos Cruz está protegido por la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor. En particular, citó el artículo 16, que establece la obligación de garantizar condiciones de empleo y estabilidad laboral para las personas mayores que deseen continuar trabajando y tengan las competencias necesarias, además de prohibir el despido basado en la edad.
La organización también cuestionó la actuación del ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, por considerar que no ha intervenido para exigir el cumplimiento de esa normativa por parte de las autoridades municipales.
Ante la falta de una solución, el MTD informó que, junto con el abogado Guillermo García, presentó una demanda contencioso administrativa de nulidad de pleno derecho y una solicitud de medida cautelar de reinstalo provisional ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Salvador, en representación de Ramos Cruz.
De acuerdo con los argumentos de la demanda, antes de su detención, Ramos Cruz se desempeñaba como servidor municipal permanente y era miembro activo de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Panchimalco (SETRAMP). La organización aseguró que el trabajador contaba con fuero sindical vigente, registrado ante el Ministerio de Trabajo.
La acción judicial señala presuntos vicios de nulidad absoluta, con fundamento en el artículo 36 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Entre los argumentos expuestos figuran la supuesta vulneración del fuero sindical y del debido proceso, por una destitución que, según la parte demandante, se habría realizado sin autorización judicial previa.
Además, la demanda invoca la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la legislación nacional y las 100 Reglas de Brasilia, al considerar que la edad de Ramos Cruz requiere una tutela judicial efectiva y una tramitación prioritaria del caso.
Otro de los puntos planteados es la afectación al mínimo vital del trabajador, debido a la pérdida de su salario y de la cobertura de seguridad social del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del sistema de pensiones. Según el MTD, esta situación pone en riesgo sus condiciones de subsistencia y el acceso a servicios de salud.
Entre sus peticiones, el Movimiento solicitó a las instancias judiciales que otorguen prioridad procesal al caso y decreten, sin audiencia previa, una medida cautelar que permita el reinstalo provisional de Ramos Cruz y la suspensión de los efectos de los actos impugnados mientras se emite una sentencia definitiva.
También pidió al Ministerio de Trabajo que vigile el cumplimiento de la legislación de protección a las personas adultas mayores y a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue de oficio la posible comisión de delitos de incumplimiento de deberes, actos arbitrarios, coacción y discriminación laboral que atribuye a las autoridades municipales.
