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Rigoberto Palma
Tradicionalmente, el gobierno de Estados Unidos y las oligarquías latinoamericanas procuraron desalojar del poder a las fuerzas de izquierda y progresistas mediante la agresión política, militar y económica o con golpes de Estado. La primera modalidad la aplicaron donde la izquierda tomó el poder por la vía armada (Cuba y Nicaragua) y la segunda donde fuerzas de izquierda o progresistas ganaron elecciones, como ocurrió en El Salvador (derrocamiento de Araujo) en Guatemala (Árbenz), en Chile y en otros países.
La lógica imperial y oligárquica ha sido la siguiente: la izquierda no debe gobernar si toma el poder por la fuerza, aunque sea contra un gobierno dictatorial, pues dicho poder no surgió de un proceso electoral. Y si la izquierda gana elecciones tampoco debe gobernar porque ella es antisistema.
Esas modalidades de agresión no están descartadas hoy, pero durante la gestión de Obama surgió un nuevo esquema, que consiste en derrocar gobiernos de izquierda o progresistas utilizando mecanismos “legales” que provee el propio sistema.
El primer “golpe legal” se lo dieron a Manuel Zelaya, el segundo a Fernando Lugo y el tercero a Dilma Rousseff. Los instrumentos utilizados fueron los congresos y los órganos judiciales, aunque en el caso de Zelaya también aplicaron la fuerza militar para sacarlo del país. En ninguno de los casos los gobiernos derrocados fueron sustituidos por militares o por oligarcas, sino por políticos del sistema.
Por supuesto, para derrocar un gobierno por la “vía legal” hay que desgastarlo previamente o crear condiciones para legitimar el hecho. En el caso de Zelaya se adujo que quería reelegirse ilegalmente, a Lugo se le acusó de una matanza con la que nada tuvo que ver y a Dilma se la acusa de actos de corrupción que no cometió.
En El Salvador, tras el triunfo del FMLN en 2009 y el quiebre de la alianza de ARENA con el resto de la derecha en la Asamblea Legislativa, el imperialismo y la oligarquía se atrincheraron en la Sala de lo Constitucional, que se ha dedicado a emitir fallos contra el propio orden constitucional.
Cuatro magistrados de esa Sala han arremetido contra el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Centroamericana de Justicia, el Parlamento Centroamericano (impedimento a Funes para tomar posesión) y hasta la propia Sala de lo Constitucional, de donde sacaron a un magistrado elegido por la Asamblea Legislativa. Su más reciente fallo intenta anular a los diputados y diputadas suplentes elegidos por el voto popular.
Las sentencias de la Sala de lo Constitucional han procurado ahogar las finanzas del gobierno, debilitar a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo Electoral, afectar procesos electorales y anular decisiones de la Asamblea que no les agradan a la oligarquía. Pero el objetivo fundamental de los magistrados es crear condiciones para un “Golpe de Estado legal” contra el Órgano Ejecutivo. Ellos siguen fraguando sentencias desestabilizadoras y se reunieron con la prensa oligárquica para trazar un plan de apoyo mediático.
Sin embargo, hay dos realidades más fuertes que las intenciones de los magistrados y que el poder imperial que los sostiene. Una es la existencia del pueblo, que fue capaz de liquidar una dictadura militar de 60 años, y otra es la existencia del FMLN, el partido más fuerte y organizado del país, que cuenta con un amplio apoyo de masas, amplios vínculos internacionales y un peso decisivo en el Estado.
La correlación de fuerzas en El Salvador no es la de otros países. Por eso las aventuras de los magistrados tienen límites. Algunos de sus amigos, revestidos de analistas independientes, se lo han dicho más de una vez. Veremos si lo entienden.
