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El Salvador: la segunda mitad del siglo XX (IV)

Luis Armando González

Desde el punto de vista de asegurar una transmisión del mando presidencial sin fricciones graves al interior del estamento militar, el PCN cumplió su cometido. Sirvió de soporte para los triunfos electorales del teniente coronel Julio Adalberto Rivera (1962-1967), del general Fidel Sánchez Hernández (1967-1972), del coronel Arturo Armando Molina (1972-1977) y del general Carlos Humberto Romero (1977-1979). Estos procesos de recambio político estuvieron revestidos de una legitimidad constitucional –concretada en la Constitución de 1962— que, formalmente, establecía no solo el carácter republicano, democrático y representativo del Gobierno (Art. 3), sino la separación e independencia de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial (Art. 4).

Esta Constitución, preparada por una Asamblea Constituyente, convocada por el Directorio Cívico Militar, legitimó tanto el gobierno provisional de Eusebio Rodolfo Cordón (25 de enero-1 de julio de 1962) como las elecciones a las que llamó el Directorio el 28 de abril de 1962, y en las que resultó electo, al no contar con mayores oponentes, el teniente coronel Rivera. Este último, siguiendo la línea de acción iniciada por Oscar Osorio, impulsa la redacción de un texto constitucional que guarda una relación de continuidad con el de 1950.

De este modo, en lo que se refiere al régimen económico, la Constitución de 1962 establece lo siguiente: “el régimen económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano (Art. 135). Asimismo, la libertad económica y la propiedad privada están garantizadas, pero deben estar en función de los intereses de la sociedad (Art. 136 y Art. 137).

Al Estado, por su parte, se le otorgan importantes facultades para incidir en el proceso económico: nacionalizaciones y expropiaciones cuando convengan al interés social (Art. 138), administración de servicios públicos, como correos y telecomunicaciones (Art. 142) y orientar la política monetaria para mantener un desarrollo ordenado de la economía nacional (Art. 146).

En cuanto al ámbito laboral y de la seguridad social, la Constitución de 1962 reivindica el papel rector del Estado en la misma, no del mercado o de los agentes privados. “El trabajo –dice el texto constitucional— es una función social, goza de la protección del Estado y no se considerará artículo de comercio” (Art. 181). Los trabajadores tienen derecho a la huelga y los patronos al paro” (Art. 192). La protección estatal del trabajo se ejerce mediante el arbitraje y la conciliación allí donde se suscitan conflictos laborales (Art. 193), a sabiendas de que “los derechos consagrados a favor de los trabajadores son irrenunciables” (Art. 195).

En la óptica del gobierno de Rivera, la “conciliación nacional” es posible, toda vez que exista la buena voluntad para ello. Si eso no se puede lograr pacíficamente, entonces para eso está la tutela militar. Es decir, los militares se reafirman como un poder fáctico, que se erige como guardián de la ley. Esta atribución queda establecida en el Art. 112 de la Constitución de 1962 (y también en la Constitución de 1950) en el que se dice que “la Fuerza Armada está instituida para defender la integridad del territorio y la soberanía de la República, hacer cumplir la ley, mantener el orden público y garantizar los derechos constitucionales. Velará especialmente por que no se viole la norma de la alternabilidad en la Presidencia de la República”.

O sea, la vigilancia acerca del carácter constitucional o no del ejercicio del poder político corresponde a quienes lo ejercen, no a la Corte Suprema de Justicia. Y esto es así aunque se reconozca al Poder Judicial “la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucional, civil, penal, mercantil y laboral, así como en otras que determine la ley” (Art. 438) o se le reconozca la atribución de “vigilar porque se administre pronta y cumplida justicia y hacer que miembros de su seno visiten los tribunales y cárceles para evitar irregularidades” (Art. 89, numeral 7º).

En la década de los años sesenta, los militares, pues, han institucionalizado con el PCN la transmisión del mando presidencial y han legitimado formalmente su poder con la Constitución de 1962. La realidad nacional es, sin embargo, más compleja, tensa y conflictiva que el marco institucional y constitucional en el que se la quiere resguardar. En realidad, la alianza entre las familias oligárquicas, el sector empresarial industrializante y los militares –a quienes se sumaba la jerarquía eclesial—, excluía políticamente a amplios sectores de la sociedad, especialmente a las clases medias, y marginaba económicamente a la mayor parte de la población, cuyas condiciones de vida eran cada vez más precarias.

Cuando el general Sánchez Hernández releva a Rivera, en 1967, en el país y en Centroamérica ya se han incubado las semillas de una crisis que desembocará en la guerra El Salvador-Honduras, en 1969. El proyecto de modernización y desarrollo impulsado por Osorio en los años cincuenta, como ya se dijo, se insertó en un programa más amplio de industrialización fomentado por la CEPAL que comprendía a toda Centroamérica (y, en general, a América Latina), la cual debía, en ese escenario, integrarse en un Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN), que fue fundado en 1960.

En la primera mitad de esta década, “los países de la región dieron muestras de una dinámica de crecimiento económico notable. Este fenómeno respondió sin duda a la participación de la producción industrial manufacturera en el intercambio comercial… A partir de la segunda mitad de la década ese ritmo comenzó a desacelerarse y condujo a la crisis del modelo regional de integración de mercados del área centroamericana. El grado de industrialización a escala regional era en ese entonces bastante uniforme, teniendo El Salvador una proporción un poco más elevada que la de los demás países y que el promedio regional. Hacia finales de los años sesenta el desarrollo industrial de América Central mostraba desigualdades, ya que solo Nicaragua, Costa Rica y El Salvador sobrepasaban el nivel de industrialización medio”1.

