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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Lo que existe en el país es una medida política (Estado de Excepción), que el gobierno está implementando para mantenerse en el poder, y recordemos que está utilizando a las fuerzas armadas para esto”, señaló, Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, al evaluar la situación de los derechos humanos y las personas que se dedican a su defensa en el país.
En el Día Internacional de Personas Defensoras de DDHH, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, realizó el foro “Situación de las personas Defensoras de Derechos Humanos en Centroamérica”, para compartir experiencias y lazos de cooperación entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el primer instrumento jurídico internacional general de derechos humanos, proclamado por un grupo de Estados a nivel internacional que le da su carácter universal, y que recogió desde su concepción los derechos necesarios para la convivencia humana y el desarrollo de los pueblos.
La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) adoptó el 9 de diciembre de 1998, la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, con el fin de reconocer la defensa de estos derechos fundamentales y a quienes ejercen esta labor, desempeñando un rol de protección y que los Estados y sociedad en general deben proteger este accionar.
Sobre la situación del Estado de Excepción y las personas defensoras de derechos humanos, Mauricio González consideró que estas políticas solo demuestran “incapacidad en la investigación, en los procesos penales e para gobernar”, lo que recrudece una situación de violación a los derechos de la ciudadanía.
“Todas estas acciones las realiza mediante la fuerza militar, ni la Policía Nacional Civil (PNC) es la protagonista en materia de seguridad ciudadana, ahora es el ejército, quien tiene ese papel”, señaló.
“Se está persiguiendo el delito que hacen estas organizaciones pandilleriles, según el gobierno, pero lo que está haciendo es reproducir un ciclo de un problema, ¿Por qué?, porque cuando se persigue a la cabeza de familia, se capturan, encarcelan y dejan a los menores sin el cuido correspondiente, entonces ¿Qué va a pasar con ellos? , ¿Qué será de esos menores sin padres o madres?, solos con las abuelas, abuelos o tíos. Lo que va a suceder es que están preparando un nuevo ciclo de violencia”, sostuvo Mauricio.
Para el coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, es necesario que la población, comunidades y ciudadanía en general conozcan conceptos básicos de sus derechos humanos a efecto de poder demandar su cumplimiento y garantía de no agresión por parte de las autoridades del Estado en su conjunto en la vivencia de la democracia.
“La delincuencia no se persigue de esa manera, si es que la están persiguiendo-, nosotros encontramos que los altos jefes de las pandillas están libres o están bajo cuidados de gente que pertenece al gobierno. Y a esta información puede acceder la población con la investigación de El Faro que descubrió todo esto, y esa no es una calumnia, ese medio digital lo investigó y está allí”, afirmó.
“Y también lo ha dicho el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU), entonces, en algo se basan todos estos señalamientos, no es una mentira. Y creemos que para mantener su popularidad y que la gente crea que el garrote sirve para arreglar la situación de un país, lo está reproduciendo, eso está haciendo en el país”, manifestó.
En cuanto a las expectativas para el año 2023, Ovidio Mauricio consideró que podría darse mayor represión y más acciones de violencia gubernamental contra la población y personas defensoras de derechos humanos.
“El próximo año, es hasta posible que se cree más legislación antojadiza, como el régimen de excepción, para el control y que son acciones que no amparan realmente a muchas de las actos que el gobierno está haciendo como la captura arbitraria que no está en el régimen de excepción”, acotó.
“El artículo 11 y 12 de la Constitución en sus primeros incisos establece que no pueden capturar a ninguna persona, si no es mediante una orden escrita o capturen a alguien en situación infraganti. El estado de excepción no permite capturas arbitrarias”, dijo.
Sobre la pérdida de los derechos, el coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” añadió que no solo están violentando derechos de la libertad, también otros que están relacionados con la dignidad de las personas.
“Los derechos humanos están interrelacionados, y se violenta la libertad, estás violentando la integridad física, la vida y hasta el derecho laboral, porque mucha gente ha perdido sus empleos por estas capturas arbitrarias. Personas que fueron detenidas sin haber una investigación previa con una orden de captura por la existencia de una prueba sobre los hechos o porque encontraron a esa persona en una situación infraganti a punto de cometer los hechos delictivos”, puntualizó.