Había, por tanto, una desigualdad entre las naciones de la región en el ámbito industrial, lo cual dejaba a alguna de ellas en desventaja en el comercio regional. Este era el caso de Honduras, cuyas relaciones con El Salvador se fueron deteriorando no solo por esta desigualdad económica –que era favorable para El Salvador—, sino por el flujo migratorio de salvadoreños hacia Honduras que era consecuencia de los desplazamientos de población generados por la construcción de presas y el desvío del río Lempa hacia zonas habitadas2.

Miles de salvadoreños se trasladaron hacia Honduras, país en el cual se establecieron y echaron raíces. Independientemente de la poca o mucha presión que ejercieran las familias salvadoreñas sobre la economía hondureña3, lo cierto es que los militares hondureños —encabezados por el presidente Oswaldo López Arellano— no perdieron la oportunidad para responsabilizarlas de los males económicos y sociales que afectaban a Honduras a finales de la década de los años sesenta. La violencia comenzó a golpear a los salvadoreños y salvadoreñas que vivían en Honduras –en esta violencia jugó un importante papel la autodenominada “Mancha brava”4— y la réplica en El Salvador fue la exacerbación del sentimiento nacionalista, que poco a poco se enfilaba hacia una solución militar de las diferencias con Honduras, país en el que sucedía lo mismo que en El Salvador5.

El manejo oficial y publicitario que se hizo de las eliminatorias para el mundial de fútbol “México 70” entre El Salvador y Honduras llevó al límite el sentimiento nacionalista y dio pie a que los sectores militares que dirigían ambos países se lanzaran a una guerra cuya duración fue relativamente breve (100 horas) y que dejó un saldo de unas dos mil personas muertas, heridas y desaparecidas, así como la desarticulación de la estrategia de integración regional6.

La guerra con Honduras, además de llevar al quiebre del MERCOMUN, se tradujo en El Salvador en un endurecimiento del aparato estatal-militar ante el creciente del movimiento popular organizado que tenía en la organización campesina un importante eje de articulación. Asimismo, los sectores medios más politizados habían recobrado energías y estaban dispuestos a desafiar electoralmente a los militares en las elecciones de 1972.

Al finalizar la guerra con Honduras, los militares salvadoreños se sienten vencedores y el gobierno de Sánchez Hernández abandera una visión optimista en lo social, lo económico y lo político. Hacia 1971, la definición de El Salvador manejada desde el gobierno es la de un “país en constante progreso”, en el cual “el café sigue siendo su principal rubro de exportación, su mayor fuente de divisas…, el movimiento industrial, en continuo crecimiento, es una pródiga y permanente fuente de ocupación para miles de obreros…, una notable recuperación ha obtenido El Salvador según las cifras provisionales del intercambio comercial durante 1970… [Tiene] una moneda sana… una ley de fomento industrial que favorece, con exenciones diversas y facilidades de crédito, el establecimiento de nuevas industrias… Existe ya una sensibilidad más despierta sobre el derecho que tienen la niñez y la juventud salvadoreñas a mayores y mejores oportunidades de educación… [Y] el sistema político-social se basa en principios democráticos mantenidos por el presente régimen de Gobierno. El Salvador, a estas alturas de su historia, ha superado todos los escollos políticos frecuentes en la vida de los pueblos hispanoamericanos. En la actualidad goza de una paz social que se basa e inspira en el estricto cumplimiento de las normas constitucionales y en el interés del Gobierno por elevar el nivel de vida de los habitantes”7.

1. “La modernización y la guerra con Honduras”. En Enciclopedia El Salvador 2. Barcelona, Océano, s.f., pp. 296-297.

2. Dos obras de gran impacto en las poblaciones respectivas fueron la construcción de la “Presa 5 de Noviembre” (en los departamentos Cabañas y Chalatenango), cuyos preparativos iniciaron a finales de los años cuarenta y se ejecutó a principios de los años cincuenta, la “Central Hidroeléctrica Cerrón Grande” (en los mismos departamentos, pero en diferentes lugares, y siempre sobre el río Lempa), que se comenzó a preparar a finales de los años sesenta y se realizó en los primeros años de la década de los setenta, y el lago Suchitlán (lago artificial creado en el departamento de Cuscatlán, cuando se construía la Central del Cerrón Grande).

3. A propósito de esto, el presidente Julio Adalberto Rivera y el presidente de Honduras Oswaldo López Arellano habían mantenido conversaciones, con la intervención de la ODECA, para regular la migración salvadoreña a Honduras. Como resultado de ello, ambos gobiernos suscribieron el Tratado de San Miguel, el 21 de diciembre de 1965.

4. El equivalente en El Salvador de la “Mancha brava” era la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), creada en 1961, como un grupo de apoyo para el PCN, pero que pronto evolucionó hacia la delación política y posteriormente hacia la realización de actividades paramilitares. Fue abolida en 1979, por decisión de la Junta Revolucionaria de Gobierno que derrocó al general Carlos Humberto Romero.

5. Por otro lado, entre ambos países había problemas fronterizos irresueltos desde el siglo XIX. Cfr., Universidad Dr. José Matías Delgado, Documentos y doctrinas relacionados con el problema de fronteras El Salvador-Honduras. San Salvador, Editorial Delgado, 1985.

6. Cfr., “La modernización y la guerra con Honduras”, pp. 297-299.

7. Departamento de Relaciones Públicas, Casa Presidencial, El Salvador 1971. San Salvador, 1971, pp. 1-6.

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